WASHINGTON D.C. – Lo que alguna vez fue un estatus sagrado y permanente en la democracia estadounidense, la ciudadanía, ha entrado en una fase de vulnerabilidad sin precedentes.
En el marco de su segundo mandato (2025-2026), la administración de Donald Trump ha puesto en marcha una maquinaria legal y administrativa diseñada para desmantelar los pilares del asentamiento legal en el país, transformando la naturalización en un privilegio reversible y la ciudadanía por nacimiento en una disputa constitucional.
La “Fábrica” de Denaturalización
El cambio más radical se observa en el Departamento de Justicia (DOJ). Lo que históricamente era un recurso excepcional —reservado para criminales de guerra o fraudes masivos— se ha convertido en una política de cuotas.
El gobierno ha ordenado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitir entre 100 y 200 casos mensuales para revocación de ciudadanía durante el año fiscal 2026.
Esta “industrialización” del proceso cuenta con una estrategia de descentralización clave: la tarea ya no recae en expertos especializados, sino en fiscales comunes distribuidos en 39 oficinas regionales. Bajo nuevos criterios, discrepancias menores en documentos antiguos o antecedentes penales previos están siendo utilizados como base para despojar a ciudadanos naturalizados de sus derechos.
Asalto a la 14ª Enmienda
El frente de batalla más ambicioso de Trump se libra en la Corte Suprema con el caso Trump v. Barbara. Tras firmar una orden ejecutiva en su primer día de mandato en 2025, el presidente busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento (Birthright Citizenship).
La administración argumenta que los hijos de padres indocumentados o turistas no están bajo la “jurisdicción total” de EE. UU., desafiando la interpretación histórica de la 14ª Enmienda.
En un gesto cargado de simbolismo, Trump asistió personalmente a los argumentos orales en la Corte este abril de 2026, subrayando su compromiso personal con esta redefinición del tejido social estadounidense.
De Servidores Civiles a “Defensores de la Patria”
El cambio no es solo legal, sino cultural. Dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), los oficiales de adjudicación han sido renombrados como “Homeland Defenders” (Defensores de la Patria). Este giro semántico marca la transición de una agencia de servicios a una entidad de seguridad nacional.
Además, el escrutinio ideológico se ha intensificado. Nuevas directrices permiten la denegación de residencias legales basándose en la actividad en redes sociales o la participación en protestas, bajo la premisa de detectar conductas “antiestadounidenses”.
Para académicos y abogados de inmigración, estas medidas están creando una “ciudadanía de segunda clase”, donde millones de personas que cumplieron con las reglas viven ahora bajo un estado de vigilancia y temor permanente a la revocación
