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Conclusiones por parte del Ministerio Público de los casos de sometimiento de Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta

El Ministerio Público de la República Dominicana, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha concluido la presentación de los hechos y la calificación jurídica en el caso conocido como Operación Calamar, que involucra a los exministros del gobierno de Danilo Medina (2012-2020): Donald Guerrero (exministro de Hacienda), Gonzalo Castillo (exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del PLD), José Ramón Peralta (exministro Administrativo de la Presidencia), junto a otros exfuncionarios y personas vinculadas. A continuación, se detallan las principales conclusiones y avances del Ministerio Público según la información disponible:

Conclusiones del Ministerio Público:

  1. Acusaciones Principales:
    • Los exministros y otros imputados son acusados de formar parte de un entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano por más de RD$19,000 millones (aproximadamente US$360 millones). Los delitos imputados incluyen:
      • Asociación de malhechores
      • Desfalco
      • Coalición de funcionarios
      • Falsificación de documentos públicos y privados
      • Soborno
      • Financiamiento ilícito de campañas políticas
      • Lavado de activos
    • Según el Ministerio Público, esta red operaba bajo el liderazgo de Donald Guerrero, con José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo como “brazos ejecutores”, utilizando mecanismos como pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento fraudulento de deudas administrativas y sobornos para financiar la campaña electoral del PLD en 2020.
  2. Mecanismos de Corrupción:
    • El entramado utilizaba expropiaciones de terrenos, incluyendo áreas protegidas, simulando compras y ventas a través de acuerdos transaccionales para desviar fondos públicos.
    • Se falsificaban documentos y firmas, y se manipulaban cubicaciones para justificar pagos por deudas antiguas, muchas de las cuales databan de décadas, beneficiando a personas de confianza de los implicados mediante cesiones de crédito.
    • En el caso de Donald Guerrero, se le señala por incluir fraudulentamente a su empresa, Intercaribe Mercantil (representada por su hijo Daniel Guerrero Mena), en el Programa de Créditos de Contratistas y Suplidores del Estado, desviando más de RD$20,904 millones.
    • En el caso de Gonzalo Castillo, se detectaron irregularidades en contratos de suministro de asfalto (AC-30) por RD$325,830,826, adjudicados a la empresa General Supply Corporation SRL, que carecía de licencias legales para operar en el mercado de petróleo.
    • José Ramón Peralta es investigado por su rol en el programa de “Visitas Sorpresa” y por supuestas irregularidades en permisos de importación a través del Ministerio de Agricultura.
  3. Reunión en el Palacio Nacional:
    • El Ministerio Público sostiene que en 2019, antes de las primarias del PLD, el expresidente Danilo Medina convocó una reunión en el Palacio Nacional donde instruyó a funcionarios, incluidos Guerrero, Peralta y otros, a buscar fondos para las campañas de 2019 y 2020, sabiendo que dichos fondos se obtendrían de manera ilícita.
    • En una reunión posterior, José Ramón Peralta, junto a Francisco Pagán (exdirector de la OISOE), coordinó con el constructor Bolívar Ventura para exigir aportes a la campaña a cambio de pagos de deudas estatales, lo que el Ministerio Público califica como extorsión y soborno.
  4. Avances Procesales:
    • El 28 de junio de 2025, el Ministerio Público concluyó la presentación resumida de los hechos y la calificación jurídica de la acusación formal, que consta de un expediente de 3,662 páginas. La próxima audiencia está programada para el 4 de julio de 2025 a las 2:00 p.m., donde se iniciará la reproducción de las pruebas que sustentan el caso.
    • En marzo de 2023, se realizaron 40 allanamientos y se arrestaron al menos 15 personas, incluyendo a Guerrero, Castillo y Peralta, como parte de la Operación Calamar.
    • En abril de 2023, la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva para Donald Guerrero y José Ramón Peralta, quienes cumplen la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Gonzalo Castillo recibió arresto domiciliario, con una fianza de aproximadamente US$363,000, impedimento de salida del país y presentación periódica.
  5. Otros Imputados:
    • Además de los exministros, el caso involucra a otros exfuncionarios como Daniel Omar Caamaño (excontralor general), Luis Miguel Piccirillo (exdirector del CEA), Claudio Silver Peña (exdirector de Catastro Nacional), y abogados como Ángel Lockward, entre otros. En total, se procesa a 31 imputados y 12 empresas.
    • Seis empresarios vinculados al caso llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, devolviendo más de RD$2,000 millones al Estado.
  6. Magnitud del Caso:
    • El Ministerio Público describe este caso como el de mayor magnitud en la historia de la República Dominicana, superando incluso el caso Odebrecht (estimado en US$92 millones). El monto defraudado, RD$19,700 millones, equivale a unos US$360 millones, y se suma a otros casos de corrupción del entorno de Danilo Medina, como las operaciones Antipulpo, Coral, Coral 5G y Medusa.

Situación Actual:

  • El juicio preliminar comenzó en mayo de 2025, tras varias audiencias fallidas y recusaciones contra la jueza Altagracia Ramírez, quien fue ratificada. Las audiencias se realizan todos los viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • El Ministerio Público, liderado por fiscales como Wilson Camacho, Miguel Collado, y otros, está en la fase de presentación de pruebas, con un enfoque en demostrar la coalición de funcionarios y el impacto económico de las acciones ilícitas.
  • La defensa de los imputados, especialmente la de Peralta y Castillo, ha calificado las medidas como excesivas y ha apelado decisiones judiciales, alegando parcialidad o falta de pruebas contundentes.

Observaciones:

  • Aunque el Ministerio Público ha presentado un expediente robusto, el proceso aún está en la etapa preliminar, y no se han dictado sentencias definitivas. La complejidad del caso, con múltiples imputados y un volumen considerable de pruebas, sugiere que el proceso judicial podría prolongarse.
  • La información disponible no menciona condenas definitivas, pero sí medidas de coerción y avances significativos en la presentación de la acusación. Los imputados continúan defendiendo su inocencia, y algunos, como Gonzalo Castillo, han recibido medidas menos severas que otros.

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