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Santo Domingo, 21 de abril de 2026 – Un video difundido este martes por ZOL FM ha sacudido la opinión pública dominicana al exponer el caso de Luis Inchausti Rivera, exdirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El octogenario, de 83 años, fue arrestado hace apenas tres o cuatro días mientras se encontraba hospitalizado por graves problemas de salud, en medio de un proceso judicial por incumplimiento de manutención de su hija menor, fruto de una relación tardía.
Según el material audiovisual, Inchausti fue condenado en ausencia a dos años de prisión por una deuda acumulada que ronda entre 1.8 y 2 millones de pesos dominicanos. La detención se produjo en una clínica, donde el exfuncionario presentaba movilidad reducida, posibles síntomas de demencia senil y otras condiciones propias de la edad avanzada. Tras el arresto, fue trasladado en silla de ruedas hasta el tribunal y posteriormente ingresado en una comisaría.
El abogado de la defensa, Valentín Medrano, y familiares del imputado denunciaron que Inchausti nunca fue notificado correctamente del proceso judicial. Aseguraron que existen documentos que acreditan pagos parciales, incluyendo parte de su pensión como exdiputado, y criticaron que las autoridades no hayan considerado su precaria situación económica ni su estado de salud. “El sistema desprotege a los adultos mayores”, afirmó el programa de ZOL FM, que ya acumula más de 4.000 vistas en pocas horas.
Polarización en redes y debate nacional
El caso ha generado una inmediata ola de reacciones en redes sociales y medios locales. Mientras un sector de la opinión pública ve en Inchausti a una víctima vulnerable del sistema judicial.
Los comentarios en YouTube reflejan esta división: hay quienes exigen “humanizar la justicia para los ancianos” y otros que cuestionan si el rigor actual responde a la ausencia de “padrinos políticos” tras su salida del primer plano partidario.
Fallas estructurales y tensiones entre derechos
Más allá del drama personal, el caso pone en evidencia fallas estructurales en los tribunales de familia y en la ejecución de sentencias. Se cuestiona la ausencia de protocolos específicos para personas de la tercera edad con discapacidad: no hubo evaluación médica previa, notificaciones accesibles ni alternativas inmediatas a la prisión, como el arresto domiciliario.
El caso enfrenta dos derechos igualmente legítimos: la protección irrenunciable de la menor (hija de Inchausti, concebida cuando él tenía alrededor de 69 años) y la dignidad y proporcionalidad en el trato a un adulto mayor en situación de vulnerabilidad. Familiares aseguran que el exdirigente ha entregado parte de su pensión mensual —alrededor de 50 mil de los 150 mil pesos que recibe— pero el cálculo de la deuda y la falta de notificación habrían impedido una defensa oportuna.
Riesgos para la salud y posibles repercusiones
Para Inchausti, el arresto representa un riesgo directo para su salud. Su abogado anunció que apelarán la sentencia y solicitarán de inmediato el arresto domiciliario. Sin embargo, el proceso ya genera costos económicos, estrés y un previsible deterioro físico y psicológico.
Para la menor y su madre (Karina Botello), el caso mantiene la presión por el cumplimiento de la manutención, pero también expone posibles fallos en el procedimiento judicial.
Desde el punto de vista institucional, el expediente podría revisarse. Una apelación exitosa sentaría precedente para casos similares de adultos mayores; de lo contrario, reforzaría la rigidez actual en la protección de menores.
Un espejo de la desprotección a los ancianos
En conclusión, el drama de Luis Inchausti no es solo la historia de un exfuncionario de 83 años enfrentando la cárcel. Es un espejo de fallas sistémicas que desprotegen a los adultos mayores en República Dominicana: rigidez procesal, falta de sensibilidad humanitaria y ausencia de mecanismos adaptados al envejecimiento poblacional.
El video de ZOL FM cumple un rol clave al visibilizarlo. Ahora queda por ver si el caso genera reformas concretas —protocolos especiales en tribunales de familia, notificaciones accesibles, planes de pago flexibles y mayor celeridad en apelaciones— o si se diluye en un debate temporal.
La justicia debe ser firme en la protección de los menores, pero también proporcional y humana con los más vulnerables. El equilibrio entre ambos derechos es la verdadera prueba que enfrenta hoy el sistema judicial dominicano.
