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La democracia no ha salido absuelta del juicio, mientras se cuentan los votos en Honduras

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El 30 de noviembre de 2025, Honduras celebró elecciones generales para elegir un nuevo presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y miles de concejales municipales.

La votación se produjo en medio de una extrema polarización, acusaciones mutuas de fraude por parte de todos los partidos principales y un intenso escrutinio internacional.

Las elecciones se enfrentaron en una contienda a tres bandas: Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), de izquierdas (exministro de Hacienda y Defensa de la presidenta Xiomara Castro); Nasry “Tito” Asfura, del conservador Partido Nacional (exalcalde de Tegucigalpa); y Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal (exvicepresidente que renunció al gobierno de Castro).

Las encuestas mostraron una contienda reñida, con Moncada a la cabeza en algunas encuestas, pero empatado en otras, y se estimó una participación electoral de entre el 60% y el 65%, a pesar del temor a disturbios.

Se esperaban los resultados preliminares la noche de las elecciones, pero hasta la noche del 30 de noviembre no se había declarado un ganador oficial, debido a retrasos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a irregularidades reportadas.

Las elecciones se desarrollaron bajo un estado de emergencia parcial (vigente desde 2022 para combatir la violencia de pandillas), lo cual, según advirtieron grupos de derechos humanos, podría reducir la participación en las zonas afectadas.

Las principales preocupaciones de los votantes incluían el estancamiento económico, la pobreza (que afecta al 63% de la población), la corrupción, la creación de empleo y los servicios públicos, según encuestas recientes de AS/COA y el Banco Mundial.

El gobierno de Castro (2022-2026) ha sido reconocido por un crecimiento económico moderado (3,5% proyectado para 2025), la reducción de las tasas de homicidios (a mínimos históricos) y el aumento del gasto social, pero ha sido criticado por las debilidades institucionales, el alto nivel de deuda y la persistente desigualdad.

Las elecciones ya han transformado profundamente el panorama político hondureño, amplificando las divisiones y tensionando las instituciones

Durante la campaña electoral se produjeron seis asesinatos por motivos políticos, la mayoría dirigidos contra candidatos de Libre, incluyendo un niño de 5 años que recibió un disparo durante una manifestación en noviembre.

Filtraciones de audio a finales de octubre implicaron a figuras de la oposición (incluido un representante del CNE) en complots para manipular los resultados preliminares a través del sistema TREP, lo que llevó a Castro a denunciar un “golpe electoral”.

Los líderes de la oposición, a su vez, acusaron a Libre de utilizar recursos estatales para manipular las votaciones. Esto ha erosionado la confianza pública, ya que solo entre el 30% y el 40% de los hondureños confía en el proceso electoral, según encuestas de CID Gallup.

Interferencia de EE. UU. y tensiones geopolíticas. El respaldo público del presidente Donald Trump a Asfura, presentando la contienda como una batalla contra los “narcocomunistas” aliados de Nicolás Maduro, ha generado una condena generalizada como una intromisión manifiesta.

Trump vinculó la ayuda estadounidense (Honduras recibe unos 500 millones de dólares anuales) a la victoria de Asfura y anunció un indulto condicional para el expresidente encarcelado Juan Orlando Hernández (condenado en 2024 por traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos), vinculándolo explícitamente con el éxito de Asfura.

Esto ha exacerbado el sentimiento antiestadounidense entre los partidarios de Libre y ha generado temores de sanciones o recortes de la ayuda, lo que podría exacerbar la migración (Honduras envió a unos 200.000 migrantes al norte en 2025).

Observadores internacionales de la OEA, la UE y Transparencia Internacional señalaron “amenazas creíbles” a la integridad electoral, y las delegaciones del Congreso estadounidense (en su mayoría republicanas) presentes en el país amplificaron la narrativa de

Las protestas preelectorales en Tegucigalpa y San Pedro Sula (que congregaron a miles de personas contra las políticas “socialistas” de Castro) perturbaron el comercio, mientras que la fuga de capitales se aceleró debido al temor al fraude. lLa inversión extranjera directa se redujo un 15 % en el cuarto trimestre de 2025.

Las remesas (25 % del PIB, superando los 10 000 millones de dólares en 2025) se mantuvieron estables, pero podrían disminuir si persiste la inestabilidad, según datos del Banco Central.

Las elecciones también pusieron de relieve la vulnerabilidad climática, con las recientes inundaciones que desplazaron a 50 000 personas y pusieron de manifiesto la insuficiencia de las infraestructuras.

Estos impactos han creado un “clima de profunda desconfianza”, como se describe en el resumen electoral de Wikipedia, con candidatos como Moncada prometiendo no aceptar los resultados si se demuestra el fraude.

A largo plazo, un resultado controvertido corre el riesgo de que Honduras refleje la deriva autoritaria de Nicaragua o el aislamiento de Venezuela, según el análisis de WOLA, lo que socavaría la transición democrática de 2021.

Las elecciones hondureñas de 2025 ponen de relieve una democracia frágil que se debate entre la continuidad y la ruptura.

Si bien el mandato de Castro generó avances tangibles —recuperación económica tras la COVID-19 y los huracanes, prudencia fiscal elogiada por el FMI y reducción de homicidios—, estos se han visto eclipsados ​​por la parálisis institucional y las presiones externas.

La intervención de Trump, más flagrante que la intromisión anterior de Estados Unidos (por ejemplo, el apoyo al golpe de Estado de 2009), expone cómo las potencias extranjeras pueden explotar las divisiones locales para obtener dominio hemisférico, potencialmente a costa de la soberanía hondureña.

En última instancia, la legitimidad de las elecciones depende de la transparencia de los resultados del TREP y de la verificación de la OEA y la UE.

Una transferencia pacífica el 27 de enero de 2026 afirmaría la resiliencia contra el fraude y la interferencia, pero un fracaso podría provocar una espiral “catastrófica” de malestar y aislamiento, como el propio Trump advirtió (irónicamente).

Para los hondureños, los verdaderos ganadores serán quienes prioricen las reformas anticorrupción, el crecimiento basado en el empleo y la gobernanza inclusiva por encima de los extremos ideológicos.

Como señaló un usuario de X: “La democracia está en juicio”, y su veredicto determinará la estabilidad de Centroamérica durante años. Los actores internacionales deben priorizar la observación sobre la orquestación para salvaguardar el proceso.

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