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La central termoeléctrica Punta Catalina, la mayor planta de generación a carbón de propiedad estatal de República Dominicana, se ha convertido en un pilar del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Ubicada en el distrito municipal de Catalina, en Baní, provincia Peravia, cuenta con dos unidades que suman entre 720 y 752 megavatios de capacidad. Entró en operación parcial en 2019 y fue inaugurada oficialmente en julio de 2020.

Desde entonces, funciona como generadora de base y ha aportado de forma constante una porción significativa de la electricidad del país. En 2021 y 2022 inyectó entre 4.800 y 5.150 GWh, cerca del 29 % de la energía servida por el SENI. La producción creció a 5.321 GWh en 2023 —año en que lideró la generación térmica— y a 5.412 GWh en 2024. En 2025 se reportaron cifras cercanas a los 5.000-5.640 GWh netos, equivalentes a alrededor del 27 % del sistema, incluso en un contexto de expansión de las renovables, que ya superan los 2.000 MW instalados.
Sus factores de planta se encuentran entre los más altos del país: una de las unidades alcanzó el 96 % en 2024 y ambas operaron entre el 83 % y el 88 % en 2025. Las interrupciones han respondido, en su mayoría, a mantenimientos programados exigidos por el fabricante. Sin ella, advierten análisis técnicos y políticos, el déficit podría superar los 700 MW y traducirse en apagones prolongados. Su operación ha contribuido a estabilizar el suministro, reducir la dependencia de generación privada más costosa en el mercado spot y ampliar la cobertura de servicio las 24 horas.
El costo de construcción original se estimó en 1.945 millones de dólares. Las cifras finales de obra rondan los 2.340-2.450 millones, con un sobrecosto cercano al 20 %. Auditorías de la Cámara de Cuentas que abarcan el período 2013-2021 elevan el desembolso total del Estado hasta cerca de 3.280 millones de dólares. Entre 2023 y 2025 la planta aportó unos 562,9 millones de dólares en amortización de deuda, dividendos e impuestos, equivalentes a cerca del 24 % de la inversión principal. En los años más favorables, los beneficios directos anuales se sitúan entre 250 y 288 millones de dólares, a los que se suman ahorros estimados de más de 200 millones por la venta de energía a menor costo a las distribuidoras. Algunas proyecciones sitúan la contribución económica total (beneficios más ahorros) por encima de los 550 millones de dólares anuales, alrededor del 0,4-0,5 % del PIB..
Su carácter de base rígida también puede desplazar energía renovable intermitente más barata cuando esta está disponible. En el plano de la construcción, el proyecto aparece ligado al caso Odebrecht, con reportes de sobornos y auditorías que han señalado pagos no documentados, irregularidades contractuales y falta de procesos competitivos en algunos tramos.
Punta Catalina es hoy un activo estratégico que aporta entre el 25 % y el 30 % de la generación, estabiliza la red y genera retornos fiscales relevantes tras los sobrecostos iniciales. Al mismo tiempo, representa una inversión de alto carbono, intensiva en capital, con externalidades ambientales y sanitarias no plenamente internalizadas, y un proceso de construcción marcado por sobrecostos y alegaciones de corrupción. En un escenario de creciente penetración renovable y de nuevas plantas a gas, su rol a largo plazo sigue siendo objeto de debate: para unos, un recurso indispensable; para otros, un activo contaminante y costoso que retrasa la transición hacia una matriz más limpia y flexible.