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La citación emitida por la Junta Central Electoral (JCE) a la Fuerza del Pueblo (FP) el 1 de diciembre de 2025, tras la “Marcha del Pueblo” realizada el 30 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, ha generado un debate significativo en el ámbito político dominicano.
Esta acción se interpreta como un intento de la JCE por regular estrictamente las actividades iniciadas fuera del período de campaña electoral, lo que ha polarizado opiniones entre opositores y oficialistas.
El impacto principal radica en la percepción de interferencia en el derecho a la manifestación y protesta social, consagrado en la Constitución dominicana, versus la necesidad de preservar la neutralidad electoral ante las elecciones generales de 2028.
olíticamente, ha fortalecido la narrativa de la FP como víctima de “persecución” por parte de instituciones estatales alineadas con el gobierno del PRM, potenciando su visibilidad y cohesión interna.
Además, ha avivado tensiones entre partidos opositores (FP y PLD) y el oficialismo, con críticas cruzadas que podrían escalar en el Tribunal Superior Electoral.
La JCE advierte que el uso de símbolos, colores y nombre partidario en la marcha podría configurarse como proselitismo prematuro, violando la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
En caso de incumplimiento, se aplicaría el artículo 308, numerales 4 y 5, de la Ley Electoral, con multas de hasta 200 salarios mínimos (aproximadamente RD$1.6 millones).
Si hay desacato, el Pleno de la JCE autorizaría a la Unidad de Sanciones Electorales y Medidas Cautelares a iniciar un procedimiento sancionador bajo las Leyes 33-18 (Partidos Políticos) y 20-23, incluyendo suspensiones o restricciones a actividades futuras.
La FP ha ganado momentum, al posicionarse como defensora de libertades cívicas, lo que podría traducirse en un “beneficio político” al galvanizar a su base y atraer simpatizantes descontentos con el gobierno.
Por otro lado, legisladores del PRM han calificado la marcha como un “exceso de democracia” y “caravana política desesperada”, lo que intensifica la confrontación opositora-oficialista.
No se reportan consecuencias judiciales inmediatas, pero analistas jurídicos destacan que la intimación plantea interrogantes sobre la independencia de la JCE y su aplicación selectiva de normas
La citación representa un precedente en la regulación de actividades partidarias en periodos no electorales, reforzando el rol fiscalizador de la JCE para evitar propaganda anticipada, pero a costa de tensiones con el derecho a la protesta.
Expertos concluyen que, aunque legalmente fundamentada, su ejecución podría ser vista como “excesiva” si no se aplica de manera equitativa (por ejemplo, la JCE también intimó al PRM por precampaña similar).
En términos políticos, el episodio concluye fortaleciendo la alianza táctica entre FP y PLD contra el PRM, al tiempo que la FP anuncia continuidad en sus manifestaciones, desafiando implícitamente la autoridad de la JCE y apostando por un “juicio público” que favorezca su imagen de resistencia.
A largo plazo, podría derivar en recursos ante el TSE, consolidando un clima de polarización preelectoral
La FP rechazó categóricamente la citación, calificándola de “infundada” y “arbitraria”, argumentando que la marcha fue una manifestación “cívica, pacífica y ciudadana” enfocada en reclamos sociales (como contra la “ineptitud” del gobierno de Luis Abinader), no en proselitismo político.
Leonel Fernández, líder de la FP, durante su discurso en la marcha, criticó duramente al PRM por “mentiras” y llamó a “empacar las maletas” para 2028, enfatizando que el evento era una “expresión del pueblo” y no una actividad partidaria formal. El partido notificó a la JCE un “acto de alguacil” contraponiendo su posición, solicitando rectificación y reafirmando su compromiso con la Constitución, al tiempo que anuncia más actividades similares sin temor a represalias
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su secretario general Johnny Pujols, condenó la citación como un “exceso” de la JCE, alertando que confirma una “tendencia preocupante” de injerencia de órganos electorales en derechos constitucionales y la autonomía partidaria, similar a fallos del TSE.
Pujols cuestionó la independencia del Ministerio Público en casos relacionados, sugiriendo sesgos institucionales contra la oposición, y defendió la marcha como un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Esta postura del PLD evidencia una convergencia con la FP, pese a rivalidades históricas, en rechazo al oficialismo
