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El presidente de ACD Media califica de “inconstitucional” la resolución que restringe la difusión de sondeos electorales y anuncia que continuará publicándolos, reavivando el debate sobre libertad de prensa y regulación electoral de cara a 2028.
Santo Domingo, 12 de julio de 2026 – En un acto de abierta confrontación institucional, Dany Alcántara, presidente del Grupo ACD Media —que incluye canales de televisión, emisoras de radio y operaciones de encuestas—, ha desafiado públicamente una resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas de opinión electoral fuera de los periodos oficiales de precampaña y campaña para las elecciones de 2028.
La resolución de la JCE, emitida alrededor del 23 de mayo de 2026, establece la prohibición de difundir este tipo de sondeos hasta el inicio de la precampaña en julio de 2027. El objetivo, según el organismo, es evitar la campaña electoral prematura, garantizar la equidad entre los actores políticos y preservar el rigor técnico de los estudios. Quienes incumplan enfrentan posibles sanciones que van desde suspensiones hasta la cancelación de su acreditación como encuestadores.
Sin embargo, Alcántara considera que la medida representa un “exceso inconstitucional” que viola la libertad de expresión y de información. Apoyándose en la Constitución dominicana, la Ley 6132 sobre libertad de expresión y las normativas electorales, solicitó formalmente su salida del registro de encuestadores acreditados por la JCE. Pese a las advertencias, el grupo publicó a principios de junio de 2026 la edición número 29 de su encuesta y anunció que mantendrá la línea de desafío con nuevas entregas, incluida una prevista para alrededor de julio.
Tensión entre prensa libre y regulación electoral
Este caso pone de manifiesto la permanente fricción en República Dominicana entre la libertad de prensa y las regulaciones electorales. Alcántara defiende que las encuestas constituyen información esencial para el público y forman parte del ejercicio periodístico, no solo de propaganda electoral. Críticos de la JCE argumentan que la resolución excede los límites legales, ya que la Ley 20-23 solo restringe la publicación de encuestas en los ocho días previos a los comicios.
La acción de ACD Media establece un precedente de rebeldía institucional. Al optar por la publicación abierta y buscar operar fuera del registro oficial, Alcántara podría inspirar a otros medios y encuestadores, aunque también expone al grupo a posibles consecuencias legales y financieras.
El panorama mediático se polariza aún más. Encuestas de ACD Media y Gallup reflejan un panorama fragmentado: el Partido Revolucionario Moderno (PRM) lidera, pero sin dominio absoluto, con un significativo porcentaje de votantes independientes (alrededor del 23%). La difusión de estos datos genera acusaciones mutuas de manipulación entre medios oficialistas y opositores.
Repercusiones en el tablero político
La controversia erosiona la percepción de imparcialidad de la JCE como árbitro electoral. Mientras algunos defienden la medida como protección contra “encuestas propaganda” que moldean percepciones tempranas, otros —incluidos sectores de la oposición como el PLD— la ven como un instrumento que favorece al incumbente al silenciar tendencias desfavorables.
La pugna acelera el posicionamiento de cara a 2028. Figuras como David Collado (PRM) y líderes opositores ganan visibilidad en medio del ruido. Para la opinión pública, la continuidad de las encuestas mantiene informada a la ciudadanía, pero también alimenta un periodismo de “carrera de caballos” que prioriza tendencias sobre propuestas de política pública.
Posibles desenlaces
Desde el punto de vista legal, se anticipan sanciones contra ACD Media, posibles demandas ante el Tribunal Constitucional y un eventual examen más amplio de los poderes de la JCE. En el corto plazo, el caso genera mayor cobertura mediática y debate público, al tiempo que podría impulsar llamados a una legislación más clara sobre encuestas y libertad de expresión.
A largo plazo, un manejo deficiente del conflicto podría debilitar la credibilidad del organismo electoral y sembrar dudas sobre el proceso de 2028. Por el contrario, una aplicación rígida de la norma podría enfriar el ejercicio independiente del periodismo y la opinión pública.
Para Alcántara y ACD Media, el episodio eleva su perfil como defensores de la libertad de expresión, aunque implica riesgos operativos y posibles reajustes de alianzas.
Un dilema democrático
Este episodio resume la clásica tensión democrática entre la necesidad de regular las elecciones para garantizar equidad y la imperiosa salvaguarda del flujo de información y la libertad de prensa. En el contexto dominicano, caracterizado por una política multipartidista competitiva y una tradición de instituciones fuertes, la ampliación administrativa de la JCE enfrenta cuestionamientos de legitimidad cuando parece limitar el acceso del público a datos más allá de lo expresamente prohibido por ley.
La “rebelión” de Alcántara intensifica el escrutinio sobre los equilibrios de poder entre organismos electorales, medios y ciudadanos en la antesala de 2028. Una salida constructiva pasaría por una aclaración legislativa, revisión judicial o reconsideración por parte de la JCE que alinee las reglas con los estándares constitucionales.
En última instancia, una ciudadanía informada depende de encuestas transparentes y debate abierto. Suprimir información genera sospechas de control; permitirla sin límites exige responsabilidad periodística en el rigor metodológico. La forma en que se resuelva este caso dirá mucho sobre la fortaleza de las normas democráticas dominicanas para equilibrar orden y libertad