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Santo Domingo, 20 de abril de 2026 – La audiencia preliminar contra los propietarios del nightclub Jet Set, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Vera, entró hoy en una fase de alta tensión en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Mientras algunas familias de las 236 víctimas del colapso del techo ocurrido el 8 de abril de 2025 decidieron retirar sus querellas particulares, otros querellantes y el Ministerio Público mantuvieron la presión para que el caso avance a juicio de fondo, con un intenso debate sobre si los hechos configuran homicidio involuntario o dolo eventual.
El colapso de la estructura del techo durante un concierto en la discoteca Jet Set, ubicado en la capital dominicana, dejó además más de 180 heridos y se convirtió en una de las tragedias más mortales de la historia moderna del país. El suceso desató un año de duelo nacional, vigilias y reclamos de justicia que se reactivaron con fuerza justo en el primer aniversario de la tragedia.
La audiencia, presidida por el juez Raymundo Mejía Zorrilla en la Primera Sala de la Instrucción del Distrito Nacional, se trasladó a una sala más amplia debido a la gran concurrencia. En la sesión de este lunes, los querellantes —principalmente representantes de familiares de víctimas— presentaron sus conclusiones. Al menos nueve de ellos (y posiblemente entre 15 y 20 en total durante las sesiones) formalizaron el retiro de sus acciones civiles y querellas particulares contra los hermanos Espaillat y la empresa Inversiones EIL SRL, alegando “falta de interés”. Entre los abogados que anunciaron los retiros figuran Nolberto Rondón, Ángel Lockward y Carlos Escalante, en representación de familias como las de Brian Saldaña y Brea de los Santos.
El Ministerio Público mantiene la calificación de homicidio involuntario e lesiones involuntarias (artículo 319 del Código Penal), argumentando negligencia grave: modificaciones estructurales no autorizadas en el techo durante años, advertencias internas ignoradas —incluidos chats y audios sobre el deterioro—, ausencia de mantenimiento e inspecciones adecuadas y la decisión de mantener el local abierto pese a los riesgos conocidos, todo supuestamente para reducir costos. El expediente acusatorio de 156 páginas resume estas fallas con evidencia técnica y comunicaciones internas.
Sin embargo, varios querellantes y el movimiento Justicia Jet Set exigieron reclasificar los hechos como homicidio voluntario con dolo eventual (artículo 295), al considerar que los propietarios tenían pleno conocimiento de los peligros previsibles —incluso una advertencia recibida apenas 49 minutos antes del colapso—. De prosperar esta tesis, las penas podrían superar los 20 años de prisión, frente a un máximo de alrededor de dos años en la calificación actual.
El juez decidió suspender la audiencia y la recesó para los próximos días —posiblemente el 27 de abril— a fin de que la defensa y los terceros civiles presenten sus conclusiones. Todavía no se ha emitido el auto de apertura a juicio de fondo ni de no ha lugar.
Fuera del tribunal se vivieron escenas de alta emotividad: protestas con cánticos de “¡asesinos!” y hasta “feliz cumpleaños” irónico en alusión al aniversario. El caso ha reabierto el trauma colectivo y ha puesto bajo escrutinio a las autoridades de obras públicas, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y los organismos reguladores de locales de entretenimiento.
Los hermanos Espaillat permanecen en libertad bajo medidas cautelares tras pagar una fianza de alrededor de 50 millones de pesos. Aunque algunos querellantes han alcanzado acuerdos privados que reducen su exposición civil, el proceso penal sigue intacto y con más de 100 querellas aún activas junto a la acusación del Ministerio Público.
Analistas consideran que, dada la voluminosa evidencia presentada, es altamente probable que el caso avance a juicio de fondo. De confirmarse, el proceso podría establecer precedentes importantes sobre responsabilidad en fallos estructurales, seguridad en venues nocturnos y las obligaciones de mantenimiento en establecimientos públicos.
Mientras las familias de las víctimas continúan exigiendo “justicia”, el país observa con atención las próximas sesiones. La audiencia preliminar no define culpabilidad, pero sí decidirá si los dueños del Jet Set enfrentarán un juicio completo por una de las mayores tragedias que ha vivido la República Dominicana en décadas.
