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El apagón generalizado que afectó a toda la República Dominicana el martes 11 de noviembre de 2025, a partir de las 13:20 horas locales, se originó en una avería técnica en el sistema de transmisión eléctrica, específicamente en una subestación de San Pedro de Macorís.
Según la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), esta falla provocó una desconexión en cascada de plantas generadoras clave, como las de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), la Central Eléctrica Quisqueya y AES Andrés, lo que llevó a un “blackout” total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
El Comité de Fallas del SENI, bajo la Superintendencia de Electricidad (SIE), inició una investigación exhaustiva, pero las autoridades estiman que determinar las causas exactas (posible falla en una barra o manipulación manual de equipos) tomará tiempo indeterminado, dependiendo de la complejidad técnica.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, descartó inicialmente especulaciones como sabotaje o sobrecarga intencional, enfatizando que el foco inmediato fue la recuperación progresiva del servicio, que alcanzó el 42.5% de la demanda (1.442 MW) para las 20:30 horas del mismo día y se normalizó al 96% al día siguiente. Sin embargo, la falta de detalles preliminares ha generado
Opiniones de Autoridades del Sector Eléctrico
Las entidades oficiales han emitido comunicados enfocados en la respuesta operativa y la investigación, pero con un tono de disculpa y compromiso por la estabilidad futura:

El sector privado, como la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), advierte sobre la necesidad de planificación a largo plazo (5-20 años) para redes débiles y pérdidas por ineficiencias.
La oposición ha sido vocal, atribuyendo el incidente a negligencia gubernamental, mientras que sectores sociales y ciudadanos expresan frustración en redes y protestas. Algunos rumores en X (como sabotaje opositor o venta de energía a Puerto Rico) circulan sin evidencia

El apagón duró entre 4 horas y hasta la medianoche en algunas zonas, paralizando el país y exacerbando vulnerabilidades crónicas del SENI, que ha sufrido blackouts recurrentes desde 1988 (e.g., 10 en 2004, 5 en 2005, 2 en 2009, 1 en 2015). No se reportaron víctimas fatales ni daños físicos graves, pero las repercusiones fueron inmediatas y multifacéticas:
Pérdidas millonarias en comercios, industrias y servicios (hogares y PYMES sin generadores sufrieron más); interrupción en telecomunicaciones y banca; impacto en exportaciones y productividad.
Caos vial por semáforos apagados; evacuaciones en Metro (Líneas 1 y 2) y Teleférico, afectando miles; interrupción de agua potable y recreación improvisada en calles por calor.
: Hospitales recurrieron a generadores; riesgo en operaciones críticas; escuelas y comercios cerrados temporalmente.
Exposición de debilidades en integración de renovables (inestabilidades en plantas solares); dependencia de térmicas y hidroeléctricas para reconexión.
Protestas espontáneas el 12 de noviembre reflejaron descontento social, con llamados a accountability.
El incidente subraya la fragilidad estructural del SENI, pese a avances en generación ( Punta Catalina), y resalta la necesidad de reformas urgentes para prevenir repeticiones, que podrían escalar a crisis mayores en un contexto de cambio climático y demanda creciente.
Las autoridades concluyen que una “revisión completa y rigurosa” es clave para lecciones aprendidas, priorizando estabilidad de frecuencia y rutas alternas.
La oposición y expertos coinciden en demandas de transparencia, sanciones y planificación a largo plazo, incluyendo inversión en infraestructura, capacitación técnica y transición a renovables con respaldo.
En resumen, mientras el gobierno enfatiza resiliencia operativa, la sociedad percibe negligencia sistémica. Un informe final del Comité de Fallas, esperado en semanas, podría catalizar cambios, pero la polarización política podría dilatar respuestas efectivas.

