Fuerza del Pueblo exige auditoría e investigación penal a Supérate por incorporaciones “irregulares” de 700 mil beneficiarios y más de RD$23 mil millones en bonos

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Santo Domingo, 17 de noviembre de 2026. El exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), doctor Rafael Alburquerque, encabezó este martes una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura en la que solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría especial sobre las incorporaciones, desembolsos y controles del programa Supérate, y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que investigue actuaciones que pudieran tener relevancia penal, siempre con respeto al debido proceso y sin prejuzgar responsabilidades.

Alburquerque estuvo acompañado de Fernando Caamaño (secretario de Seguridad Social de la FP y exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales), y de los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes (estos últimos, exdirectores generales de la Administradora de Subsidios Sociales —ADESS— y del Programa Solidaridad, respectivamente).

El dirigente opositor centró su cuestionamiento en la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022. Según explicó, mediante ese instrumento la dirección de Supérate dispuso unilateralmente incorporar 300 mil hogares a Aliméntate y 400 mil al Bonogás, para un total de 700 mil beneficiarios. Esa decisión, afirmó, genera un costo anual de RD$8.196 millones (aproximadamente RD$683 millones mensuales).

Alburquerque subrayó que estos hogares aún no habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el organismo que, según la normativa, tiene la facultad exclusiva de identificar y clasificar a los hogares pobres. “¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar”, expresó. Preguntó quién autorizó políticamente esas inclusiones y cómo es posible que un funcionario “viole impunemente la ley”.

El mismo patrón, sostuvo, se repite con la Resolución 071-2026 (21 de octubre de 2026) relativa al Bono Navideño, que contempla identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas marginando nuevamente al SIUBEN. Entre 2020 y 2025, según las propias autoridades, se anunciaron bonos navideños por más de RD$19.000 millones; el proyecto de Presupuesto 2027 propone otros RD$4.000 millones, lo que suma más de RD$23.000 millones.

Alburquerque, quien coordinó el Gabinete de Política Social entre 2004 y 2012 bajo el gobierno de Leonel Fernández, insistió en que la Fuerza del Pueblo no se opone a los subsidios ni a la protección social —fueron protagonistas de su creación—, sino al “uso y abuso con fines clientelares y electorales”. Acusó al PRM de haber llegado al poder “sin un verdadero plan de gobierno, pero con un ambicioso plan de negocios” y de convertir las necesidades del pueblo en “negocio político”. “La pobreza no se combate abultando discrecionalmente los padrones. La bonocracia no puede sustituir la política de protección social”, advirtió.

En el plano fiscal y de gestión pública, las denuncias elevan la presión sobre el gasto social. El gobierno reporta cerca de RD$39.000 millones en subsidios clave de alimentos, gas y electricidad, con Aliméntate cubriendo alrededor de 1,42-1,45 millones de hogares. La crítica cuestiona la focalización y la transparencia en un programa que el oficialismo presenta como motor de reducción de pobreza (de cifras cercanas al 25-26 % en 2019-2020 a rangos oficiales de 14-17 %).

Políticamente, la rueda de prensa refuerza la narrativa opositora de clientelismo a pocos días de la marcha de la Fuerza del Pueblo, anunciada para el 29 de noviembre, y de cara al ciclo electoral hacia 2028. Socialmente, si las acusaciones tienen sustento, podrían erosionar la credibilidad de un programa que el gobierno destaca por salidas de pobreza e inclusión económica (formación técnico-laboral y Ruta de Superación). Si no se confirman, debilitan la crítica opositora.

La solicitud formal —que la FP adelantó que presentará a través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos— podría abrir una auditoría de la Cámara de Cuentas y una investigación de la PEPCA. Eso obligaría a documentar autorizaciones políticas, evaluaciones del SIUBEN y la trazabilidad de los desembolsos.

El debate se intensifica sobre la frontera entre protección social legítima y “bonocracia”, en un contexto de alto costo de vida y descontento económico. Existe riesgo de polarización: el gobierno defiende la ampliación de cobertura y la depuración de padrones (personas que salen por mejora de ingresos); la oposición insiste en controles previos y transparencia.

A nivel provincial y local —incluyendo La Vega y el resto del Cibao—, la denuncia puede intensificar el escrutinio ciudadano y político sobre cómo se distribuyen los subsidios y si llegan efectivamente a hogares pobres o se diluyen en prácticas clientelares.

La rueda de prensa coloca en el centro la tensión clásica de los programas de transferencias en República Dominicana: ampliar cobertura de forma rápida versus mantener rigor técnico (SIUBEN) y evitar la captura política. Alburquerque, con legitimidad por su rol en la creación del sistema bajo gobiernos anteriores, argumenta que la expansión discrecional de 2022 y el manejo del Bono Navideño violan la lógica de focalización y crean condiciones para el uso electoral de recursos públicos.

El gobierno, por su parte, presenta cifras de reducción de pobreza, salidas del programa por mejoramiento de condiciones y una estrategia de inclusión. La resolución del conflicto dependerá de si la Cámara de Cuentas y la PEPCA actúan con independencia y de si se publican padrones, evaluaciones socioeconómicas y auditorías transparentes.

Mientras tanto, la denuncia alimenta el descontento que la Fuerza del Pueblo busca canalizar en movilizaciones y refuerza la demanda ciudadana de que los subsidios combatan la pobreza y no compren voluntades. La evidencia definitiva surgirá de las auditorías e investigaciones solicitadas, no solo de los discursos.

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