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SANTO DOMINGO – En un momento de creciente presión social por la seguridad ciudadana, la advertencia es clara y contundente: combatir la delincuencia nunca debe traducirse en la vulneración del marco legal ni de los derechos humanos. Así lo establece Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo, quien analiza el impacto y los límites institucionales que deben regir la persecución criminal en la República Dominicana tras los recientes pronunciamientos del Ejecutivo.
El impacto de la retórica oficial en las instituciones
Las recientes directrices del presidente Luis Abinader, orientadas a perseguir activamente a los prófugos de la justicia, reflejan la profunda indignación del mandatario ante un dato alarmante: cerca del 80% de quienes cometen homicidios acumulan múltiples órdenes de arresto pendientes. Sin embargo, este llamado no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como un cheque en blanco para pasar por alto la Constitución, las leyes locales o los tratados internacionales vigentes.
La consigna presidencial de “o se entrega, o se busca” expone una cruda realidad sobre la ineficacia acumulada en los órganos de persecución del delito. A pesar de esto, las expresiones políticas no sustituyen el debido proceso legal que ampara a cada ciudadano dentro de un sistema democrático.
Consecuencias inmediatas para los agentes del orden y la justicia
La postura institucional fija consecuencias directas y estrictas para los actores del sistema judicial y de seguridad nacional:
- Uso proporcional de la fuerza: La Policía Nacional mantiene la misión ineludible de garantizar la seguridad, pero el uso de la fuerza letal está estrictamente limitado. La misión principal es el arresto y la entrega de los sospechosos al Ministerio Público, recordando que en la República Dominicana no existe la pena de muerte.
- Garantías en los tribunales: Corresponde exclusivamente a los jueces determinar la culpabilidad o inocencia mediante un juicio justo, evitando que la presión mediática o política reemplace la rigurosidad de las pruebas.
- Transformación del sistema carcelario: El Estado está obligado por ley a garantizar la regeneración y la reinserción social de los condenados una vez cumplan sus penas, un desafío mayúsculo para el actual sistema penitenciario.
Conclusiones: El desafío de un Estado democrático
La principal conclusión que se desprende de este análisis es que la efectividad en la captura de los delincuentes no puede medirse a costa del desmantelamiento de las garantías constitucionales. En un verdadero Estado social y democrático de derecho, el Gobierno es el primer responsable de salvaguardar la vida y la dignidad de las personas. La seguridad pública y el respeto absoluto a los derechos humanos no son objetivos opuestos, sino las dos caras de una misma moneda institucional.