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Pasay City, 13 de mayo de 2026 – Una tensa jornada en el Complejo del Senado de Filipinas se convirtió este miércoles en un incidente de alto voltaje, con disparos de advertencia, personal atrincherado y un nuevo lockdown que paralizó las operaciones legislativas. El suceso elevó a niveles críticos el enfrentamiento político y legal en torno a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el senador Ronald “Bato” dela Rosa.
Según reportes de testigos y autoridades del Senado, fuerzas de seguridad del recinto dispararon múltiples ráfagas de advertencia —al menos cinco detonaciones— para repeler a presuntos agentes del Buró Nacional de Investigaciones (NBI) que intentaban irrumpir en el perímetro. No se reportaron heridos, pero el pánico se apoderó del lugar: luces apagadas, instrucciones de “active shooter protocol” y llamados a resguardarse bajo escritorios y en oficinas.
El incidente ocurrió horas después de que el propio dela Rosa, a través de una publicación en Facebook, convocara a sus seguidores a movilizarse y bloquear cualquier intento de entregarlo a la CPI. Imágenes difundidas mostraron militares uniformados de fatiga y armados con rifles de asalto ingresando al área, intensificando la sensación de caos.
El origen inmediato del conflicto se remonta al lunes 11 de mayo, cuando agentes del NBI persiguieron al senador dentro del edificio del Senado. El presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, colocó entonces a dela Rosa bajo “custodia protectora” de la cámara alta.
Contexto: La sombra de la “guerra contra las drogas”
La orden de arresto de la CPI contra dela Rosa —emitida bajo sello en noviembre de 2025 y ahora desclasificada— lo acusa de crímenes de lesa humanidad por su rol como principal ejecutor de la controvertida campaña antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte. El propio Duterte fue detenido en 2025 y enfrenta juicio en La Haya.
Filipinas se retiró de la CPI en 2019 y rechaza su jurisdicción, argumentando soberanía nacional. Cualquier arresto requeriría procesos locales y, probablemente, intervención de Interpol, algo que los aliados de Duterte en el Senado rechazan tajantemente.
Reacciones y consecuencias inmediatas
El NBI negó haber desplegado agentes para ejecutar una detención o haber disparado, lo que generó versiones encontradas y llamados a una investigación independiente. Fuera del Senado se registraron protestas tanto a favor como en contra de dela Rosa, con reportes de vehículos atacados.
Varios senadores de oposición instaron a dela Rosa a entregarse a las autoridades, mientras que otros respaldaron la custodia protectora, invocando la soberanía filipina y la tradición de inmunidad legislativa. La vicepresidenta Sara Duterte calificó el intento de arresto como “equivocado”.
El Senado citó en desacato a los supuestos agentes del NBI por el incidente del lunes.
Un país polarizado
El episodio profundiza la brecha entre los aliados de Duterte —que mantienen fuerte influencia en el Senado— y sectores que exigen rendición de cuentas por las miles de muertes extrajudiciales atribuidas a la guerra antidrogas.
Analistas señalan que el incidente pone a prueba la capacidad del gobierno de Ferdinand Marcos Jr. para manejar el legado Duterte sin desatar una crisis mayor. También resalta la tensión entre el poder legislativo y las autoridades ejecutivas y judiciales.
A largo plazo, el desenlace dependerá de si se emite una orden de arresto doméstica contra dela Rosa, de las decisiones de la Corte Suprema sobre recursos pendientes y de la reacción pública ante este dramático capítulo.
Por ahora, el Senado mantiene su postura de protección, convirtiéndose en un escudo temporal para el senador. Sin embargo, el uso de armas de fuego dentro del recinto legislativo ha elevado la ansiedad nacional y movilizado aún más las bases dutertistas, en un ambiente político ya de por sí altamente cargado. La situación sigue siendo fluida.