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Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como “El Detective,” enfrenta múltiples procesos judiciales en la República Dominicana y Estados Unidos, acusado de delitos como difamación, injuria, extorsión, chantaje, estafa, lavado de activos y delitos tecnológicos.
Estas acusaciones provienen de diversas querellas interpuestas por figuras públicas, políticos, empresarios y ciudadanos, quienes alegan que Martínez utilizó su plataforma digital, principalmente su canal de YouTube “Detective Ángel,” para difundir información difamatoria o infundada, a menudo sin pruebas, con el presunto objetivo de extorsionar a sus víctimas exigiendo pagos para retirar el contenido.
Detención y cargos principales: Martínez fue arrestado el 26 de mayo de 2025 en Puerto Plata, a bordo del crucero MSC World America, por una orden de rebeldía derivada de su incomparecencia en un proceso por difamación e injuria iniciado por el diputado Sergio Moya (Gory) en 2021.
Aunque la orden de rebeldía fue levantada, se le impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. Además, enfrenta querellas de figuras como el expresidente Hipólito Mejía, el exministro Roberto Fulcar, el empresario Arnulfo Gutiérrez, y el periodista Vargavila Riverón, entre otros, por acusaciones similares de difamación y extorsión.
Acusaciones de extorsión y estafa: Una querella destacada es la de Sandra Eugenia de la Rosa, quien alega que Martínez, presentándose falsamente como investigador de la CIA y el FBI, le estafó más de 300,000 dólares entre 2013 y 2023, prometiendo resolver casos judiciales que nunca concretó.
También se le acusa de liderar una red de extorsión digital, monetizando campañas de descrédito a través de sus plataformas.
Antecedentes en Estados Unidos: En EE.UU., Martínez tiene un historial penal que incluye un arresto en 2013 en Miami-Dade por hurto mayor en tercer grado. Además, la DEA, FBI y ATF han desmentido cualquier vínculo con él, refutando su autoproclamado título de “exagente federal” o “analista de inteligencia.”
Naturaleza de las acusaciones: Las autoridades dominicanas investigan a Martínez por operar una estructura de extorsión y chantaje mediático, utilizando sus plataformas para acusar a figuras públicas de actividades ilícitas, como narcotráfico, sin pruebas sustanciales. Estas acciones han generado múltiples demandas, algunas solicitando indemnizaciones millonarias (e.g., 50 millones de pesos por Fulcar, 10 millones de dólares por Almonte).
Reacción de Ángel Martínez en el proceso:
Negación y victimización: Martínez ha reaccionado calificando las medidas judiciales como “injustas” y acusando al Gobierno dominicano de atacarlo para silenciarlo. Ha expresado frustración por el impedimento de salida del país, cuestionando dónde vivirá, ya que no reside permanentemente en la República Dominicana.
Cooperación con la justicia: Su abogado, Carlos Manuel Mesa, ha defendido que Martínez está dispuesto a comparecer ante los tribunales cuando sea debidamente citado, destacando su asistencia a audiencias, como una en Valverde donde llegó antes de la hora establecida. Sin embargo, su historial de incomparecencia en casos previos, que lo llevó a ser declarado en rebeldía, contradice esta postura.
Defensa pública y apelaciones: Martínez y su defensa han anunciado apelaciones contra las medidas de coerción, como el impedimento de salida, argumentando que no se ajustan al proceso. También ha utilizado sus plataformas para seguir denunciando supuestas irregularidades, lo que ha generado nuevas querellas, como la de Vargavila Riverón, por continuar difamando incluso tras su detención.
Salud como argumento: Recientemente, Martínez ha afirmado que su salud se ha deteriorado debido a las demandas en su contra, una narrativa respaldada por su defensa para generar simpatía pública. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido verificadas judicialmente.
Conclusión general:
Ángel Martínez enfrenta un panorama legal complejo con múltiples querellas que cuestionan la legitimidad de su autoproclamado rol como “detective.”
Su modus operandi, basado en acusaciones sin pruebas verificables, ha generado un amplio rechazo entre los afectados, quienes han recurrido a la justicia para buscar reparación.
Aunque Martínez insiste en su inocencia y cooperación, su historial de incomparecencia y antecedentes penales debilitan su credibilidad. Su reacción combina victimización, desafíos al sistema judicial y esfuerzos por mantener su narrativa en redes sociales, lo que podría complicar aún más su situación legal.
Los procesos en curso, tanto en la República Dominicana como potencialmente en EE.UU., determinarán las consecuencias definitivas de sus acciones
