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Un hombre fue asesinado con cuatro disparos (tres en la espalda y uno en la cabeza) en el portal de un edificio en la calle Consell de Cent, en pleno centro de Barcelona, alrededor de las 17:00 horas. El autor huyó y no hay detenidos hasta el momento.
La visibilidad del crimen, ocurrido en una zona céntrica y concurrida como el Eixample, ha generado alarma entre los residentes y refuerza la percepción de inseguridad en la ciudad.
Encuestas municipales señalan que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los barceloneses, a pesar de que algunos delitos, como robos con violencia, han disminuido según estadísticas oficiales. Incidencias como este tiroteo, por su carácter público y violento, intensifican esta percepción.
La ciudadanía ha modificado hábitos, evitando ciertas áreas por temor a ser víctimas colaterales de actos violentos. Esto se ve agravado por la falta de sanciones efectivas en algunos casos relacionados con armas, lo que genera una sensación de impunidad (por ejemplo, el 81% de las actas por tenencia de armas blancas prescribieron sin multas hasta mayo de 2024).
Este tiroteo se suma a una serie de incidentes violentos en Cataluña, especialmente relacionados con el narcotráfico. En 2024 y principios de 2025, se han registrado múltiples tiroteos, como el de La Mina (enero de 2025, con ~150 disparos) y otros en Terrassa, Badalona y Nou Barris, a menudo vinculados a ajustes de cuentas o disputas entre clanes por el control de plantaciones de marihuana.
La proliferación de armas de fuego ilegales, alimentada por el narcotráfico, ha incrementado la frecuencia de estos episodios. En La Mina, por ejemplo, entre 2018 y 2022, los Mossos confiscaron 50 armas de fuego y detuvieron a 150 personas.
Políticos como Dani Sirera (PP) han pedido medidas más contundentes, como más agentes, cámaras de videovigilancia y 3.000 Mossos adicionales, criticando la gestión de la seguridad.
La alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha exigido “medidas excepcionales” para retirar armas de fuego y recuperar el espacio público, especialmente tras el tiroteo de La Mina.
En redes sociales, se refleja indignación ciudadana, con comentarios que critican la gestión gubernamental y vinculan la violencia a problemas sociales más amplios.
La principal hipótesis en muchos tiroteos, incluido el del Eixample, es que están relacionados con ajustes de cuentas ligados al narcotráfico, especialmente al cultivo y distribución de marihuana. Cataluña se ha convertido en un punto estratégico para este mercado, lo que atrae a grupos criminales y aumenta la disponibilidad de armas ilegales.
Los Mossos d’Esquadra enfrentan dificultades para controlar la violencia armada debido a la complejidad de las redes criminales y la falta de mediadores efectivos en conflictos entre clanes, como se observa en La Mina, donde la pérdida de autoridad de los patriarcas complica la resolución pacífica.
A pesar de operativos exitosos (como la detención de siete personas en Nou Barris por un tiroteo en abril de 2024), la cronificación de la violencia en ciertos barrios requiere soluciones más allá de lo policial, como políticas sociales y educativas.
Medidas propuestas:Reforzar la presencia policial y el uso de tecnología (cámaras, inteligencia policial) para prevenir y reaccionar ante estos incidentes.
Abordar el narcotráfico mediante estrategias integrales que combinen represión policial con prevención social, como programas para barrios vulnerables.
Revisar el sistema judicial para reducir la impunidad, especialmente en casos de tenencia de armas.
Impacto a largo plazo:La reiteración de tiroteos podría dañar la imagen turística de Barcelona si no se controla, ya que algunos sectores critican que las autoridades minimicen estos incidentes para proteger la reputación de la ciudad.
La violencia armada, aunque concentrada en ciertos barrios, afecta la convivencia y refuerza estigmas sobre comunidades específicas, lo que requiere un enfoque inclusivo para evitar la criminalización generalizada.
