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ASUNCIÓN. En uno de los episodios más convulsos de la historia política reciente de Paraguay, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre mientras el Congreso avanzaba con un juicio político por su responsabilidad en el colapso de Ueno Bank. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (78 votos a favor y ninguno en contra) la acusación contra el mandatario, y el proceso pasó al Senado. La renuncia quedó en suspenso por falta de quórum en la sesión conjunta, lo que impide que Peña conserve automáticamente los fueros de senador vitalicio y abre la vía para su destitución formal y eventual procesamiento en la justicia ordinaria.
El detonante fue la intervención y el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP) el 2 de noviembre y anunciado al día siguiente. El regulador detectó que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido (llegando a reportarse en torno al 5,56 % frente a un mínimo del 12 %), tras ajustes contables que revelaron graves irregularidades. La entidad, que en pocos años se convirtió en uno de los bancos más grandes del país, concentraba cerca de 2,9 a 3 millones de clientes —alrededor del 60 % de la población adulta— y manejaba aproximadamente 800 a 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades estatales.
El origen del colapso
Investigaciones del BCP y de la Fiscalía apuntan a un esquema de préstamos y sobregiros a empresas vinculadas al grupo controlador (Grupo Vázquez), en muchos casos por encima de los límites legales del 20 % del patrimonio efectivo. Los desembolsos a firmas como Grupo Hendy, Grupo M o Mowi eran transferidos casi de inmediato a otras sociedades del conglomerado para cubrir obligaciones propias, generando un circuito cerrado que aparentaba solvencia. También se detectó el uso indebido de unos 70 millones de dólares del encaje legal. Ocho altos ejecutivos fueron detenidos y al menos 27 personas imputadas por delitos que incluyen conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza y tentativa de estafa.
Peña, quien había sido accionista del holding vinculado a Ueno hasta marzo de 2025 (cuando vendió su participación), enfrenta acusaciones de conflicto de intereses, negligencia en la supervisión y direccionamiento de fondos públicos hacia la entidad. El propio Partido Colorado, liderado por su antiguo mentor Horacio Cartes, retiró el apoyo y respaldó el juicio político “para reencauzar la institucionalidad”.
Impacto y consecuencias
El congelamiento de cuentas dejó sin acceso a sus ahorros, salarios y beneficios a millones de paraguayos, incluidos jubilados. Se activó el Fondo de Garantía de Depósitos, pero la recuperación completa dependerá del proceso de resolución y de la recuperación de activos. El episodio dañó la confianza en el sistema financiero y en la imagen de Paraguay como destino de inversión, a pesar de sus calificaciones de grado de inversión. El presidente del BCP, Carlos Carvallo (vinculado previamente al entorno de Ueno), renunció en los días previos.
En las calles de Asunción se registraron protestas masivas frente al Congreso y al Palacio de López, con enfrentamientos puntuales con la policía. Los manifestantes exigían la devolución del dinero y la rendición de cuentas. Peña, en su mensaje de renuncia, pidió disculpas por no haber estado a la altura de la confianza depositada y priorizó la recuperación de los depósitos, aunque sin asumir responsabilidad plena. Confirmó que se presentará a ejercer su defensa en el Senado.
El proceso político en curso
El Senado se constituyó como tribunal y comenzó a escuchar las acusaciones. Peña permanece formalmente en el cargo mientras se resuelve el juicio (se requieren 30 de 45 votos para destituirlo). La Cámara de Diputados rechazó, en cambio, el juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana (48 votos en contra y 30 a favor). Alliana, dirigente colorado cercano a Cartes, está llamado a asumir la Presidencia y completar el mandato hasta agosto de 2028 una vez que se formalice la salida de Peña. La vacancia de la vicepresidencia deberá ser cubierta por el Congreso.
Conclusiones
El caso expone fallas profundas en la supervisión bancaria, el “puerta giratoria” entre el sector privado y la regulación, y los riesgos de los conflictos de interés en un sistema donde un banco digital creció a velocidad vertiginosa concentrando depósitos públicos y privados. Aunque el BCP sostiene que se trata de un caso aislado, la rapidez del colapso y la reacción política revelan fragilidad institucional. El desenlace del juicio político y la velocidad con la que se restituyan los fondos determinarán si Paraguay logra contener el daño social y financiero o si la crisis se profundiza.