La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a la administración Trump pausar la deportación de un grupo de presuntos pandilleros venezolanos.
Los hombres se encuentran detenidos en el norte de Texas bajo una ley de guerra del siglo XVIII, y un grupo de libertades civiles ha demandado al gobierno diciendo que no han tenido la oportunidad de impugnar su caso en el tribunal.
Donald Trump ha enviado a pandilleros venezolanos acusados a una notoria megacárcel en El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que da al presidente el poder de ordenar la detención y deportación de nativos o ciudadanos de naciones “enemigas” sin los procesos habituales.
Esta ley sólo se había utilizado anteriormente tres veces, todas durante la guerra.
La última vez que se invocó fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando personas de ascendencia japonesa fueron encarceladas sin juicio y miles fueron enviadas a campos de internamiento.
Desde que asumió el cargo en enero, las políticas migratorias de línea dura de Trump han enfrentado numerosos obstáculos legales.
Trump había acusado a la banda venezolana Tren de Aragua de “perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión depredadora” en territorio estadounidense.
De los 261 venezolanos deportados a El Salvador hasta el 8 de abril, 137 fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, dijo un alto funcionario de la administración a CBS News, socio de noticias de la BBC en Estados Unidos.
Un tribunal inferior bloqueó temporalmente estas deportaciones el 15 de marzo.
La Corte Suprema dictaminó inicialmente el 8 de abril que Trump podía usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de pandillas, pero a los deportados se les debe dar la oportunidad de impugnar su expulsión.
La demanda que resultó en la orden del sábado decía que los venezolanos detenidos en el norte de Texas habían recibido avisos sobre su inminente deportación en inglés, a pesar de que uno de los detenidos sólo hablaba español.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también afirmó que a los hombres no se les había informado que tenían derecho a impugnar la decisión ante el tribunal.
“Sin la intervención de este Tribunal, decenas o cientos de miembros propuestos del grupo podrían ser deportados a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o destitución”, se lee en la demanda.
Los jueces de la Corte Suprema Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron el sábado.
En su segundo discurso inaugural en enero, Trump se comprometió a “eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense”.
En el caso más sonado, el gobierno admitió haber deportado por error al salvadoreño Kilmar Ábrego García, pero afirma que pertenece a la pandilla MS-13, algo que su abogado y su familia niegan. El Sr. Ábrego García nunca ha sido condenado por ningún delito.
La Corte Suprema dictaminó por unanimidad que el gobierno debería facilitar el regreso de Ábrego García , pero la administración Trump ha dicho que “nunca” volverá a vivir en Estados Unidos.
El senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, visitó a Ábrego García en El Salvador y le dijo que había sido trasladado de la mega cárcel Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) a una nueva prisión.
