Tras la dimisión de Sébastien Lecornu de su cargo de primer ministro anunciada el lunes, el presidente Emmanuel Macron podría verse tentado a utilizar el artículo 16 de la Constitución para otorgarse “plenos poderes” antes de la votación del presupuesto 2026 que se avecina en las próximas semanas.
Un escenario improbable, pero posible gracias a la Constitución. Pocas horas después de formar gobierno este domingo por la noche, el primer ministro Sébastien Lecornu presentó su dimisión a Emmanuel Macron este lunes por la mañana, la cual fue aceptada por el presidente de la República.
Ante esta inestabilidad política y la falta de mayoría del gobierno en la Asamblea, el Jefe de Estado podría verse tentado a recurrir al artículo 16 de la Constitución para tomarse plenos poderes.
Si así fuera, sería la primera vez desde 1961. El general De Gaulle había utilizado este artículo para hacer frente al golpe de Estado de los generales y llevar adelante el proceso de independencia argelina.
¿Es posible implementar el artículo 16?
Sin embargo, el recurso al artículo 16 parece poco probable porque actualmente no cumpliría ninguno de los dos criterios establecidos por la Constitución para su aplicación.
Para permitir su utilización, el Presidente de la República debe justificar “una interrupción del funcionamiento regular de los poderes públicos” y “una amenaza insurreccional grave e inmediata, susceptible de poner en tela de juicio la integridad del territorio, la independencia de la nación o la ejecución de los compromisos internacionales franceses”.
Además de esta doble justificación previa a la aplicación del artículo 16 de la Constitución, el Jefe de Estado debe “consultar oficialmente al Primer Ministro, a los Presidentes de las Asambleas y al Consejo Constitucional “.
Cumplidas todas estas condiciones, “el Presidente de la República deberá informar a la Nación mediante un mensaje la implementación de los poderes excepcionales”.
La separación de poderes en tela de juicio
«El Presidente de la República adopta todas las medidas que las circunstancias exijan, cuando corresponda, sin tener en cuenta el principio de separación de poderes. Así pues, puede adoptar medidas que normalmente son competencia del Parlamento o ejercer la potestad reglamentaria sin solicitar la firma del Primer Ministro ni de los ministros», especifica el Consejo Constitucional.
Sin embargo, este último debe ser consultado sobre cada medida adoptada por el Presidente de la República. Además, el Jefe de Estado también tiene ciertas limitaciones en su ámbito de acción: no puede disolver la Asamblea Nacional, prohibir las reuniones del Parlamento ni iniciar una revisión de la Constitución.
Una solución temporal
Desde 2008, el artículo 16 establece que el Consejo Constitucional es el único que decide sobre la duración de estos plenos poderes. La duración de este artículo puede variar.
Transcurridos treinta días, el Presidente del Senado, el Presidente de la Asamblea Nacional y sesenta diputados o senadores podrán convocar a los Sabios para examinar si se cumplen las condiciones para la aplicación del Artículo 16. De lo contrario, transcurridos sesenta días, el Consejo Constitucional podrá decidir si las condiciones persisten
