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MENLO PARK – En un movimiento que ha sacudido los cimientos de la cultura laboral en Silicon Valley, Meta ha puesto en marcha la Model Capability Initiative (MCI).
Este programa consiste en la instalación de software de seguimiento en las computadoras de sus empleados en Estados Unidos, con el fin de capturar de forma quirúrgica cada interacción humana para alimentar sus modelos de inteligencia artificial.
El “aprendizaje por imitación” llevado al extremo
A diferencia de las métricas de productividad convencionales, el sistema MCI no busca medir cuánto trabajan los empleados, sino cómo lo hacen.
El software registra movimientos del mouse, clics, pulsaciones de teclas y realiza capturas de pantalla periódicas.
El objetivo es ambicioso: crear “agentes de IA” capaces de ejecutar tareas de oficina complejas. Al observar cómo un humano navega por menús desplegables en Gmail o utiliza atajos de teclado en VS Code, la IA de Meta aprende a replicar estos procesos con una precisión que los algoritmos tradicionales no alcanzan.
Privacidad y “distopía” en la oficina
A pesar de que la compañía asegura que los datos están protegidos, no se usan para evaluaciones de desempeño y solo se activan en aplicaciones laborales aprobadas, el clima interno es de alta tensión.
Entre los pasillos digitales de la empresa, el programa ya es calificado como “distópico”.
La principal preocupación de los trabajadores es la paradoja del “reemplazo”: la sensación de estar siendo obligados a entrenar a la tecnología que, eventualmente, ocupará sus puestos de trabajo.
Reestructuración y límites legales
Este despliegue no ocurre en el vacío. Meta tiene planeado recortar aproximadamente el 10% de su plantilla global (unas 8,000 personas) a partir de mayo de 2026, reafirmando su giro total hacia una estructura basada en la IA.
Por ahora, esta vigilancia granular se limita exclusivamente a Estados Unidos. En la Unión Europea, las estrictas regulaciones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y las leyes laborales locales actúan como una barrera legal que, por el momento, impide a la tecnológica aplicar este nivel de monitoreo sobre sus empleados europeos.
