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El activista e influencer Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como El Piro, anunció que recurrirá a las disposiciones del nuevo Código Penal (Ley 74-25, vigente desde este 3 de agosto de 2026, con las reformas de la Ley 44-26) para perseguir ataques a su honor, buen nombre e imagen no autorizada. El giro resulta pragmático e irónico: el mismo comunicador ha sido uno de los críticos más visibles de la normativa, a la que calificó de “ley mordaza”.
Sánchez Tolentino organizó protestas, depositó recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (con solicitud de urgencia y audiencia prevista para octubre), encabezó el “Festival Mordaza” el 2 de agosto y advirtió que las normas sobre difamación, injuria y difusión de contenidos podían restringir la crítica pública, el periodismo y los memes. Ahora indica que usará esas mismas herramientas contra quienes lo ataquen o empleen su imagen sin consideración.
Entre las normas que habilitan este tipo de acciones destacan:
- Artículo 192: Penaliza publicar o difundir audios, imágenes o videos de otra persona sin consentimiento (seis meses a un año de prisión). Si son falsos o alterados (montajes) y dañan el honor, buen nombre, imagen o reputación, la pena sube a dos-cinco años; con agravantes (contenido íntimo, chantaje, venganza, víctimas vulnerables o difusión masiva digital) puede llegar a cinco-diez años.
- Difamación (Art. 208, reformado): Imputación pública de un hecho concreto que afecte el honor, consideración, buen nombre, imagen o dignidad. Pena de uno a dos años de prisión menor más multa.
- Excepciones (Art. 211): Las opiniones y críticas sobre corrupción, políticas públicas, función pública o interés público no constituyen delito penal si están sustentadas en pruebas o verificadas razonablemente; sí pueden generar responsabilidad civil si resultan afrentosas.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso aclaró que memes, caricaturas, parodias, sátiras y contenidos con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o de crítica social no son delito. El Código no tipifica ni sanciona esas expresiones como tales. Estos delitos contra el honor suelen ser de instancia privada: el afectado debe querellarse, salvo excepciones.
Para El Piro y otras figuras públicas, la normativa ofrece herramientas concretas contra difamación, montajes, deepfakes o uso comercial no autorizado de su imagen. Como influencer y activista de alto perfil, con fuerte presencia en redes y en el movimiento Somos Pueblo, es un objetivo frecuente de críticas, memes y usos de su imagen. El anuncio señala que no se limitará a la vía civil y recurrirá a la penal cuando considere que hay daño.
En el debate sobre libertad de expresión, el movimiento refuerza la percepción de doble rasero. Quienes criticaron el Código como restrictivo ven ahora a uno de sus principales opositores dispuesto a activarlo en su favor. Puede generar desconfianza hacia su discurso de “defensa de las libertades” y alimentar narrativas de que las normas protegen más a los visibles o poderosos.
Para creadores de contenido y la crítica en redes, señala un riesgo real de querellas por honor o imagen, incluso si la Procuraduría sostiene que la sátira legítima no es delito. La interpretación judicial será clave: un montaje o meme que un juez considere dañino al honor podría activar el artículo 192.
Social y políticamente, el anuncio ocurre el mismo día de la entrada en vigor del Código, lo que amplifica el eco mediático y en redes. Puede incentivar a otros (políticos, artistas, empresarios) a hacer lo mismo y polarizar aún más el tema de la protección de la reputación frente al escrutinio público.
En el corto plazo es previsible un aumento de querellas o amenazas de denuncia por parte de El Piro (y posiblemente de otros) contra usuarios que publiquen críticas fuertes, montajes o usen su imagen. Los casos concretos probarán en la práctica los límites de las excepciones de interés público y de la aclaración sobre memes y parodias.
Procesalmente, al tratarse de delitos de instancia privada, dependen de la voluntad del afectado. Pueden generar litigios costosos, medidas cautelares de retiro de contenido y, si prosperan, condenas con prisión o multas. Los recursos de inconstitucionalidad pendientes ante el Tribunal Constitucional (incluido el de El Piro) siguen vigentes y podrían modular la aplicación.
Sobre la libertad de expresión, cabe esperar un efecto disuasorio parcial. Muchos moderarán el tono o evitarán montajes agresivos por miedo a denuncias, aunque la sátira y la crítica fundamentada sobre asuntos públicos deberían quedar protegidas. La Procuraduría ha fijado una línea de no criminalizar el humor o la crítica legítima, pero los jueces tendrán la última palabra.
Políticamente, debilita la posición moral de quienes se opusieron al Código si luego lo usan selectivamente. Puede alimentar acusaciones de oportunismo y reforzar el argumento de que el Código no es solo “mordaza”, sino también escudo para la reputación personal.
A largo plazo, la jurisprudencia y la política de persecución del Ministerio Público definirán el equilibrio real. Si se aplica de forma restrictiva y prioritariamente contra ataques graves (montajes dañinos, extorsión), consolidará una protección legítima. Si se usa contra crítica ordinaria, reforzará las denuncias de restricción indebida.
El anuncio ilustra la tensión estructural del nuevo Código: protege el honor, la imagen y el buen nombre —bienes jurídicos reales y necesarios en la era digital de montajes y viralización—, pero lo hace con tipos penales amplios que generan temor legítimo de abuso. El Piro, al pasar de opositor frontal a potencial usuario de las mismas normas, demuestra que el Código no es unilateralmente “contra la gente” ni solo “a favor del poder”; también ofrece herramientas a ciudadanos y figuras públicas frente a ataques.
Sin embargo, la credibilidad de la crítica se erosiona cuando el crítico se convierte en demandante potencial. El verdadero test no será el anuncio, sino cómo se apliquen los artículos en los primeros casos concretos: si se respetan las excepciones de interés público y la aclaración sobre sátira, o si se convierten en instrumento de silenciamiento selectivo. Mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie y la jurisprudencia no se asiente, el riesgo de sobreaplicación (y de autocensura) permanece, al igual que la posibilidad de que figuras como El Piro usen el Código exactamente para lo que él mismo criticó cuando lo veía dirigido contra otros.