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SANTO DOMINGO. – La proliferación masiva de los juegos de azar frente a las severas deficiencias en la infraestructura escolar ha encendido nuevamente las alarmas sobre el orden de prioridades del Estado dominicano. De acuerdo con datos oficiales que han cobrado gran notoriedad en la opinión pública tras ser difundidos por la comunicadora Miralba Ruiz, el país registra actualmente más de 71,000 bancas de lotería y apuestas deportivas, una cifra que contrasta drásticamente con los apenas 7,931 centros educativos públicos catastrados para el año escolar.
Esta alarmante relación estadística —que confirma que los puntos de juego superan por nueve veces a los recintos escolares— pone de manifiesto una profunda crisis en la estructura de desarrollo social y educativo de la nación.
Un impacto directo en el tejido social y comunitario
Expertos en sociología y economía familiar coinciden en que la presencia ubicua de estos establecimientos genera una “normalización del azar” en los sectores más vulnerables. En lugar de percibir la educación formal y técnico-profesional como la vía principal para la movilidad social, se promueve la falsa expectativa de la superación económica a través de la suerte.
Este fenómeno no solo desvía recursos económicos esenciales de los presupuestos familiares —afectando la alimentación y la salud de los menores— sino que además actúa como un detonante silencioso de ludopatía en comunidades donde las opciones de recreación sana y formación técnica son prácticamente inexistentes.
Consecuencias institucionales y la respuesta legislativa
La saturación de este mercado y las constantes denuncias de federaciones de padres y organizaciones civiles han empujado al Congreso Nacional a tomar medidas drásticas. En una de las respuestas legislativas más contundentes de los últimos años, el Senado de la República aprobó una ley que congela por diez años la emisión de nuevas licencias para la instalación de bancas de lotería.
La nueva normativa penaliza estrictamente la operación de estos comercios a una distancia menor de 500 metros de escuelas, estancias infantiles, templos religiosos y centros comunitarios, buscando mitigar el impacto visual y cultural sobre los menores de edad. Sin embargo, el principal desafío radica en el desmantelamiento de miles de bancas informales que operan al margen de la ley.
Conclusión: El desafío de invertir las prioridades
La realidad expuesta en estos indicadores deja una conclusión clara para los analistas del desarrollo nacional: un país no puede cimentar su crecimiento económico en la expansión del juego informal.
Para revertir este panorama de “prioridades invertidas”, la sociedad civil y los sectores productivos demandan que el robusto crecimiento económico que exhibe la República Dominicana se traduzca de manera urgente en la modernización de las aulas, la mejora de la calidad docente y la conversión de los planteles en verdaderos ejes de transformación comunitaria, demostrando que la verdadera apuesta de futuro debe ser la educación.