La crisis energética en la República Dominicana, agravada por la salida de la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina debido a un fallo mecánico en la caldera y, posteriormente, la salida de la unidad 1 por acumulación de sargazo que limitó el sistema de enfriamiento, produjo apagones prolongados en varias regiones del país.
Esta situación desencadenó protestas generalizadas entre el lunes 18 y martes 19 de agosto de 2025, especialmente en el Gran Santo Domingo y otras provincias como La Vega, Puerto Plata, Dajabón, y San José de Ocoa. cotidianos.
Las protestas incluyeron quema de neumáticos, marchas pacíficas y enfrentamientos ocasionales con la Policía Nacional, como se reportó en comunidades como Sabaneta, Los Rieles y Cevicos en La Vega.
En Puerto Plata, sectores como Gregorio Luperón, Las Mercedes y Playa Oeste se vieron particularmente afectados, con protestas que reflejaron el hartazgo por la falta de soluciones inmediatas.
En el Gran Santo Domingo, barrios como Los Alcarrizos, Sabana Perdida y Villa Mella reportaron interrupciones que afectaron tanto a hogares como a comercios, exacerbando el descontento.
Los apagones afectarán gravemente a pequeños negocios, colmados, salones de belleza, talleres, y pequeñas fábricas, muchos de los cuales están al borde de la quiebra debido a la imposibilidad de operar sin electricidad. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló que estas interrupciones representan un “abuso” para los comerciantes, quienes enfrentan pérdidas millonarias.
La Federación Nacional de Transporte (Fenatrano) y otros sectores han destacado que la crisis energética impacta al comercio y la manufactura, sectores clave del PIB dominicano, lo que podría agravar la situación económica a nivel nacional.
La falta de electricidad también afectó el suministro de agua potable en el Gran Santo Domingo, ya que los sistemas de bombeo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) dependen de energía eléctrica y carecen de plantas de respaldo en muchas estaciones. Esto generó una “cadena de precariedades” que agravó la calidad de vida de la población.
Aunque no se reportaron incidencias graves en hospitales, la dependencia de generadores eléctricos en estos centros resalta la vulnerabilidad del sistema ante cortes prolongadas.
Las manifestaciones incluyeron acciones violentas como la quema de neumáticos y el derribo de árboles, especialmente en el Cibao, donde se reportaron enfrentamientos con la policía. Estas protestas reflejan un creciente hartazgo ciudadano y una percepción de ineficiencia gubernamental.
Las redes sociales se convirtieron en un espacio clave para canalizar el descontento, con usuarios denunciando apagones prolongados y facturas eléctricas elevadas a pesar del servicio deficiente.
El PLD responsabilizó al gobierno de Luis Abinader por la crisis, atribuyéndola a una “mala planificación” y al deterioro del sistema eléctrico desde 2020. Esto ha intensificado las críticas hacia la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
La visita de Abinader a Punta Catalina el 16 de agosto, en medio de las protestas, fue vista como un intento de mostrar compromiso, pero también como una reacción ante la presión pública. El presidente pidió disculpas y anunció la incorporación de nuevos megavatios al sistema en los próximos meses.
La salida consecutiva de las unidades 1 y 2 de Punta Catalina puso en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico, que depende en gran medida de esta planta para sostener la demanda nacional.
Las declaraciones de Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), pidiendo paciencia hasta 2026, fueron recibidas con indignación, ya que los ciudadanos consideran inaceptable esperar más de un año para soluciones.
Los apagones nocturnos han incrementado la percepción de inseguridad en barrios oscuros, mientras que el calor extremo ha dificultado el descanso y el bienestar de la población.
La quema de neumáticos y los enfrentamientos en algunas protestas han generado tensiones adicionales, afectando la convivencia en comunidades afectadas.
La crisis energética no es solo un problema técnico, sino también de gestión y políticas públicas. La alta dependencia de Punta Catalina, junto con la falta de inversión en infraestructura de distribución y transmisión, perpetúa los apagones. El PLD recomendó mejorar el mantenimiento de Punta Catalina, construir una segunda planta, y revisar contratos eléctricos para reducir costos y mejorar la eficiencia.
La diversificación hacia energías renovables, como la solar y eólica, podría aliviar la presión sobre el sistema, pero la falta de avances en este ámbito, a pesar de las condiciones favorables del país, sigue siendo una crítica recurrente.
Las protestas reflejan un hartazgo acumulado que podría escalar si no se implementan soluciones inmediatas. La combinación de apagones, altas tarifas eléctricas, y la falta de agua potable ha generado una crisis multidimensional que requiere una respuesta coordinada del gobierno.
La comunicación oficial, como las promesas de incorporar nuevos megavatios, debe ir acompañada de acciones concretas para recuperar la confianza ciudadana.
La crisis pone en evidencia la necesidad de retomar el Pacto Eléctrico firmado en 2021, que busca modernizar el sector y reducir pérdidas. La falta de ejecución de este plan, combinada con un subsidio eléctrico estimado en 1,500-2,000 millones de dólares anuales, representa una carga fiscal insostenible.
La transparencia en la gestión de los contratos con empresas generadoras y la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas (como el hurto de energía) son pasos clave para estabilizar el sistema.
Las protestas del lunes y martes en la República Dominicana por los apagones reflejan una crisis energética que combina fallos técnicos, ineficiencias estructurales, y una creciente frustración social. La salida de las unidades de Punta Catalina agudizó un problema crónico que afecta la calidad de vida, la economía, y la confianza en las instituciones. Para evitar una escalada del conflicto, el gobierno debe priorizar soluciones técnicas, como el mantenimiento de plantas y la diversificación energética, mientras aborda el malestar social con medidas concretas y transparentes.
