Natricia Duncan , Anthony Lugg en Kingston y agencias
Decenas de miles de personas deportadas de países del Caribe, mientras República Dominicana se compromete a repatriar a 10.000 personas por semana
Los activistas han pedido a los gobiernos del Caribe que detengan la deportación masiva de haitianos que huyen de la creciente violencia de pandillas que ha cobrado miles de vidas y desplazado a cientos de miles de personas.
El mes pasado, decenas de miles de personas fueron deportadas a Haití , incluidas 61.000 de la vecina República Dominicana, cuyo presidente prometió recientemente deportar a 10.000 migrantes por semana.
En octubre, Estados Unidos deportó a 258 haitianos, mientras que Turcas y Caicos, Jamaica y las Bahamas deportaron un total combinado de 231, según Sam Guillaume, portavoz del Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados de Haití.
Los activistas y las organizaciones de derechos humanos en el Caribe dicen que están preocupados por las medidas de deportación “draconianas” y argumentan que los refugiados que sean devueltos a Haití simplemente se unirán a las 700.000 personas que se estima que quedaron sin hogar por el continuo conflicto.
“Muchos de ellos no pueden regresar a casa porque su barrio está controlado por pandillas”, dijo Guillaume.
Las personas detenidas para ser deportadas en la República Dominicana se ven obligadas a vivir en cárceles abarrotadas, sin agua, sin comida y sin camas, y a veces son gaseados cuando protestan por el trato que reciben, dijo Guillaume.
“La gente está siendo tratada como criminales”, dijo.
Las acusaciones fueron negadas por Julio Caraballo, portavoz de la oficina de migración de República Dominicana, quien dijo que las deportaciones se llevaron a cabo con “respeto a la integridad física de los detenidos, con respeto a los derechos humanos y con dignidad”, agregando que se proporcionó alimentación y atención médica a los detenidos.
En Jamaica , la abogada internacional de derechos humanos Malene Alleyne, que apoya a los solicitantes de asilo haitianos, también expresó su preocupación por el procesamiento de los casos de refugiados.
Alleyne dijo que los refugiados le habían contado sus temores de ser devueltos a una “zona de guerra”.
“Jamaica ha adoptado un enfoque draconiano que se basa en la expulsión colectiva sin evaluar de manera individualizada sus necesidades de protección y su riesgo de persecución al regresar a Haití, y por eso tenemos niños y mujeres que tendrían necesidades de protección y que son enviados de regreso sin el debido proceso y sin la oportunidad de hablar con un abogado”, dijo.
El ministro de seguridad nacional de Jamaica, Horace Chang, dijo que las autoridades de inmigración estaban siguiendo las leyes del país.
“No es una postura del gobierno, es la ley del país. Si vienes aquí ilegalmente y no te desembarcan, te devuelven a tu país. La ley del país me dice que si las autoridades de inmigración encuentran una razón para no desembarcarlos porque están aquí ilegalmente, los envían de regreso a su país. Lo hacen con los estadounidenses, los colombianos, los azerbaiyanos (porque hemos tenido uno) y lo hacemos con los cubanos. Hemos enviado a casa a 17 cubanos”, dijo.
Alleyne pidió un enfoque regional para abordar el éxodo masivo de personas desde Haití, que se espera que aumente en medio de un incremento de la violencia a pesar de la llegada de una misión policial internacional liderada por Kenia a principios de este año.
A medida que las pandillas aumentan su control de Puerto Príncipe y del principal aeropuerto del país, las escenas de familias desesperadas haciendo las maletas para buscar refugio son cada vez más comunes en el asediado condado.
La organización de derechos humanos de Alleyne, Freedom Imaginaries, está haciendo campaña para que el organismo intergubernamental caribeño, Caricom, establezca un marco para abordar los casos de asilo y refugio en línea con los principios de asistencia humanitaria.
Ella dijo: “Necesitamos un procedimiento de asilo que nos permita evaluar adecuadamente a las personas para que las personas con reclamos legítimos no sean expulsadas colectivamente con otras, y un enfoque de múltiples partes interesadas que reúna a las agencias gubernamentales, la sociedad civil, la comunidad internacional y, lo que es más importante, Caricom porque esto no es algo que pueda ser resuelto por un actor actuando solo, tiene que ser un enfoque integral basado en los derechos de la región”.
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