Michael Hazim: “Pimentel y Berenice deben explicar los cambios del nuevo Código Penal y de Compras”
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La propuesta del senador Omar Fernández (Fuerza del Pueblo) busca indexar los salarios a la inflación según el artículo 327 del Código Tributario dominicano, que obliga a ajustar anualmente el tramo exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Este tramo está congelado en RD$34,685 mensuales desde 2017, pese a una inflación acumulada superior al 50%. Fernández propone elevarlo a unos RD$52,000-RD$56,999 para eximir de ISR a más de 720,000 trabajadores formales y restaurar su poder adquisitivo perdido.
La propuesta de Omar Fernández generó un debate nacional intenso en noviembre 2025, con portadas en medios y tensión en el Congreso.
FP posiciona el tema como bandera de justicia social, acusando al Gobierno de incumplir la ley desde 2017. PRM lo usa para defender su gestión macroeconómica y acusar de “populismo” a la oposición.
La posición de Omar ha generado mayor conciencia pública sobre pérdida de poder adquisitivo (canasta básica ~RD$46,716 vs. salario exento congelado).
Sindicatos y algunos empresarios amplifican presión; trabajadores formales ven esperanza de alivio fiscal, mientras Gobierno estima pérdida de recaudación que pondría en riesgo meta de déficit (4% PIB) y subsidios a 2+ millones de familias
Corto plazo, la propuesta no se incluirá en presupuesto 2026 sin reforma fiscal integral; FP podría bloquear aprobación (aunque minoría, genera ruido). Gobierno mantiene suspensión vía leyes anuales de presupuesto.
A m ediano plazo, posibles acciones legales (FP no descarta tribunales). Indexación parcial o gradual en 2026 para evitar conflicto. Aumento de presión sindical (huelgas o protestas si ignora).
Si se aprueba: +RD$1,000-2,000 mensuales netos para clase media baja; estímulo al consumo. Si no: mayor erosión salarial, posible migración informalidad, críticas a “impuesto inflacionario”.
La propuesta refuerza narrativa oposición vs. gobierno en año preelectoral. Algunos PRM admiten necesidad de reforma tributaria para compensar.
La propuesta de Omar Fernández expone una contradicción estructural: la ley obliga a proteger salarios de inflación, pero gobiernos sucesivos (incluido Abinader) la suspenden por “estabilidad fiscal”, priorizando subsidios directos sobre alivio tributario.
Las reacciones revelan una brecha ideológica clara: sindicatos y oposición ven justicia social urgente; gobierno y PRM defienden pragmatismo fiscal, aunque admiten el reclamo es válido.
El impacto mayor es político (tensión presupuestaria) y simbólico (desgaste de clase media). Sin consenso, la indexación seguirá congelada, perpetuando pérdida de ~1 canasta básica anual por trabajador. Una reforma fiscal integral emerge como única salida viable, pero requiere voluntad política que, por ahora, brilla por su ausencia. El debate, en definitiva, no es solo sobre números: es sobre quién paga el costo de la inflación en RD.
