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Las elecciones generales en Bolivia del 17 de agosto de 2025 se llevan a cabo en un contexto de profunda crisis económica, fragmentación política y alta indecisión electoral, lo que marcó significativamente su desarrollo y tendrá implicaciones importantes para el futuro del país.
Las elecciones se desarrollan en medio de una crisis económica severa, caracterizada por una inflación acumulada del 17% en 2025, escasez de dólares, devaluación del boliviano en el mercado paralelo (el dólar paralelo triplica el tipo oficial de Bs6,96) y falta de combustible, con largas colas para abastecerse.
Esta situación generó un desencanto generalizado entre la población, con un 27,9% de votantes indecisos según encuestas previas, lo que refleja una falta de confianza en las propuestas de los candidatos para resolver problemas inmediatos como la inflación y el abastecimiento energético.
La fragmentación del Movimiento al Socialismo (MAS), que dominó la política boliviana durante casi dos décadas, marcó un punto de inflexión. La división interna entre el sector de Luis Arce (oficialismo) y Evo Morales (evismo) debilitó significativamente a la izquierda.
Morales, inhabilitado para postularse por mandato constitucional, promovió el voto nulo, lo que influyó en un alto porcentaje de votos blancos y nulos (hasta un 32% según encuestas).
La oposición, liderada por candidatos de centro-derecha como Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre), capitalizó el descontento social, liderando las encuestas con un 18,7% y 18,1% respectivamente, lo que sugiere un probable giro hacia políticas neoliberales.
Con cerca de 7,9 millones de electores habilitados, la participación fue masiva, impulsada por la esperanza de un cambio ante la crisis. Sin embargo, la alta indecisión y el voto nulo promovido por Morales generaron un ambiente de incertidumbre sobre los resultados finales.
La presencia de observadores internacionales de la OEA y la Unión Europea buscó garantizar la transparencia, aunque las amenazas de violencia previas de sectores afines a Morales y otros movimientos sociales generaron tensiones en el proceso.
Las encuestas indican que ningún candidato alcanzará el 51% o el 40% con 10 puntos de ventaja necesarios para ganar en primera vuelta, lo que hace probable una segunda vuelta el 19 de octubre de 2025 entre Doria Medina y Quiroga o Rodrigo Paz Pereira. Esto sería un hito inédito desde la Constitución de 2009.
La fragmentación de la izquierda y el fortalecimiento de la oposición sugieren un cambio de rumbo político, con un probable retorno a políticas neoliberales, como ajustes fiscales y apertura comercial, promovidas por los candidatos favoritos.
Los resultados electorales influirán directamente en los mercados, especialmente en los precios del litio, gas natural y cobre, sectores clave para Bolivia. La incertidumbre política podría generar volatilidad en estos mercados, mientras que un gobierno de derecha podría buscar atraer inversión extranjera, pero enfrentará desafíos para implementar ajustes impopulares como la reducción de subsidios al combustible.
La crisis económica, con un déficit fiscal del 14% del PIB y un endeudamiento del 80% del PIB, limitará las opciones del próximo gobierno, que deberá abordar la escasez de divisas y la inflación sin desatar mayores protestas sociales.
Reconfiguración del poder legislativo:La elección de 36 senadores y 130 diputados redefinirá la Asamblea Legislativa Plurinacional, con una probable mayoría opositora, según proyecciones que otorgan 55 de 60 escaños plurinominales a partidos de derecha. Esto podría facilitar la aprobación de reformas económicas, pero también generar tensiones con sectores sociales y campesinos que exigen continuidad de políticas progresistas.
:La exclusión de Evo Morales y la campaña por el voto nulo podrían traducirse en protestas postelectorales, especialmente si el sector cocalero y otros movimientos sociales consideran que los resultados no reflejan la voluntad popular. Las amenazas de “convulsión social” emitidas durante la inscripción de candidaturas reflejan este riesgo.
La fragmentación del MAS y la falta de un liderazgo unificado en la izquierda podrían agravar la polarización, dificultando la gobernabilidad del próximo presidente.
Las elecciones de 2025 marcan un punto de inflexión en Bolivia, con el probable fin de la hegemonía del MAS tras 20 años en el poder. La fragmentación interna y el desgaste por la crisis económica han debilitado su base, abriendo espacio a un retorno de la derecha.
El próximo gobierno enfrentará una economía en crisis, con problemas estructurales como la dependencia de importaciones (80% de los productos industriales), la caída en la producción de gas y la inseguridad alimentaria señalada por la ONU. Resolver estas cuestiones requerirá más de un quinquenio, como señalan expertos.
Aunque el proceso electoral contó con observación internacional y el compromiso de Luis Arce de garantizar una transición pacífica, la legitimidad del nuevo gobierno dependerá de su capacidad para gestionar la crisis y evitar movilizaciones sociales. La alta indecisión electoral y el voto nulo reflejan una desconfianza generalizada en el sistema político.
Las elecciones representan una oportunidad para reorientar el rumbo de Bolivia, pero el nuevo liderazgo deberá equilibrar medidas económicas impopulares con las demandas de sectores vulnerables. La falta de conexión con los jóvenes (55% del padrón electoral es menor de 40 años) y las zonas rurales podría complicar la gobernabilidad.
Las elecciones del 17 de agosto de 2025 en Bolivia reflejan un momento crítico, donde la crisis económica, la fragmentación política y la alta indecisión electoral han configurado un proceso complejo. Los resultados definirán si el país logra superar la crisis o si enfrenta cinco años más de inestabilidad, con un impacto significativo en la economía, la política y la cohesión social.
