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El 6 de octubre de 2025, durante su participación en el espacio radial “La Semanal con la Prensa”, el presidente Luis Abinader defendió el manejo de la deuda pública de su administración (2020-2025), afirmando que más del 80% de los préstamos contraídos se han destinado a pagar o refinanciar compromisos heredados de gobiernos anteriores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Además, sostuvo que su gestión es la única en la historia reciente que ha reducido la deuda pública en relación al PIB, bajándola de 49.7% en agosto de 2020 a 46.9% en agosto de 2025 (2.8 puntos porcentuales).
Abinader contrastó esto con los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2012, aumento de 28.4% a 30.5%) y Danilo Medina (2012-2020, salto de 30.5% a 49.7%, o 19.2 puntos).
Estas declaraciones responden a críticas opositoras sobre el aumento neto de la deuda en unos US$18,991 millones durante su mandato, y buscan resaltar un enfoque en la “responsabilidad fiscal” pese a la herencia de déficits.
Esta afirmación se enmarca en un debate electoral previsible, donde la economía es un eje central. Abinader busca posicionar su gobierno como “el de la estabilidad”, citando datos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central.
Las respuestas fueron inmediatas y contundentes, desde figuras clave de la oposición. Ambos criticaron las cifras como “falsas” o “descontextualizadas”, basándose en datos oficiales del Ministerio de Hacienda (Dirección General de Crédito Público). Aquí un resumen comparativo:
El PRM contraatacó culpando al “mal manejo fiscal 2008-2019” (PLD) por el ciclo de endeudamiento, citando al FMI para defender la reducción deuda/PIB. En X, posts como los de @DiarioLibre y @midebate acumularon miles de vistas, con debates sobre “mentiras” vs. “herencia”.
Provocó respuestas de figuras como Leonel Fernández y Danilo Medina, escalando a un “tiradera” entre economistas.
Refuerza preocupaciones sobre sostenibilidad. La deuda total supera US$60 mil millones (51-52% PIB estimado 2025), con 36% de ingresos fiscales yendo a intereses (febrero 2025).
Analistas independientes (e.g., FMI) validan el aumento neto, aunque elogian el perfil de la deuda (más larga plazo). No hay impacto inmediato en mercados (bonos estables), pero erosiona confianza inversionista si el debate se prolonga.
Social/Mediático: Viral en X (hilos de Jiménez con >10k interacciones), con memes y hashtags como #TresMentirasAbinader. Sectores como MIPYMES y contratistas (deuda vieja RD$390 millones pendiente) usan esto para presionar por pagos.
Si las críticas ganan tracción, podría forzar recortes en gasto corriente (salarios, subsidios) o más impuestos, como la fallida reforma fiscal de 2024 (vista como “esquema Ponzi” por Toribio). A mediano plazo (2026+), riesgo de calificación crediticia si deuda/PIB no baja por debajo de 50%; FMI advierte de vulnerabilidad a shocks externos (e.g., Haití, inflación global).
Beneficia a oposición unificada (PLD-FP) en campañas, posicionando a Abinader como “endeudador irresponsable”. Podría diluir su aprobación (68% en 2021, ~50% en 2025 per encuestas).
PRM responde con énfasis en “recuperación post-pandemia”, pero pierde narrativa si datos FMI contradicen (deuda/PIB en quintil alto ALC).
Económicas/Sociales: Aumenta presión sobre presupuestos 2026; si no hay inversión (e.g., obras pendientes como Metro 2C), genera desempleo en construcción (~10% PIB). Positivo: Debate promueve transparencia, potencial para auditorías independientes.
La afirmación de Abinader busca justificar un endeudamiento neto alto como “herencia tóxica”, pero es refutada por datos oficiales que muestran ~70-75% de préstamos para gasto corriente/déficits, no refinanciamiento.
Esto revela un gobierno atrapado en un ciclo vicioso: hereda déficits del PLD, pero los agrava con bajo impacto productivo (pocas obras finalizadas).
Las reacciones de Jiménez y Toribio, ancladas en cifras del Ministerio de Hacienda, exponen inconsistencias y erosionan la credibilidad oficialista, beneficiando a la oposición en un año electoral.
En última instancia, el debate subraya la necesidad de una política fiscal transformadora: priorizar la inversión (infraestructura, MIPYMES) sobre gasto corriente, con auditorías independientes y metas claras para deuda/PIB <45% al 2030.
Sin reformas, RD arriesga estancamiento; con ellas, podría capitalizar su crecimiento (5-6% PIB anual) para equidad real. El pueblo, no los políticos, paga la cuenta—y exige números que sumen, no resten confianza.
