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La Antigua Orden Dominicana (AOD) es una organización ultranacionalista en la República Dominicana que ha ganado notoriedad por su oposición a la migración haitiana, promoviendo un discurso antiinmigrante que ha generado tensiones sociales y políticas.
A continuación, se presenta un análisis del impacto y las conclusiones de sus acciones contra la migración haitiana, con especial atención a su última actividad dirigida al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
Impacto de la Antigua Orden Dominicana
Polarización social y discurso antihaitiano: La AOD ha contribuido a exacerbar la polarización social en la República Dominicana al promover un discurso nacionalista que culpa a los migrantes haitianos de problemas económicos, sociales y de seguridad. Este discurso refuerza estereotipos y prejuicios históricos, como los que se remontan a la Masacre del Perejil de 1937, y perpetúa la discriminación estructural contra la población de origen haitiano.
Sus manifestaciones, como la marcha del 30 de marzo de 2025 en Hoyo de Friusa y Mata Mosquito, han generado enfrentamientos, como el conflicto con la Policía Nacional cuando intentaron desviarse hacia zonas de alta presencia haitiana, lo que refleja su capacidad para movilizar a sectores de la población pero también para generar disturbios.
Presión sobre políticas migratorias: La AOD ha influido en el endurecimiento de las políticas migratorias dominicanas al presionar al gobierno del presidente Luis Abinader. Por ejemplo, tras su marcha del 5 de octubre de 2024 frente al Palacio Nacional, donde exigieron “menos palabras y más acción” contra la migración haitiana, el gobierno anunció un plan de deportaciones masivas de hasta 10,000 haitianos indocumentados por semana.
Este grupo ha utilizado plataformas como redes sociales (con 77,000 seguidores en Facebook) para amplificar su mensaje y organizar protestas, lo que ha incrementado la percepción de una “invasión haitiana” entre ciertos sectores, a pesar de que los migrantes haitianos representan una fuerza laboral clave en sectores como la construcción y la agricultura.
Impacto en la comunidad haitiana: Las acciones de la AOD han contribuido a un clima de hostilidad hacia los migrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, aumentando el temor a deportaciones y abusos. Informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y activistas han denunciado tratos deshumanizantes, como deportaciones en camiones con barrotes de hierro, y un enfoque basado en perfiles raciales para identificar a supuestos migrantes.
La retórica de la AOD, que incluye lemas como “No a la invasión de haitianos disfrazados de refugiados”, refuerza la estigmatización y dificulta la integración de los migrantes, muchos de los cuales carecen de acceso a servicios básicos como salud y educación debido a su estatus irregular.
Relación con el sector empresarial (CONEP): La AOD ha dirigido críticas al CONEP, acusándolo de presionar por políticas de regularización de migrantes haitianos, lo que consideran una amenaza a la soberanía nacional. En publicaciones recientes en X, líderes de la AOD, como Ángelo Vásquez, han convocado a marchas frente a la sede del CONEP, argumentando que este organismo empresarial promueve la “fusión” con Haití al abogar por la legalización de miles de migrantes.
Esta postura contrasta con la visión del CONEP, que en 2018 expresó, a través de su presidente Pedro Brache, la necesidad de una migración organizada y regulada, reconociendo el impacto económico positivo de la mano de obra haitiana en sectores clave como la construcción y la agricultura, que aportan significativamente al PIB dominicano (7.4% en 2017).
Refuerzo de políticas restrictivas: La AOD ha logrado influir en la agenda política dominicana, presionando por medidas migratorias más estrictas, como la construcción del muro fronterizo y el aumento de deportaciones.
Sin embargo, estas políticas han sido criticadas por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la OIM por violar derechos humanos, especialmente la prohibición de expulsiones colectivas y la discriminación racial.
El endurecimiento de las políticas, impulsado en parte por la presión de grupos como la AOD, puede agravar las tensiones bilaterales con Haití y complicar las relaciones comerciales, dado que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana después de Estados Unidos.
Impacto económico y social: La retórica antiinmigrante de la AOD ignora la contribución de los migrantes haitianos a la economía dominicana, especialmente en sectores de baja remuneración que los dominicanos suelen evitar.
La expulsión masiva de trabajadores podría generar escasez de mano de obra en industrias clave, lo que el CONEP ha intentado mitigar al abogar por una migración regulada.
La exclusión de migrantes y sus descendientes, como ocurrió con la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, ha generado apatridia y vulnerado derechos fundamentales, afectando la cohesión social y la imagen internacional de la República Dominicana.
Conflicto con el CONEP: La reciente movilización de la AOD contra el CONEP refleja una tensión entre el nacionalismo extremo y los intereses económicos del sector privado. Mientras el CONEP busca una migración ordenada que beneficie la economía, la AOD percibe cualquier intento de regularización como una amenaza a la identidad nacional. Esta confrontación podría polarizar aún más el debate migratorio y dificultar la cooperación entre el gobierno y el sector privado.
Riesgos a largo plazo: Las acciones de la AOD, al fomentar un discurso xenófobo, podrían perpetuar un ciclo de violencia y discriminación contra la población haitiana, similar a eventos históricos como la Masacre del Perejil.
Esto no solo afecta los derechos humanos, sino que también podría dañar la reputación internacional de la República Dominicana y su relación con organismos como la CIDH y la ONU.
La falta de soluciones integrales para gestionar la migración, en lugar de recurrir a deportaciones masivas, podría exacerbar la crisis humanitaria en Haití y aumentar la inestabilidad en la isla de La Española.
Diálogo inclusivo: Es crucial que el gobierno dominicano, el CONEP y la sociedad civil promuevan un diálogo que incluya a las comunidades haitianas y dominico-haitianas para abordar la migración desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo económico.
Regularización efectiva: En lugar de deportaciones masivas, se debería fortalecer el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) para garantizar el acceso a documentación legal, lo que beneficiaría tanto a los migrantes como a la economía dominicana.
Educación y sensibilización: Campañas para contrarrestar la xenofobia y destacar la contribución de los migrantes haitianos podrían reducir la influencia de grupos como la AOD y fomentar la cohesión social.
En resumen, la Antigua Orden Dominicana ha intensificado la hostilidad hacia los migrantes haitianos, influyendo en políticas migratorias más duras, pero su confrontación con el CONEP revela un conflicto entre intereses nacionalistas y económicos.
La resolución de este tema requiere un enfoque equilibrado que respete los derechos humanos y reconozca la interdependencia económica entre ambos países
