El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, dice que “estamos considerando activamente” suspender el debido proceso para los migrantes.
“El privilegio del recurso de hábeas corpus puede suspenderse en caso de invasión. Por lo tanto, diría que es una medida que estamos considerando activamente”, declaró Miller a la prensa a las afueras de la Casa Blanca.
Por Dareh Gregorian
El principal asesor de Trump, Stephen Miller, dijo a los periodistas el viernes que la administración está “buscando” formas de poner fin a las protecciones del debido proceso para los inmigrantes no autorizados que se encuentran en el país.
“La Constitución es clara, y esa, por supuesto, es la ley suprema del país, al establecer que el privilegio del recurso de hábeas corpus puede suspenderse en caso de invasión. Así que diría que es una medida que estamos considerando activamente”, dijo Miller en la entrada de la Casa Blanca.
“Mucho depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”, dijo Miller.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración sobre si se refería a un grupo específico de personas que ingresaron al país ilegalmente o a todas las que lo han hecho. Tampoco comentó a qué se refería con que los tribunales hicieron “lo correcto”.
En sus declaraciones, Miller sostuvo que los tribunales no tienen jurisdicción en casos de inmigración. “Los tribunales no solo están en guerra con el poder ejecutivo; también están en guerra, estos jueces radicales y deshonestos, con el poder legislativo. Así que todo esto influirá en las decisiones que finalmente tome el presidente”, dijo.
El presidente Donald Trump ha expresado reiteradamente su frustración por las protecciones constitucionales del debido proceso que ralentizan sus esfuerzos de deportaciones masivas.
“Me eligieron para sacarlos de aquí, y los tribunales me impiden hacerlo”, dijo en una entrevista con Kristen Welker que se transmitió el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC News.
Welker señaló que la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que “ninguna persona” será “privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal” y que la Corte Suprema ha reconocido desde hace mucho tiempo que los no ciudadanos tienen ciertos derechos básicos, pero Trump se quejó de que esas protecciones toman demasiado tiempo.
“No lo sé. Parece… podría decir eso, pero si se trata de eso, entonces tendríamos que tener un millón, dos millones o tres millones de juicios”, dijo, y agregó que algunas de las personas que el gobierno quiere deportar son “asesinos” y “narcotraficantes”.
Welker luego preguntó si era necesario respetar la Constitución.
“No lo sé”, respondió Trump. “Tengo que responder diciendo, repito, que tengo abogados brillantes que trabajan para mí y que obviamente van a seguir lo que dictamine la Corte Suprema”.
Una cláusula de la Constitución dice que las protecciones del debido proceso pueden suspenderse durante una invasión: “El privilegio del recurso de hábeas corpus no se suspenderá, a menos que en casos de rebelión o invasión la seguridad pública lo requiera”.
Trump afirmó que Estados Unidos estaba siendo invadido en marzo, cuando invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, rara vez utilizada, para enviar a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a una prisión en El Salvador.
La proclamación decía que la pandilla “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. Tres jueces federales en diferentes estados han determinado que las actividades delictivas de la pandilla no constituyen una invasión.
La Corte Suprema no se ha pronunciado sobre el asunto de la invasión, pero en un fallo del mes pasado dictaminó que las personas que el gobierno quería deportar tienen derecho al debido proceso . «Los detenidos bajo la Ley de Expulsión de Aduanas (AEA) deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a expulsión en virtud de la Ley. Esta notificación debe proporcionarse en un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el hábeas corpus en la jurisdicción competente antes de que se produzca dicha expulsión», estipula la orden .
En un ensayo para el Centro Nacional de la Constitución, el abogado Neal Katyal y la entonces jueza —y ahora magistrada de la Corte Suprema— Amy Coney Barrett escribieron: «Una suspensión es temporal, pero el poder que confiere es extraordinario. Cuando una suspensión está en vigor, el presidente, generalmente actuando a través de subordinados, puede encarcelar a personas indefinidamente sin ningún control judicial».
El recurso de hábeas corpus, según dicho ensayo, se ha suspendido en cuatro ocasiones anteriores, incluso en todo el país durante la Guerra Civil. La última vez fue en Hawái tras el ataque a Pearl Harbor.
