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Los apagones en la República Dominicana durante esta semana han generado un impacto significativo en diversos sectores de la sociedad, exacerbado por las altas temperaturas y la alta demanda energética.
Los cortes eléctricos han afectado a múltiples regiones, incluyendo el Gran Santo Domingo, las 14 provincias del Cibao Central, el Suroeste (Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia) y Puerto Plata, entre otras. Se reportan interrupciones de hasta 10-14 horas diarias en algunos sectores, superando las 4 horas máximas anunciadas por las autoridades.
En el Distrito Nacional, sectores como Las Praderas, El Millón, Los Restauradores, San Gerónimo y Los Prados han experimentado apagones debido a sobrecargas y fallas técnicas.
La salida de la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que aporta 360 MW, ha contribuido a una reducción en el suministro, cubriendo solo el 90% de la demanda en algunos momentos.
Los apagones han desencadenado protestas en varias provincias, con quema de neumáticos y manifestaciones en lugares como San José de Ocoa, Puerto Plata, y sectores de Santo Domingo Este (Los Tres Brazos, Los Mameyes, Villa Duarte).
En Monseñor Nouel, el senador Héctor Acosta acompañó a la población en protestas, que fueron suspendidas tras promesas de las autoridades de abordar el problema.
En el Suroeste, los residentes han amenazado con acciones de protesta si los cortes persisten, responsabilizando al gobierno por posibles consecuencias violentas.
La alta demanda, que alcanzó un pico histórico de más de 4,000 MW esta semana (superando el récord de 3,726 MW de agosto 2024), ha sobrecargado el sistema eléctrico, especialmente en las noches debido al calor extremo.
Subestaciones obsoletas, algunas de la década de 1970, no están preparadas para manejar esta demanda, lo que agrava las interrupciones.
Los apagones han generado pérdidas significativas en el sector comercio, especialmente para pequeños negocios como salones de belleza, colmados, bares y restaurantes, que enfrentan el riesgo de quiebra debido a la interrupción de sus actividades.
El aumento en los costos operativos, causado por el uso de plantas eléctricas (que generan ruido y contaminación), y los daños a electrodomésticos por la inestabilidad del suministro eléctrico, han afectado la calidad de vida y los ingresos de los ciudadanos
La población ha expresado indignación por los cortes prolongados, el aumento en las facturas eléctricas y la percepción de un servicio deficiente. En sectores como Sosúa, los residentes denuncian pagar facturas elevadas por un servicio de mala calidad.
La combinación de apagones, calor extremo y escasez de agua potable en algunos sectores (como El Pensador en Villa Duarte) ha intensificado la desesperación.
A pesar de las promesas del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, de garantizar el suministro a los sectores con alta cobranza, los cortes han afectado incluso a quienes pagan por adelantado o tienen servicios prepagos, lo que ha generado críticas por la injusticia de castigar a los cumplidores.
La salida de varias plantas generadoras, incluyendo Punta Catalina II, y la indisponibilidad total o parcial de 64 de las 84 plantas generadoras del país (34 completamente fuera de servicio y 30 con capacidad reducida) han agravado la crisis.
Las interrupciones también han sido atribuidas a la entrada y salida de generadoras fotovoltaicas, lo que ha causado inestabilidad en el sistema.
La crisis actual refleja problemas estructurales, como la obsolescencia de la infraestructura, el hurto de energía y las pérdidas técnicas y no técnicas, que superan el 50% en muchos circuitos.
Aunque el gobierno asegura que no hay déficit de generación, la incapacidad de las distribuidoras (Edenorte, Edesur, Edeeste) para manejar la alta demanda y las fallas técnicas evidencia la necesidad de una reforma integral.
Las medidas anunciadas por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), como los cortes programados de 2-4 horas para reducir pérdidas, no han sido efectivas, ya que los apagones han superado ampliamente este límite, generando desconfianza y protestas.
La suspensión de los apagones programados en febrero 2025, tras cinco semanas de malestar, indica que estas medidas no son sostenibles a largo plazo.
El CUED y el gobierno han anunciado planes de modernización, incluyendo la instalación de 550 mil medidores de última generación en 2024 y una cantidad similar en 2025, así como proyectos de electrificación por 650 millones de dólares. Sin embargo, estas iniciativas aún no han tenido un impacto tangible.
La implementación del Pacto Eléctrico y una licitación para la operación privada de las distribuidoras podrían ser pasos hacia una mayor eficiencia, pero requieren ejecución efectiva y transparencia.
Es crucial que el gobierno aborde las conexiones ilegales, modernice las subestaciones y priorice a los usuarios que cumplen con sus pagos para evitar el descontento social y las pérdidas económicas.
La población y el sector privado, como sugieren líderes de ANJE y ADIE, deben unirse para exigir soluciones sostenibles y presionar por la ejecución del Pacto Eléctrico.
Los apagones en la República Dominicana durante esta semana han agravado una crisis energética persistente, afectando la economía, la calidad de vida y la confianza en las autoridades. Aunque se están tomando medidas, como la modernización de la infraestructura y la lucha contra el hurto, la solución requiere un enfoque integral que combine inversión, eficiencia y transparencia para garantizar un suministro eléctrico estable y equitativo.
