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La construcción de las centrales térmicas de carbón de Punta Catalina en República Dominicana, entre el 13 de diciembre de 2013 y julio de 2020, generó un intenso debate debido a sus implicaciones ambientales, sociales, económicas y políticas.
Los críticos, incluyendo grupos ambientalistas como el Comité Nacional para la Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Ambiente (INSAPROMA), destacaron el grave impacto ambiental de las centrales de carbón.
Estudios, como uno realizado por la Universidad de Duke, revelaron altos niveles de metales pesados tóxicos (por ejemplo, arsénico, selenio, molibdeno y plomo) en las cenizas de carbón, superando los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para el agua potable y la salud ecológica.
Las operaciones de la planta se asociaron a una importante contaminación atmosférica, con emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado que afectaron la calidad del aire en 251 kilómetros cuadrados, afectando a más de 108.586 personas, incluyendo poblaciones vulnerables como los niños.
Las cenizas volantes (400.000 toneladas en 2020) representaron riesgos para el suelo, el agua y la productividad agrícola, con informes de daños a cultivos (por ejemplo, papaya, melón, tomate). Los ecosistemas marinos también se vieron perjudicados debido a la construcción de un rompeolas en el puerto de carbón y la descarga de agua caliente.
Se informó que la contaminación proveniente de Punta Catalina afectó a Haití, Cuba y Jamaica, lo que generó preocupación por daños ambientales transfronterizos.
El debate enfatizó los riesgos para la salud, especialmente para los niños, quienes son más vulnerables a los contaminantes del aire debido a su fisiología.
Un estudio de 2022 estimó 57 muertes prematuras anuales en República Dominicana y 127 en Haití debido a la contaminación, con enfermedades asociadas como diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y asma.
El costo económico de los impactos en la salud se estimó en US$7.5 millones anuales, que podrían ascender a US$30.1 millones en el peor de los casos.
Las comunidades pesqueras locales sufrieron debido a la casi desaparición de la vida marina, lo que redujo sus ingresos y su seguridad alimentaria. La contaminación de las tierras de cultivo y las fuentes de agua afectó aún más a las comunidades agrícolas.
Los informes presentados ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU argumentaron que la planta violaba los derechos de los niños a un medio ambiente seguro, agua limpia y una nutrición adecuada, lo que provocó demandas de cierre inmediato.
El debate se vio fuertemente alimentado por las acusaciones de corrupción que involucraban a la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado US$92 millones en sobornos en República Dominicana, incluyendo US$39,5 millones relacionados con el contrato de Punta Catalina entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014.
Estos sobornos presuntamente influyeron en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a funcionarios como Andrés Dauhajre para favorecer a Odebrecht frente a ofertas más económicas (por ejemplo, empresas chinas que ofrecieron US$900 millones, US$1.100 millones en comparación con los US$2.000 millones de Odebrecht).
El escándalo implicó a altos funcionarios, incluido el presidente Danilo Medina, y estuvo vinculado a su campaña de reelección de 2016, con sobornos presuntamente utilizados para obtener apoyo político. Los críticos argumentaron que la falta de rendición de cuentas, debido a los vínculos del Fiscal General con Medina, socavó la labor de justicia.
El costo del proyecto aumentó de US$2 mil millones a más de US$3 mil millones, según los críticos, lo que generó acusaciones de mala gestión financiera y sobrevaloración. Los críticos calificaron a Punta Catalina como el “mayor fraude” en la historia dominicana.
Si bien la planta tenía como objetivo reducir la dependencia del petróleo importado y abordar los cortes de energía, los opositores argumentaron que contradecía las leyes nacionales que promueven la eliminación gradual del carbón y que sumía al país en una dependencia del carbón, requiriendo la importación de 4 millones de toneladas de carbón al año.
Quienes apoyan el proyecto, incluyendo la administración de Medina, destacaron los beneficios económicos, como los 6,400 empleos directos y 20,000 indirectos creados durante la construcción. Sin embargo, los críticos argumentaron que estos beneficios eran superados por los costos ambientales y de salud.
El debate impulsó a grupos ambientalistas y dio lugar a impugnaciones legales. INSAPROMA, con el apoyo de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), presentó quejas argumentando que el estudio de impacto ambiental (EIA) de la planta era defectuoso y que las emisiones violaban el derecho de la comunidad a un medio ambiente sano.
Un estudio de 2021 encargado por el gobierno dominicano para evaluar la contaminación fue abandonado por el Ministerio de Medio Ambiente, dejando a organizaciones externas como la FIDH, la CNLCC e INSAPROMA la tarea de completarlo. Las conclusiones del estudio, incluyendo deficiencias estructurales y riesgos para la salud, intensificaron las peticiones de cierre de la planta.
El debate atrajo la atención mundial, y organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la ONU expresaron su preocupación. Siete relatores especiales de la ONU destacaron las repercusiones en los derechos humanos y en 2023 se presentó un informe al Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
La participación de expertos internacionales, como investigadores de la Universidad de Duke y el Centro Finlandés para la Investigación de la Energía y la Calidad del Aire (CREA), brindó respaldo científico a las críticas, reforzando sus argumentos.
Para 2025, se observaron indicios de una transición hacia las energías renovables. El CNLCC y el INSAPROMA destacaron una licitación para un parque solar de 40 megavatios para apoyar los servicios auxiliares de Punta Catalina, lo que indica una posible transición hacia el uso del carbón. Sin embargo, los críticos argumentaron que reemplazar el carbón por gas natural era inviable debido a la crisis energética mundial y los altos costos.
El debate subrayó la necesidad de regulaciones ambientales más estrictas y políticas de gestión de cenizas de carbón, ya que la República Dominicana carecía de marcos adecuados en comparación con Estados Unidos.
La indignación pública por el escándalo de Odebrecht alimentó protestas y demandas de rendición de cuentas, con figuras de la oposición como José Marte Piantini y Luis Abinader criticando el costo y la corrupción del proyecto.
El debate influyó en las elecciones de 2020, y Medina optó por no postularse a un tercer mandato tras las advertencias de Estados Unidos sobre los límites constitucionales.
La propuesta de venta del 50% de las acciones de Punta Catalina en 2020 generó preocupación por la perpetuación de la corrupción, y Abinader advirtió que los accionistas podrían convertirse en cómplices de la trama de sobornos.
El debate concluyó que Punta Catalina representaba importantes riesgos ambientales y para la salud, con evidencia científica que confirmaba los altos niveles de contaminantes tóxicos y su impacto en los ecosistemas locales y regionales. Las operaciones de la planta se consideraron insostenibles, lo que provocó demandas de su cierre inmediato en un plazo de 18 meses para la transición a fuentes de energía renovables.
El escándalo de Odebrecht se convirtió en el centro de atención, revelando la corrupción sistémica en la aprobación y construcción del proyecto. La falta de rendición de cuentas de los funcionarios implicados puso de manifiesto las debilidades del sistema judicial dominicano, y los críticos señalaron los vínculos políticos del Fiscal General como un obstáculo para la justicia.
El debate subrayó las contradictorias políticas energéticas de la República Dominicana, que promueven el carbón a pesar de las leyes nacionales que favorecen las energías más limpias. La propuesta de un parque solar para 2025 sugiere un cambio gradual, pero los críticos enfatizaron que las energías renovables deben reemplazar al carbón para alinearse con los objetivos climáticos y proteger la salud pública.
El consenso entre las ONG y los organismos internacionales fue que Punta Catalina violaba los derechos humanos, en particular los derechos de los niños, debido a su impacto ambiental. Se instó al gobierno dominicano a remediar las zonas afectadas, compensar a las comunidades afectadas y cerrar la planta para evitar daños mayores.
El caso de Punta Catalina puso de relieve la necesidad de procesos de licitación transparentes, regulaciones ambientales sólidas y una supervisión independiente para prevenir la corrupción y la degradación ambiental. También expuso los riesgos de exportar problemas relacionados con el carbón desde países como Estados Unidos a naciones con marcos regulatorios más débiles.
El debate sobre Punta Catalina refleja una tensión más amplia entre las ganancias económicas a corto plazo (por ejemplo, el suministro de energía y la creación de empleo) y los costos ambientales y sociales a largo plazo.
A pesar de todo lo antes descripto de la oposición a la construcción de las dos plantas a carbón, lo que dice los hechos hoy es que hasta el momento el suministro eléctrico en la República Dominicana resulta insostenible cuando una de las plantas de Punta Catalina queda fuera de servicio
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