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La principal fuerza de oposición en República Dominicana mantiene una ofensiva sostenida contra la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader en materia de criminalidad. Desde 2023, y con mayor intensidad en 2025-2026, el partido Fuerza del Pueblo (FP), liderado por el expresidente Leonel Fernández, sostiene que el país carece de una estrategia coherente y medible contra la delincuencia.
La secretaria de Seguridad Ciudadana de FP, Josefina Reynoso, y el propio Fernández han reiterado que las autoridades se limitan a relanzar programas similares sin evaluación pública de resultados. Entre las iniciativas señaladas figuran Mi País Seguro, De Vuelta al Barrio, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Operación Garantía de Paz (y su versión 2.0) y la posterior “Intervención Integral”. Según la oposición, se han gastado más de RD$300 millones en asesores y consultores sin rendición de cuentas clara, mientras la reforma policial muestra avances limitados.
FP cuestiona especialmente el balance de la reforma de la Policía Nacional. Señala que el crecimiento neto de agentes apenas alcanzó unos 2.509 efectivos (de aproximadamente 36.094 en 2020 a 38.603 en 2026, sin contar conscriptos), lejos de los 20.000 prometidos. Critica también la escasa profesionalización, la formación insuficiente y la falta de enfoque comunitario.
Uno de los puntos más controvertidos es el de las cifras de homicidios. Mientras las autoridades oficiales reportan tasas que oscilan entre 8,15 y 8,7 por cada 100.000 habitantes (con validaciones en torno a 8,7 para 2025 y promedios acumulados de 6,9-7,4 en 2026), FP sostiene que los números reales se ubican entre 11 y 12,71, con cerca de 1.392 homicidios solo en 2025. Acusa de “maquillaje” estadístico y señala la inactividad del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Para la oposición, el problema no se reduce a los homicidios: el crimen organizado, el microtráfico, los delitos tecnológicos y la inseguridad cotidiana (robos y asaltos) permanecen insuficientemente atendidos.
Fernández ha llegado a afirmar que la criminalidad mantiene a los ciudadanos como “rehenes” que temen salir de noche. La organización exige profesionalización policial con énfasis en derechos humanos y manejo de crisis, reducción de muertes en supuestos intercambios de disparos, prevención, inteligencia, uso de big data e inteligencia artificial, y planes nacionales verificables con rendición de cuentas. Invoca como referencia las experiencias de los gobiernos de Fernández, como el Plan de Seguridad Democrática y Barrio Seguro.
Impacto político y respuestas oficiales
Las críticas de FP han mantenido la seguridad como tema de alta visibilidad electoral. Contribuyen a la percepción pública de inseguridad cotidiana, incluso cuando las cifras de homicidios muestran mejoras, y han servido de plataforma para atraer desertores y posicionar al partido de cara a futuros comicios. El gobierno ha respondido defendiendo la transparencia de los datos, la unificación de protocolos entre Policía, Medicina Forense y Ministerio Público, y los reportes semanales de la Fuerza de Tarea Conjunta. Rechaza las acusaciones de maquillaje y destaca operativos, decomisos y acciones preventivas.
Las autoridades reportan una reducción sostenida de la tasa de homicidios desde niveles de 12-13 por 100.000 habitantes en 2022-2023 hasta las cifras actuales, con la mayoría de los territorios en un dígito. También señalan descensos en otros delitos de alto impacto. No obstante, reconocen que la inseguridad percibida y los desafíos del crimen organizado persisten.
La tensión de fondo
El enfrentamiento ilustra una tensión clásica: las mejoras en el indicador más duro (homicidios) versus la experiencia cotidiana de la ciudadanía y las debilidades institucionales. FP apuesta a denunciar fallas de implementación, dudas metodológicas y exceso de militarización de la labor policial ordinaria, algo que considera contrario a los límites constitucionales. El oficialismo destaca resultados cuantitativos y responde que las tasas actuales son significativamente inferiores a las de décadas anteriores.
Hasta ahora, las críticas no han provocado cambios de rumbo estructurales documentados, pero sí han intensificado el escrutinio sobre el gasto, los contratos de consultoría y los indicadores de reforma. El debate sobre metodología de datos, verificación independiente y capacidad real de la policía ordinaria continúa abierto. La sostenibilidad de cualquier avance, coinciden analistas de ambos lados, dependerá menos de nuevos anuncios y más de evaluación seria, transparencia y fortalecimiento de las instituciones policiales más allá de las operaciones conjuntas excepcionales.