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Competencia interna en el PLD por la candidatura presidencial de 2028 genera tensiones, disputas legales y un proceso aún abierto
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La lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la nominación presidencial de 2028, que enfrenta a figuras como Francisco Javier García, Gonzalo Castillo, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, junto a otros aspirantes, ha generado fricciones, cuestionamientos legales, realineamientos y ninguna definición clara hasta septiembre de 2026. El proceso sigue inconcluso: una consulta ciudadana no vinculante prevista para octubre enfrenta objeciones, mientras la selección formal de candidatos está restringida por la ley electoral hasta mediados o finales de 2027.
Antecedentes y principales aspirantes
En febrero de 2026, el Comité Central del PLD aprobó una lista preliminar de ocho aspirantes para un proceso interno destinado a identificar una figura de liderazgo de cara a las elecciones de mayo de 2028 (con eventual segunda vuelta en junio). Entre los incluidos figuraban Francisco Javier García, histórico estratega del partido y exministro de Turismo e Industria y Comercio; Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y candidato presidencial en 2020; Francisco Domínguez Brito, exprocurador general, senador y ministro de Medio Ambiente; y otros como Charles Mariotti, Ramón Ventura Camejo, Luis de León, Manfred Mata y Mario Bruno González.
Abel Martínez, exalcalde de Santiago y candidato presidencial del PLD en 2024, solicitó formalmente su exclusión de esa lista preliminar. Argumentó razones de principios e institucionalidad, al considerar que el proceso anticipado chocaba con las normas electorales y los estatutos partidarios. No obstante, ha mantenido una activa campaña, criticando al Gobierno, proponiendo acuerdos internos de unidad y dejando claro que competiría en primarias legales o frente a quien surja del mecanismo actual.
La inclusión de Gonzalo Castillo, tras señales previas de retiro, representó un movimiento relevante. Conserva una estructura nacional heredada de 2020 y aparece consistentemente como favorito en múltiples encuestas internas. Francisco Javier García ha insistido en la disciplina partidaria, el fortalecimiento de la estructura bajo el liderazgo de Danilo Medina y su disposición a respaldar al eventual ganador. Domínguez Brito, por su parte, ha centrado su discurso en la legalidad institucional, la transparencia y temas de justicia.
Desarrollos clave y fricciones
El partido anunció una consulta ciudadana abierta a no afiliados para el 18 de octubre de 2026, organizada por la Comisión Organizadora sobre Aspiraciones Presidenciales (CONAP). En algunos reportes se mencionó una boleta reducida a cinco nombres: García, Luis de León, Manfred Mata, Castillo y Domínguez Brito. La dirección peledeísta la ha presentado como no vinculante y orientada a medir simpatías, no a elegir formalmente al candidato.
Esta decisión provocó fuertes tensiones internas y legales. Domínguez Brito se opuso a la anticipación del proceso y pidió aclaraciones a la Junta Central Electoral (JCE). El organismo resolvió que la consulta carece de base legal conforme a las leyes electorales vigentes (incluida la 20-23 y la 33-18) y el calendario oficial, al resultar improcedente antes del inicio formal de la precampaña en julio de 2027. La JCE invocó un precedente del Tribunal Superior Electoral (TSE-0011-2025) que anuló un proceso anticipado similar del PLD por generar ventajas indebidas.
Tras el fallo, Domínguez Brito exigió reuniones urgentes de la CONAP y del Comité Político para revisar el mecanismo y evitar pasos ilegales. García defendió públicamente a la comisión y el cronograma de octubre.
En el trasfondo se observan dinámicas del llamado “danilismo”. Algunos allegados a Danilo Medina han respaldado abiertamente a García, mientras surgen interrogantes sobre el grado de apoyo a Castillo. Este último se ha mantenido firme y ha declarado que ni siquiera una eventual prisión detendría su aspiración para 2028, en medio de procesos judiciales pendientes (recibió un “no ha lugar” que fue apelado).
Las encuestas han mostrado de manera reiterada a Castillo al frente de las preferencias internas y generales por la nominación del PLD, con rangos que oscilan entre el 30 % y más del 50 % según la medición y la muestra. García suele ocupar el segundo lugar, en ocasiones acercándose. Domínguez Brito aparece más atrás, mientras Martínez conserva un porcentaje relevante en algunos sondeos, incluso fuera de la lista formal. Una porción significativa de indecisos o respuestas de “ninguno” se registra en muestras de inclinación peledeísta.
Impactos y consecuencias
La competencia ha puesto de relieve fracturas sobre el método, los tiempos, la legalidad y el liderazgo. La autoexclusión de Abel Martínez y los cuestionamientos jurídicos de Domínguez Brito contrastan con el impulso de García y otros por una consulta anticipada no vinculante. Persiste el riesgo de divisiones prolongadas o de vías paralelas (consulta temprana frente a primarias legales posteriores), lo que podría debilitar la capacidad del PLD para presentar un frente opositor unificado frente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a competidores como Fuerza del Pueblo.
En el plano institucional, las intervenciones de la JCE y el TSE han limitado la autonomía del partido para acelerar su proceso. Esto refuerza el calendario electoral formal y los principios de equidad, pero ha obligado al PLD a ajustes defensivos —subrayando el carácter no vinculante— y a debates internos que consumen energía política.
En términos de posicionamiento, el sólido caudal de Castillo en las encuestas y su estructura le otorgan impulso como posible factor de cohesión para algunos sectores. García aporta experiencia organizativa y respaldo de sectores danilistas. Martínez mantiene viabilidad mediante una actividad independiente. Domínguez Brito eleva la legalidad y la credibilidad institucional como ejes de su perfil. El arranque anticipado ha mantenido al PLD visible en el espacio opositor, pero también ha expuesto vulnerabilidades.
Más allá del partido, la contienda se desarrolla mientras el PLD intenta recuperarse de recientes reveses electorales. Una disputa interna prolongada o conflictiva podría dificultar la coordinación opositora; una figura clara que emerja de la consulta o de los procesos posteriores podría ayudar a reposicionar a la organización.
Perspectiva
Hasta finales de septiembre de 2026, la competencia no ha producido un nominado. La consulta del 18 de octubre enfrenta objeciones legales y permanece cuestionada internamente. La selección formal de candidaturas está regida por la ley y no puede concretarse hasta la ventana de precampaña de 2027, mediante primarias, convenciones o encuestas.
Danilo Medina ha señalado que el partido trabajará por quien resulte favorecido en la consulta. Abel Martínez, sin embargo, ha indicado que continuará y se medirá frente al resultado.
Hasta ahora, las principales consecuencias son una mayor polarización interna sobre el proceso y la legalidad, el reforzamiento de la supervisión electoral externa y un escenario fluido en el que Castillo concentra ventajas en las mediciones, García en la organización, Martínez en la viabilidad independiente y Domínguez Brito en el perfil institucionalista. El impacto definitivo sobre la competitividad del PLD en 2028 dependerá de si el partido logra convertir esta contienda temprana en cohesión o si las divisiones se profundizan antes de la fase legal de nominación. El proceso permanece abierto y sujeto a nuevos desarrollos jurídicos, internos y políticos.