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Santo Domingo. – Ante la creciente polémica por la reducción de la vigencia de las licencias de conducir para adultos mayores, el dirigente de Fuerza del Pueblo Víctor Pavón planteó una solución intermedia: mantener las evaluaciones médicas obligatorias cada dos años, pero exonerar del pago la segunda validación para evitar lo que considera una “doble tributación” injusta contra la tercera edad.
La propuesta de Pavón surge en medio del amplio debate público desatado por la denuncia del magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, quien en mayo de 2026 denunció haber recibido solo dos años de vigencia al intentar renovar su licencia, en lugar de los cuatro años que esperaba. Vargas calificó la medida de discriminatoria por edad y violatoria del artículo 39 de la Constitución, que garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación.
Según el artículo 21 del Decreto 6-19, que reglamenta la Ley 63-17 de Tránsito, las licencias no profesionales (categorías 01, 02 y 05) tienen vigencia de cuatro años hasta los 65 y de solo dos años a partir de esa edad. En el caso de las licencias profesionales (03 y 04), el plazo se reduce de tres a un año. El Intrant justifica esta disposición en la necesidad de realizar evaluaciones más frecuentes —incluyendo psicotécnicos y pruebas de visión— para garantizar la seguridad vial ante posibles deterioros asociados a la edad.
Sin embargo, el costo de la renovación, que ronda los RD$1,900, permanece igual, lo que ha generado fuertes críticas por representar un “doble pago” en el mismo período en que un conductor menor de 65 años solo paga una vez.
“Exámenes sí, pero sin castigo económico”
Víctor Pavón enfatizó que el foco debe estar en la salud y la seguridad vial, no en el aspecto recaudatorio.
“Si se mantiene la obligación de renovar cada dos años por razones médicas, entonces debe exonerarse el pago de esa segunda validación. No es justo que los adultos mayores tengan que pagar dos veces en cuatro años por el mismo servicio”, expresó el dirigente.
La propuesta busca equilibrar dos objetivos: preservar las evaluaciones psicotécnicas y de aptitud física para reducir riesgos en las vías, y evitar que la medida se convierta en una carga económica adicional para un sector vulnerable.
Reacciones y panorama político
La denuncia del magistrado Vargas viralizó el tema y generó indignación entre asociaciones de adultos mayores, y diversos sectores políticos. El presidente Luis Abinader había anunciado en octubre de 2024 su intención de eliminar la restricción, aunque los ajustes legales y administrativos aún están pendientes.
Mientras algunos defienden la medida apelando a estadísticas internacionales de la OMS sobre mayores riesgos de accidentes en edades avanzadas, otros cuestionan la falta de datos locales desglosados y consideran la norma desproporcionada e inconstitucional.
Analistas consideran que la propuesta de Víctor Pavón representa una vía pragmática: mantiene la prioridad de la seguridad vial sin ignorar el principio de equidad y la protección de la dignidad de los envejecientes.
Hasta el momento, el Intrant no ha emitido una respuesta oficial a la iniciativa del dirigente de la oposición, pero el debate continúa abierto mientras miles de conductores mayores de 65 años enfrentan la próxima renovación. Se recomienda a los afectados consultar directamente con el Intrant sobre posibles actualizaciones y, de ser necesario, evaluar acciones administrativas o judiciales colectivas.