El presidente Luis Abinader dispuso, entre el 27 y 28 de febrero de 2026, una serie de ascensos, designaciones y retiros tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Independencia Nacional y la Rendición de Cuentas.

En la Policía Nacional, el mandatario oficializó cambios significativos en la alta dirección. Mediante el Decreto 111-26 (emitido previamente en febrero), el general Andrés Modesto Cruz Cruz fue ascendido al rango de mayor general y designado como nuevo director general de la institución, en sustitución del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Adicionalmente, en decisiones recientes, se aprobó una orden general de ascensos que beneficia a 9,514 miembros de la Policía, incluyendo promociones a rangos como tenientes coroneles y superiores.
El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta fue colocado en honrosa condición de retiro y designado asesor presidencial en materia policial. Asimismo, el general Juan Hilario Guzmán Badía fue nombrado rector del Instituto Policial de Educación (IPE), según el Decreto 134-26.
Paralelamente, se designaron nuevos cargos en la estructura: el general Esteban Figuereo García como subdirector general y el general Ernesto Rafael Rodríguez García como inspector general, entre otros ajustes.

En las Fuerzas Armadas, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 135-26 la noche del viernes 27 de febrero (publicado y efectivo hacia el 28), mediante el cual se dispusieron ascensos a varios oficiales superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como el pase a honrosa condición de retiro de once altos mandos, con derecho a pensión correspondiente.

Estos movimientos buscan fortalecer el escalafón de mando en las tres ramas militares.

Respecto a las remuneraciones, los oficiales ascendidos a rangos como coronel o general perciben ahora salarios ajustados que superan los RD$46,000 y RD$54,000 mensuales, respectivamente, de acuerdo con las escalas actualizadas aplicables en las instituciones de seguridad del Estado.

Estas disposiciones forman parte de la política de renovación y fortalecimiento institucional impulsada por el Gobierno, coincidiendo con el tradicional desfile militar y policial del 27 de febrero.

