Por Lawrence Hurley, de nbcnews
La Corte Suprema frena los mandatos judiciales que bloquearon el plan de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump
Por Lawrence Hurley
La administración Trump quiere acabar con el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución.
WASHINGTON — La Corte Suprema le dio el viernes una importante victoria a la administración Trump al permitirle tomar medidas para implementar su propuesta de poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento.
En una votación de 6 a 3, el tribunal accedió a la solicitud de la administración Trump de limitar el alcance de las medidas cautelares impuestas por los jueces a nivel nacional, de modo que se apliquen únicamente a los estados, grupos e individuos que presentaron una demanda. Esto significa que la propuesta de ciudadanía por nacimiento probablemente pueda avanzar, al menos parcialmente, tanto en los estados que la impugnaron como en los que no.
La corte estaba dividida en líneas ideológicas, con los conservadores como mayoría y los liberales en disidencia.
“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder”, escribió la jueza Amy Coney Barrett para la mayoría.
Pero indicó que los mandatos judiciales a nivel nacional están limitados “sólo en la medida en que sean más amplios de lo necesario”.
Los tribunales inferiores, añadió, “deberán actuar con rapidez” para determinar cuán amplias pueden ser las medidas cautelares.
El tribunal también dijo que la administración puede seguir trabajando administrativamente sobre cómo se implementaría la política.
La jueza liberal Sonia Sotomayor leyó un resumen de su disidencia desde el estrado en la sala del tribunal, diciendo que el fallo era una “parodia del estado de derecho” y una “invitación abierta a eludir la constitución”.
Los tribunales federales “estarán paralizados” cuando se trate de medidas cautelares a nivel nacional, pero instó a los potenciales demandantes a presentar de inmediato demandas colectivas, una vía legal que el tribunal dejó abierta.
En una opinión disidente separada, el juez Ketanji Brown Jackson escribió que la decisión era “una amenaza existencial para el estado de derecho”.
La política sigue bloqueada por ahora en un estado más, New Hampshire, como resultado de una demanda separada que no está ante la Corte Suprema.
Como resultado del fallo, la propuesta podría avanzar a nivel nacional, aunque los demandantes individuales aún podrían presentar sus propias demandas en esos estados y los demandantes actuales aún podrían solicitar el restablecimiento de medidas cautelares de alcance menos amplio. La orden ejecutiva original de Trump establecía que el plan entraría en vigor después de 30 días, pero fue bloqueada casi de inmediato.
La decisión no aborda los méritos legales del plan, sino únicamente si los jueces tenían la autoridad para suspenderlo en todo el país. El presidente Donald Trump y sus aliados del movimiento MAGA han criticado duramente a los jueces que han bloqueado aspectos de su agenda, aunque no es nuevo que los tribunales impongan medidas cautelares a nivel nacional.
Desde hace mucho tiempo se acepta ampliamente , incluso por juristas de izquierda y derecha, que la 14ª Enmienda de la Constitución confiere ciudadanía automática a casi cualquier persona nacida en Estados Unidos.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos estadounidenses”, establece la enmienda. Según la práctica histórica, la única excepción son los hijos de diplomáticos.
Trump quiere adoptar un significado completamente nuevo del lenguaje que otorgaría la ciudadanía sólo a aquellos que tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente.
La orden ejecutiva de Trump, emitida en su primer día en el cargo en enero, fue impugnada de inmediato, y todos los tribunales que se han pronunciado sobre la propuesta hasta la fecha la han bloqueado. Se presentaron casos ante la Corte Suprema en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington.
En documentos judiciales, la ex procuradora general interina Sarah Harris dijo que los jueces no tenían autoridad para emitir órdenes judiciales a nivel nacional y que los estados que demandaron no tenían legitimidad legal.
El plan de Trump cuenta con el respaldo de otros 21 estados.
La administración se ha quejado amargamente mientras los jueces han emitido órdenes judiciales a nivel nacional en respuesta al uso audaz y agresivo del poder ejecutivo por parte de Trump para implementar su agenda polémica, que ha incluido aumentar las deportaciones, reducir el tamaño de las agencias federales, atacar a bufetes de abogados y universidades y despedir a miles de empleados federales.
Funcionarios del Departamento de Justicia afirman que ha habido docenas de fallos similares y los han descrito como un ataque inconstitucional a la autoridad del presidente. Gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, también han visto sus agendas amenazadas por órdenes judiciales a nivel nacional, aunque estas se han vuelto más comunes en los últimos años.
