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El caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), conocido como “Operación Cobra”, ha sacudido a la República Dominicana al revelar un entramado criminal que desvió fondos públicos destinados a la salud de más de 7 millones de afiliados.
El impacto principal se centra en el perjuicio económico estimado en más de 15,900 millones de pesos hasta diciembre de 2024, lo que compromete las reservas técnicas del sistema y afecta directamente la sostenibilidad del seguro público.
Este desfalco se logró mediante fraude administrativo, falsificación de documentos, sobornos y lavado de activos, utilizando empresas de “carpeta” para facturación ficticia y triangulación bancaria, anulando los controles institucionales.
En términos sociales y de salud pública, el caso ha generado un profundo daño a la población vulnerable, negando servicios esenciales, tratamientos oportunos y atención digna, lo que ha provocado angustia permanente y, en algunos casos, muertes evitables.
Políticamente, ha erosionado la confianza en las instituciones, destacando fallos en organismos de control como la Dirección General de Ética Gubernamental y la Dirección de Compras Públicas, que actuaron de manera reactiva en lugar de preventiva.
La indignación colectiva ha llevado a manifestaciones y un “hartazgo moral” en la sociedad, amplificando el debate sobre la impunidad en el poder
El proceso judicial, iniciado en diciembre de 2025, se encuentra en la fase de medidas de coerción. El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a 7 de los 10 imputados principales, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público (MP), que califica este como el caso de corrupción más grave en la historia reciente del país.
Los implicados clave incluyen a Santiago Marcelo Hazim Albainy (exdirector ejecutivo de SeNaSa, quien encabezaba la red), Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones (consejero jurídico), Minerva Minaya Reyes, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaker Mateo y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros.
Se les imputan delitos como asociación de malhechores, corrupción administrativa, estafa contra el Estado, falsificación, soborno y lavado de activos agravado.
Investigación en curso con más imputaciones anunciadas, incluyendo médicos y centros de salud bajo escrutinio. El MP prioriza decomisos para restituir fondos y sanciones ejemplarizadoras, judicializando el caso en partes separadas bajo el nuevo Código Procesal Penal (Ley 97-25).
Recuperación de activos desviados para propiedades y empresas ficticias, con énfasis en la restitución al Estado.
Aumento de la presión pública por justicia, con reclamos contra la “justicia selectiva” y llamados a dispersar manifestaciones de manera controvertida por defensores de imputados. El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) ha depositado evidencias clave, fortaleciendo el proceso
Aunque el juicio está en etapas iniciales (con audiencias prorrogadas hasta el 13-14 de diciembre de 2025 y decisiones recientes sobre coerción), el caso representa un avance institucional al judicializarse dentro del gobierno actual, contrastando con la impunidad histórica en escándalos previos.
Sin embargo, persisten riesgos de erosión democrática si no se aplican sanciones proporcionales, ya que el abuso de confianza y el fracaso preventivo de controles institucionales profundizan la brecha entre el Estado y la sociedad.
El MP enfatiza que “todo aquel que tocó un peso de SeNaSa debe responder”, apuntando a una red más amplia.
En resumen, este escándalo no solo es un crimen económico, sino un “crimen social inhumano” que exige una respuesta ética y judicial firme para restaurar la confianza pública y evitar un hartazgo que derive en inestabilidad social.
El desenlace final dependerá de la continuidad de la investigación y el juicio oral, pero ya marca un precedente contra la corrupción en el sector salud
