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La Antigua Orden Dominicana (AOD), organización cívico-política de corte ultranacionalista fundada por Ángelo Vásquez, se ha consolidado como un actor relevante en la escena dominicana. Nacida como una idea en redes sociales a inicios de la década de 2010 y con actividad callejera más estructurada desde alrededor de 2018, el grupo se presenta como un movimiento apartidista centrado en los lemas “Dios, Patria, Libertad”, la defensa de valores tradicionales, la lucha anticorrupción y, sobre todo, la oposición frontal a la inmigración irregular haitiana, a la que denomina “haitianización”.
A diferencia de la Orden de Predicadores (orden religiosa dominicana), la AOD no es una entidad confesional. Tampoco se ha convertido plenamente en un partido político formal, aunque aparece en algunos listados de fuerzas menores y mantiene objetivos claramente políticos. Sus integrantes suelen vestir uniformes negros de estilo militar, botas de combate y banderas dominicanas. Mientras el grupo insiste en su carácter cívico, pacífico y financiado por donaciones voluntarias (incluidas criptomonedas y PayPal), críticos de medios, organizaciones de derechos humanos y analistas lo describen como neo-fascista o cripto-fascista, xenófobo y ultranacionalista. Las cifras de membresía varían: estimaciones oficiales o recientes hablan de unos 13.000 afiliados, mientras el propio movimiento afirma superar los 30.000.
Origen y contexto de su auge
La AOD creció al calor de la inestabilidad en Haití, la presión migratoria irregular, las tensiones fronterizas, las preocupaciones demográficas y la desconfianza hacia los partidos tradicionales (la llamada “partidocracia”). Organiza marchas, protestas contra planes de regularización, influencia de la ONU y ONG, medidas fiscales o fallos judiciales, además de campañas de presión en redes sociales. Políticos de distintas fuerzas han buscado su apoyo; Vásquez ha declarado que le ofrecieron candidaturas. En 2026, el comentarista Elvin Castillo instó públicamente a transformar el movimiento en un partido nacionalista para capitalizar su fuerza callejera. Hasta ahora, la organización ha preferido mantenerse independiente, aunque el debate interno sobre formalizarse existe.
Impactos en la política y la sociedad
En el discurso público, la AOD ha logrado elevar el control migratorio, la seguridad fronteriza y el rechazo a la regularización en la agenda nacional. Genera polarización: para sus seguidores llena un vacío dejado por los partidos tradicionales; para sus detractores promueve discurso de odio, xenofobia y radicalización, especialmente entre jóvenes a través de las redes. Los partidos tradicionales se ven presionados a endurecer sus posturas para no perder electorado nacionalista.
En el terreno social se han documentado interrupciones o amenazas a eventos feministas, antirracistas, pro-migrantes o culturales; denuncias de intimidación a periodistas (como Marino Zapete), escritores (Ángela Hernández, cuyas amenazas de muerte generaron condenas internacionales, incluido Noam Chomsky) y activistas, además de enfrentamientos físicos. Las autoridades han examinado su imagen militarizada. Protestas en zonas como Friusa/Punta Cana o marchas contra regularizaciones aumentan la visibilidad de los puntos de fricción migratoria, pero también elevan las tensiones comunitarias y de seguridad.
Institucionalmente, el Gobierno ha escrutado su estructura y tácticas. El grupo insiste en su legalidad y rechaza el vigilantismo (una idea temprana abandonada por riesgos jurídicos). Critica a partidos, tribunales, sectores empresariales y organismos internacionales, al tiempo que exige mayor rigor en la aplicación de la ley. Su influencia sigue siendo extraparlamentaria: poder de calle y alcance digital, sin un gran salto electoral como partido formal.
Perspectivas
El recorrido de la AOD ilustra cómo las presiones migratorias agudas, la desconfianza institucional y la movilización digital pueden dar lugar a movimientos nacionalistas que operan en una zona gris entre el activismo cívico y la política. Mantenerse apartidista preserva su credibilidad de “outsider” y su flexibilidad, pero limita el acceso directo al poder. Convertirse en partido podría institucionalizar su influencia o diluir su atractivo radical y someterlo a mayor regulación.
Hasta ahora, sus efectos se concentran en la fijación de agenda y la polarización, no en el ejercicio del gobierno. El futuro dependerá de la evolución de la crisis haitiana, las respuestas de política dominicana, los límites legales impuestos al grupo y la capacidad de la política convencional de absorber o contener sus temas. Su autodefinición como defensora de “valores antiguos” y del patriotismo de Duarte y Luperón choca frontalmente con las caracterizaciones de neo-fascismo que formulan sus críticos: ambas narrativas condicionan su recepción pública.