La Corte Suprema le dio una importante victoria al presidente Donald Trump el viernes en su actual guerra con el poder judicial federal, limitando el poder de los tribunales para intervenir y bloquear políticas a nivel nacional en el corto plazo mientras los jueces revisan su legalidad.
Aunque el caso estaba vinculado con la orden ejecutiva de Trump que eliminaba la ciudadanía por nacimiento, el fallo no resuelve la cuestión de si el presidente puede hacer cumplir dicha orden. Y hubo indicios de que los tribunales inferiores podrían actuar con rapidez para bloquear la política.
Pero la decisión del Tribunal Supremo implica que los estadounidenses que intenten impugnar las futuras políticas de Trump podrían tener que superar obstáculos adicionales para tener éxito. Aún está por verse cómo funcionará exactamente esto, y lo resolverán los tribunales inferiores en los próximos días.
Esto es lo que debe saber sobre la decisión del tribunal:
Victoria importante para Trump
El fallo de 6 a 3 de la Corte Suprema podría tener consecuencias de gran alcance para el segundo mandato de Trump, incluso si su orden de ciudadanía por nacimiento nunca se implementa. Esto se debe a que limitará la facultad de los tribunales para anular otras políticas en el futuro.
Presidentes de ambos partidos se han quejado durante años de las órdenes judiciales a nivel nacional, y Trump ha señalado, acertadamente, que se han emitido muchas más en su contra que contra otros presidentes en el pasado. Tribunales inferiores, por ejemplo, han utilizado las órdenes para bloquear temporalmente sus esfuerzos por deportar migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y prohibir la entrada de militares transgénero en las fuerzas armadas.
“Esta fue una decisión importante”, declaró Trump desde la Casa Blanca poco después de la emisión del fallo. El presidente describió el resultado como una “decisión asombrosa, de la que estamos muy contentos”.
Pero aún está por verse cómo se resolverán los litigios en el futuro. Las partes privadas —en el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, un grupo de mujeres embarazadas que interpusieron una demanda— aún podrían lograr que un tribunal suspenda temporalmente una póliza mediante una demanda colectiva.
Y los estados todavía podrían tener control sobre las políticas de una administración también en el corto plazo.
El tiempo de la Corte Suprema es el tiempo de Trump
Al ponerse del lado de Trump, la conservadora Corte Suprema terminó un mandato con una segunda decisión trascendental a su favor por segunda vez en dos años.
El año pasado, una mayoría de 6 a 3 dictaminó que Trump, y otros presidentes, gozan, al menos presuntamente, de inmunidad penal por acciones tomadas durante el ejercicio de sus funciones. Esta decisión le permitió a Trump evitar un juicio por cargos federales de subversión electoral pendientes en su contra.
Y desde que asumió el cargo en enero, Trump ha ganado un caso tras otro en el expediente de emergencia de la Corte Suprema. Una decisión a principios de semana que permite a Trump deportar a ciertos migrantes a países distintos de su país de origen marcó la décima vez que la corte concede una solicitud de Trump en el expediente de emergencia, aunque algunos de esos casos resultaron en victorias dispares para la administración.
El tribunal ha permitido a Trump despedir a miembros de juntas directivas de agencias independientes, retirar a los estadounidenses transgénero del servicio militar y poner fin a otras protecciones para los migrantes, incluso aquellos que están en el país legalmente.
El fallo del viernes, de la jueza Amy Coney Barrett, a quien Trump ha menospreciado a puertas cerradas , es su mayor victoria hasta el momento.
Jackson: “La anarquía ejecutiva florecerá”
Los tres liberales de la corte se distanciaron del exitoso fallo de sus colegas conservadores con duros disensos, haciendo sonar la alarma sobre cómo la decisión permitirá a Trump o a futuros presidentes aplicar políticas ilegales incluso mientras se desarrollan los desafíos legales en su contra.
La jueza Sonia Sotomayor, escribiendo para el ala liberal, dijo que la mayoría había jugado “vergonzosamente” con las “maniobras” de la administración en el caso, que ella describió como un intento de imponer una política “manifiestamente inconstitucional” al no pedir a los jueces que aprobaran la política, sino limitar el poder de los jueces federales en todo el país.
La decisión del tribunal no es nada menos que una invitación abierta para que el Gobierno eluda la Constitución. El poder ejecutivo ahora puede aplicar políticas que violan la ley y los derechos constitucionales de innumerables personas, y los tribunales federales se verán impedidos de detener sus acciones por completo, escribió.
La miembro liberal de mayor rango del tribunal tuvo la inusual decisión de leer fragmentos de su disidencia desde el estrado el viernes durante unos 20 minutos. Al hacerlo, añadió una línea no incluida en su escrito de disidencia para invocar el fallo histórico del tribunal del año pasado que otorgó a Trump amplia inmunidad ante el procesamiento penal.
“La inmunidad ejecutiva ha sufrido un revés”, declaró Sotomayor desde el estrado.
Por otra parte, en un mordaz voto disidente en solitario el viernes, la jueza Ketanji Brown Jackson pareció aumentar aún más las apuestas en el caso de la orden judicial, acusando a sus colegas conservadores de crear “una amenaza existencial al estado de derecho” al permitir que Trump “viole la Constitución”.
“No me cabe duda de que, si los jueces deben permitir que el ejecutivo actúe ilegalmente en ciertas circunstancias, como concluye hoy el tribunal, la anarquía ejecutiva proliferará, y a partir de ahí, no es difícil predecir cómo terminará todo esto”, escribió. “Con el tiempo, el poder ejecutivo se volverá completamente incontenible y nuestra querida república constitucional desaparecerá”.
Cambio a demandas colectivas
Aunque el tribunal redujo significativamente la capacidad de los adversarios legales de Trump de obtener el tipo de órdenes judiciales que bloquean o retrasan la aplicación de varias políticas a nivel nacional, los jueces conservadores dejaron sobre la mesa una vía legal clave: las demandas colectivas en las que un litigante demanda en nombre de un grupo más grande de individuos en situaciones similares para obtener alivio para todas las personas que podrían verse potencialmente afectadas por una política.
Varios grupos se movilizaron rápidamente el viernes para hacer precisamente eso.
Los grupos de derechos de los inmigrantes y las mujeres embarazadas que impugnan la orden de Trump en Maryland presionaron al juez federal que anteriormente bloqueó la política para que lo vuelva a hacer a través de una demanda colectiva.
Este tipo de litigios colectivos podría potencialmente conducir al mismo resultado que las medidas cautelares a nivel nacional, y durante los alegatos del caso, varios jueces cuestionaron la importancia de centrar la atención en las demandas colectivas. Una diferencia radica en que, por lo general, un juez debe tomar la medida adicional de considerar a quiénes debería amparar una medida cautelar.
Durante los argumentos del caso en mayo, el juez Brett Kavanaugh dijo que la diferencia podría no ser nada más que un “tecnicismo”.
«Nos preocupamos por los tecnicismos», dijo entonces. «Y todo esto podría ser un tecnicismo».
Los abogados de los demandantes de Maryland solicitaron a la jueza federal de distrito Deborah Boardman que certificara un grupo de acción colectiva a nivel nacional que incluiría a todos los niños nacidos o que nacerían después del 19 de febrero de 2025 y que se verían afectados por la orden de Trump. Presentaron una demanda actualizada que impugnaría la orden de Trump en nombre de todos esos posibles miembros del grupo.
También pidieron a Boardman, designado por el expresidente Joe Biden, una orden de emergencia que bloquearía temporalmente la orden ejecutiva de Trump para que no se aplique a los miembros de una “clase putativa” de individuos que se verían afectados por la política.
“De acuerdo con las instrucciones más recientes de la Corte Suprema, la Corte puede proteger a todos los miembros de la clase putativa del daño irreparable que la Orden Ejecutiva ilegal amenaza con infligir”, afirma la demanda.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que representa a los demandantes en otro caso sobre la orden de Trump, presentó el viernes una nueva demanda colectiva dirigida a la orden de Trump.
“Esa es una de las maneras en que las personas perjudicadas en todo el país por el esfuerzo del presidente Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento podrán obtener protección de los tribunales para este derecho fundamental estadounidense”, dijo a CNN la directora jurídica nacional de la ACLU, Cecillia Wang.
Los estados seguirán luchando
Barrett fue cuidadosa al afirmar que los partidos aún podían solicitar una compensación a nivel nacional para suspender una política si fuera necesario para abordar el daño sufrido. Ese es precisamente el argumento que casi dos docenas de estados demócratas presentaron al impugnar la política del derecho de nacimiento y, si bien la corte no lo abordó directamente, dejó un amplio margen para que los estados presentaran esa misma reclamación.
Los estados habían argumentado que necesitaban un bloqueo a nivel nacional a la política de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump porque era demasiado fácil para la gente cruzar las fronteras estatales para tener un bebé en Nueva Jersey (donde ese niño sería ciudadano) en lugar de quedarse en Pensilvania, donde podría no serlo.
Ahora, los estados probablemente volverán a un tribunal inferior y argumentarán que la política del derecho de nacimiento debería permanecer en suspenso mientras los tribunales deciden su constitucionalidad.
“Creemos que prevaleceremos y que ya hemos presentado el caso, y cuando los tribunales inferiores, bajo las instrucciones de la Corte Suprema de Estados Unidos, hagan esa revisión, aseguraremos una orden judicial a nivel nacional para brindar alivio a los estados demandantes”, dijo a los periodistas el fiscal general de California, Rob Bonta, un demócrata.
“Ahora depende de los tribunales inferiores reconsiderar si la orden judicial a nivel nacional es apropiada y necesaria para brindar un alivio completo a los estados cuyos fiscales generales demandaron para impugnar esta orden”, dijo.
Ese litigio podría eventualmente llegar hasta la Corte Suprema.
La fiscal general Pam Bondi dijo que la administración estaba “muy confiada” en que la Corte Suprema eventualmente fallaría a su favor sobre los méritos de la orden ejecutiva de Trump.
“La ciudadanía por nacimiento se decidirá en octubre, en la próxima sesión de la Corte Suprema”, predijo Bondi en la Casa Blanca.
Si bien el cronograma previsto por Bondi puede ser optimista, dado el ritmo habitual de la corte, hay una buena posibilidad de que el tema finalmente termine ante los jueces.
