Especial de codigopostalrd.net para Revista 110
La Operación Camaleón es una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que destapó una red de corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Involucra a Hugo Beras Goico (exdirector ejecutivo del INTRANT) y José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) como figuras centrales, junto a otros 8 implicados y 7 empresas.
El esquema consistió en manipulación de contratos públicos para semáforos inteligentes y videovigilancia en el Gran Santo Domingo, desvío de fondos, lavado de activos, sabotaje tecnológico y espionaje.
Esquema de la corrupción
Inflación de costos: Un proyecto de semáforos pasó de RD$104 millones a RD$1,200 millones (aumento de RD$1,096 millones) sin justificación técnica.
Empresas fachadas: Jochi Gómez controló Transcore Latam S.R.L. (usurpando identidad de un alemán), Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange, Aurix, etc., para adjudicaciones irregulares y monopolio en licencias de conducir (ingresos > RD$4,655 millones).
: En agosto 2024, apagaron semáforos de madrugada para presionar pagos y retener control, causando caos vial en Santo Domingo.
Lavado: Fondos desviados a bienes de lujo (villas en Cap Cana, apartamentos).
Impacto
Económico: Desfalco estimado en RD$200-1,300 millones, afectando fondos públicos para infraestructura vial.
Seguridad vial y pública: Caos en Santo Domingo (decenas de intersecciones colapsadas), riesgo de accidentes masivos y exposición de videovigilancia.
Institucional: Erosión de confianza en INTRANT y contrataciones públicas; revela vulnerabilidades tecnológicas (espionaje en elecciones COVID).
Social/político: Indignación pública; refuerza percepción de corrupción en gobiernos previos, pero destaca avances anticorrupción actual
Conclusiones
Éxito investigativo: Demuestra eficacia de PEPCA en casos complejos, con pruebas irrefutables (audios, documentos, transferencias).
Lecciones: Urge reformas en contrataciones públicas, auditorías tecnológicas y sanciones drásticas a sabotajes.
Estado actual: Proceso abierto, pero sólido para juicio oral. Si prospera, será hito anticorrupción en RD, recuperando fondos y restaurando confianza.
Advertencia: Revela cómo corrupción afecta infraestructura crítica, priorizando seguridad nacional sobre ganancias ilícitas.
Fuentes oficiales confirman avance imparable hacia justicia
