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La ministra de Interior y Policía niega que la víctima pidiera auxilio en un destacamento pese a videos que muestran lo contrario y genera llamados a su renuncia al criticar la “sociedad del espectáculo”
Santo Domingo, 21 de abril de 2026.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó las tendencias nacionales en República Dominicana durante las últimas 24 horas tras las fuertes críticas provocadas por sus declaraciones sobre el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, un chofer de camión de basura de 40 años conocido también como David o Delvis Carlos Abreu Quezada. El caso, que ya había generado consternación por el violento linchamiento a manos de una turba de motoconchistas, tomó un nuevo giro cuando Raful defendió la ausencia de sanciones policiales y llamó a una “reflexión colectiva” sobre la violencia y la indiferencia social.
El trágico incidente ocurrió la tarde del 17 de abril en Santiago. Según las investigaciones preliminares, Abreu Quezada se vio involucrado en un choque menor con una motocicleta. Una turba de motoconchistas lo persiguió por varias calles de la ciudad y lo acuchilló en el muslo, supuestamente por Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años. El chofer falleció desangrado. Videos que circulan ampliamente en redes muestran al hombre pasando o deteniéndose cerca de un destacamento policial y el Palacio de Justicia mientras pedía ayuda, mientras transeúntes grababan la escena en lugar de intervenir. Abreu Quezada deja cinco hijos huérfanos.
En su primera reacción el 19 de abril a través de la red social X, la ministra afirmó que “el crimen contra David Carlos Abreu, provocado por una turba de antisociales que lo persiguieron para matarlo, no quedará impune” y aseguró que los involucrados habían sido identificados y detenidos. Sin embargo, en conferencias de prensa y reuniones de seguridad celebradas entre el 20 y el 21 de abril, Raful endureció su postura: declaró que no existen sanciones disciplinarias contra los agentes porque “no hay registro” ni evidencia de que Abreu Quezada se hubiera detenido a solicitar auxilio en el destacamento policial, sino que solo “pasó por” el lugar.
Además, la funcionaria llamó a una amplia reflexión social: criticó la “sociedad del espectáculo” que filma tragedias en vez de ayudar, la “cultura del desorden” representada por motoconchistas que rechazan las leyes y agreden a las autoridades, y la violencia de turba desatada por incidentes menores. “Esto no puede seguir permitiéndose”, enfatizó, y señaló que la solución requiere el esfuerzo conjunto de medios, políticos, academia y ciudadanía, no solo de las autoridades.
Estas declaraciones desataron una ola inmediata de indignación. En redes sociales se multiplicaron los hashtags “#FARIDE RENUNCIA” y mensajes que acusan a la ministra de mentir, insensibilidad e intento de encubrir fallas institucionales. Periodistas como José Martínez Brito y diversos líderes de opinión cuestionaron públicamente la versión oficial frente a los videos que contradicen el relato de que no hubo solicitud de ayuda. El foco de la indignación nacional, inicialmente centrado en el linchamiento y la recurrente violencia de motoconchistas —un problema ligado a más del 75 % de los incidentes de tránsito y delitos en algunas estadísticas—, se desplazó hacia la aparente defensiva de las autoridades y la percepción de que se minimizaba la responsabilidad policial.
La Policía Nacional informó que identificó al principal sospechoso y detuvo a ocho motoconchistas involucrados. El Ministerio Público solicita prisión preventiva y mantiene la búsqueda de al menos un fugitivo. Hasta el momento, no se han anunciado sanciones contra los agentes que estuvieron cerca de la escena.
El caso ha reavivado el debate sobre problemas estructurales: la apatía de los transeúntes (“cultura del espectáculo”), el descontrol de las motocicletas en las calles y la rapidez de respuesta policial en zonas visibles como los alrededores del Palacio de Justicia. Mientras el Gobierno, a través de fuerzas de tarea impulsadas por el presidente Luis Abinader, rechaza la “justicia por mano propia” y defiende sus planes de seguridad, el episodio amenaza con erosionar la confianza ciudadana si no se maneja con mayor transparencia.
Analistas coinciden en que, aunque las reflexiones de Raful sobre la violencia y la responsabilidad colectiva tienen validez a largo plazo, su momento y enfoque —justo cuando la población exigía cuentas inmediatas por el linchamiento y la supuesta inacción policial— convirtieron un crimen atroz en un punto de quiebre político. A pocas horas de este 21 de abril, el tema sigue dominando los medios y plataformas digitales, manteniendo la presión sobre el Ministerio de Interior y Policía y reabriendo preguntas sobre reformas en protocolos de respuesta rápida, regulación de motoconchistas y comunicación oficial en crisis.
