Especial para los seguidores de codigopostalrd.net
Día Internacional de la Mujer: “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”.
Las Naciones Unidas han designado el tema del Día Internacional de la Mujer (DIM), que se celebrará el 8 de marzo de 2026, como “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”.
Este tema constituye un llamado global para abordar las desigualdades persistentes, reformar los sistemas discriminatorios y acelerar el progreso hacia la justicia de género, enfatizando la necesidad de proteger y defender los derechos de las mujeres y las niñas ante el aumento de las violaciones y las reacciones negativas contra la igualdad de género.
El principal informe que fundamenta la perspectiva de la ONU sobre el Día Internacional de la Mujer 2026 es el informe del Secretario General titulado “Garantizar y Fortalecer el Acceso a la Justicia para Todas las Mujeres y las Niñas” (documento E/CN.6/2026/3), publicado antes del 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70).
Este informe destaca las deficiencias globales de los sistemas de justicia, las leyes discriminatorias y las barreras estructurales que exponen a las mujeres y las niñas a la violencia, la exclusión y la impunidad.
Revela que ningún país ha logrado la plena igualdad jurídica para las mujeres y las niñas, y que el progreso se ha estancado o retrocedido en muchas áreas debido a conflictos, retrocesos democráticos, presiones económicas y la resistencia organizada contra la igualdad de género.
A nivel mundial, las mujeres solo poseen el 64 % de los derechos legales que disfrutan los hombres, en áreas como los negocios, la familia, la movilidad, la propiedad, la seguridad, el trabajo y la jubilación.
Al ritmo actual de progreso, se necesitarán 286 años para cerrar las brechas en la protección legal, la participación económica y la autonomía corporal.
En el 54 % de los países, la violación no está legalmente tipificada con base en el consentimiento, lo que significa que estos actos podrían no ser reconocidos como delitos.
Casi 3 de cada 4 países permiten el matrimonio infantil o forzado en su legislación nacional. Además, el 44 % de los países carecen de mandatos que garanticen la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, lo que permite que las mujeres reciban un salario menor por el mismo trabajo.
La violencia sexual relacionada con los conflictos ha aumentado un 87 % en tan solo dos años, y la violación se utiliza como arma de guerra.
En 2024, 676 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 km de conflictos mortales, la cifra más alta desde la década de 1990. La violencia de género, incluido el feminicidio, a menudo queda impune debido al estigma, la culpabilización de las víctimas y las presiones comunitarias.
Las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia que los hombres en casi el 70% de los países, incluyendo costos, limitaciones de tiempo, problemas idiomáticos, desconfianza en las instituciones y discriminación interseccional basada en raza, etnia, discapacidad, orientación sexual u otros factores.
Casi el 90% de las organizaciones que abordan la violencia contra las mujeres reportan una reducción en sus servicios, y solo el 5% puede mantener sus operaciones a largo plazo.
Entre los avances se incluyen el 87% de los países que han promulgado leyes contra la violencia doméstica y más de 40 países que han fortalecido las protecciones constitucionales para las mujeres en la última década.
Desde 1970, las reformas del derecho de familia han permitido que más de 600 millones de mujeres accedan a oportunidades económicas. Sin embargo, las deficiencias en la implementación y una cultura de impunidad socavan estos avances.
El informe detalla cómo estas fallas sistémicas perjudican directamente a mujeres y niñas, exponiéndolas a discriminación, violencia y exclusión de por vida.
Por ejemplo, la falta de protección legal perpetúa la violencia de género, limita la participación económica y restringe la autonomía física.
En zonas de conflicto, las mujeres enfrentan mayores riesgos sin recursos, mientras que las normas discriminatorias silencian a las sobrevivientes y obstruyen la justicia.
La intersección de opresiones, como el racismo, la xenofobia o el capacitismo, exacerba las barreras para los grupos marginados, incluidas las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas y las personas con discapacidad.
Los impactos sociales más amplios incluyen el debilitamiento de las economías, ya que cerrar las brechas de género (por ejemplo, en el acceso digital) podría impulsar el PIB mundial en 1,5 billones de dólares y sacar a 30 millones de mujeres de la pobreza.
Las consecuencias se extienden más allá de las personas, erosionando la confianza pública en las instituciones y socavando el Estado de derecho.
A medida que los sistemas de justicia fallan a la mitad de la población, las comunidades pierden la confianza, la legitimidad se debilita y la impunidad fomenta nuevas violaciones.
Esto crea un círculo vicioso, y el aumento de los conflictos y las reacciones adversas intensifica las regresiones, mientras que las deficiencias en la aplicación de la ley permiten que persistan casos de violencia extrema como el feminicidio.
A nivel mundial, la “brecha de justicia” refleja y amplifica las presiones sociales, lo que provoca la erosión democrática y la reducción del espacio cívico.
Si no se abordan, estos problemas retrasarán generaciones el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 5 sobre igualdad de género.
El informe concluye que negar justicia a las mujeres y las niñas causa daños generalizados, acelerando las violaciones de derechos en un contexto de intensificación de las reacciones adversas y las brechas tecnológicas (por ejemplo, la violencia digital).
Destaca que las leyes por sí solas son insuficientes; los sistemas deben transformarse para garantizar la igualdad en la práctica. Se necesitan medidas urgentes y decisivas para acabar con la impunidad, defender el estado de derecho e impartir justicia para todos.
Entre las recomendaciones específicas se incluyen:
Reformar los sistemas de justicia para que estén libres de prejuicios, centrados en las sobrevivientes y alineados con las normas de derechos humanos.
Aumentar los recursos y el gasto público en reformas judiciales “diseñadas por mujeres y para mujeres”.
Eliminar las barreras estructurales, incluyendo leyes y normas sociales discriminatorias.
Proteger la educación, erradicar el matrimonio infantil y promover el liderazgo de las mujeres en la sociedad y los sistemas de justicia.
Abordar las discriminaciones interrelacionadas mediante la justicia reparadora y la recopilación de datos desglosados.
Poner fin a toda la violencia de género con tolerancia cero ante el abuso.
Realizar los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres para promover sociedades equitativas.
Esto se alinea con el énfasis del Día Internacional de la Mujer 2026 en la acción colectiva, posicionando la CSW70 (del 9 al 19 de marzo de 2026) como un momento crucial para revertir los retrocesos y promover la justicia de género.
