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SANTO DOMINGO ESTE – Los escalofriantes detalles detrás del violento asalto a la residencia del reconocido merenguero dominicano Gilberto Julián Sarante Perdomo, popularmente conocido como Julián Oro Duro, han tomado un giro drástico. Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que el sangriento ataque, que cobró la vida de la esposa del artista, no fue un robo fortuito, sino una operación criminal meticulosamente planificada con un mes de anticipación.
La tragedia, que ha consternado a la sociedad y al sector artístico, ocurrió en la vivienda de la familia ubicada en el sector Brisa Oriental VI. Lo que inicialmente se reportó como un asalto domiciliario ocultaba una trama de saña y traición, donde personas del entorno técnico de confianza de las víctimas actuaron como los cerebros de la operación.
Impacto y rechazo social ante la traición
La comunidad dominicana ha reaccionado con profunda alarma al confirmarse que entre los organizadores del crimen se encontraban trabajadores independientes —un electricista y técnico de refrigeración— que conocían la rutina del hogar. La saña del suceso quedó evidenciada cuando se reportó que la esposa del cantante, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, llegó a prepararles alimentos a los agresores antes de ser sometida, torturada y golpeada mortalmente con un macetero.
El impacto emocional ha dejado al merenguero en un estado de extrema vulnerabilidad. Allegados a la familia y su defensa legal han expresado su preocupación por su salud mental, anticipando que el artista contempla el desarraigo y el abandono definitivo de su residencia debido a la carga traumática del suceso.
Consecuencias jurídicas y contundencia policial
El Ministerio Público ha catalogado el expediente como un caso complejo y ha solicitado formalmente 18 meses de prisión preventiva contra los cuatro imputados detenidos: Phillips Michael Tejada Vásquez, Lawrence Mark Liranzo Marcos, Kevin Dariel Germán Troncoso y Juan Carlos Hernández García.
Este caso se perfila como uno de los primeros en estrenar la severidad de la recién aprobada Ley 74-25 del nuevo Código Penal dominicano. Debido a la concurrencia de delitos de extrema gravedad —asesinato premeditado, tortura, tentativa de homicidio contra el merenguero y robo agravado— los acusados podrían enfrentarse a una acumulación de penas de hasta 60 años de prisión.
Por su parte, la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional logró asestar un golpe contundente al recuperar gran parte del botín sustraído. Mediante allanamientos rápidos en el Gran Santo Domingo, los agentes incautaron US$33,690 dólares y RD$196,500 pesos en efectivo que los delincuentes habían enterrado dentro de una maceta, además de joyas de lujo, relojes Rolex y la motocicleta utilizada para el traslado de los asaltantes.
Conclusiones de una investigación científica
Las autoridades han concluido de forma pericial que el plan original de la banda criminal incluía taxativamente la eliminación física de los testigos presentes para asegurar la impunidad del robo, estimado originalmente en unos US$50,000 en efectivo.
La contundente respuesta del Estado y del Poder Ejecutivo, que instó a una persecución implacable en las calles, forzó la entrega de los prófugos en tiempo récord. El caso de Julián Oro Duro marca un precedente judicial definitivo en la República Dominicana, enviando un mensaje de tolerancia cero frente al crimen organizado y los delitos de alevosía en zonas residenciales.