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La denuncia del senador Antonio Taveras Guzmán, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Santo Domingo, sobre la falta de transparencia en el proceso de modificación del Código Penal dominicano, tiene importantes implicaciones para el proceso legislativo, la confianza institucional y el discurso público en la República Dominicana.
La denuncia de Taveras destaca una supuesta violación del procedimiento legislativo, ya que argumentó que la Cámara de Diputados introdujo más de 60 modificaciones al Código Penal sin la comunicación ni distribución adecuadas a los senadores para su revisión.
Esta falta de transparencia en el proceso legislativo podría erosionar la confianza en el sistema bicameral, donde tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben colaborar por igual en la elaboración de leyes.
Como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Taveras enfatizó que el Senado fue excluido del proceso de revisión final, lo que describió como una “violación del procedimiento legislativo”. Esta exclusión podría sentar un precedente para eludir la función del Senado en decisiones legislativas cruciales, debilitando así su autoridad constitucional.
El desacuerdo público de Taveras con el proceso, sumado a su único voto en contra de la reforma del Código Penal, creó una visible división dentro del partido gobernante, el PRM.
Esto se evidenció en el tenso intercambio con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien expresó su incomodidad por la postura de Taveras.
Estos conflictos internos podrían debilitar la cohesión del partido y afectar la capacidad del PRM para presentar un frente unificado en asuntos legislativos.
La confrontación también pone de relieve las rivalidades personales y políticas, ya que Taveras había expresado previamente su interés en la presidencia del Senado, cargo que De los Santos conserva. Esta dinámica podría exacerbar las tensiones internas del partido.
El llamado de Taveras a atender las preocupaciones de grupos de mujeres, académicos, comunicadores y líderes sociales sobre el contenido del Código Penal amplió el discurso público sobre las implicaciones de la reforma, en particular en temas como el aborto, la violencia de género y la discriminación.
Su postura podría animar a los grupos de la sociedad civil, incluidas las organizaciones feministas y LGBTQIA+, a seguir abogando por reformas inclusivas.
Publicaciones en X de medios como @panorama_do y @LunaTVRD amplificaron la queja de Taveras, aumentando la conciencia pública y posiblemente impulsando a la ciudadanía a exigir una mayor rendición de cuentas en el proceso legislativo.
La denuncia de Taveras subraya la necesidad de mecanismos más sólidos para garantizar la transparencia y la inclusión en el Congreso dominicano.
Es fundamental contar con protocolos claros para la comunicación y la revisión intercámaras a fin de evitar controversias similares y mantener la integridad del proceso legislativo. Debe respetarse el papel del Senado como socio igualitario en la elaboración de leyes, tal como lo dispone la Constitución dominicana.
El reconocimiento por parte del senador de las preocupaciones de los grupos de mujeres y otras partes interesadas resalta la importancia de incorporar diversas perspectivas en las reformas legislativas.
Las futuras versiones del Código Penal deberían incluir consultas más amplias con la sociedad civil para abordar temas polémicos como el aborto, el feminicidio y la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
La disputa pública entre Taveras y de los Santos refleja las tensiones subyacentes dentro del PRM y el Senado. Para evitar una mayor fragmentación, el partido y la dirección del Congreso deben priorizar el diálogo y la reconciliación para restablecer la unidad y la confianza pública. Esto podría implicar abordar las preocupaciones de Taveras mediante investigaciones formales o reformas procesales.
La controversia en torno a las modificaciones del Código Penal podría retrasar su adopción definitiva o dar lugar a impugnaciones legales, como se vio en 2014 cuando el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de un nuevo código penal. Garantizar la transparencia e inclusión del proceso de reforma será fundamental para lograr un Código Penal moderno, justo y ampliamente aceptado.
Las acciones de Taveras, incluyendo su campaña a favor del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio para combatir la corrupción, sugieren que es un legislador proactivo dispuesto a desafiar el statu quo. Su postura sobre el Código Penal podría inspirar a otros legisladores a exigir mayor rendición de cuentas y transparencia, lo que podría transformar la cultura legislativa en la República Dominicana.
