Santo Domingo, 10 de julio de 2026 – Santiago Matías, conocido popularmente como Alofoke, uno de los influencers y empresarios mediáticos más influyentes de República Dominicana, admitió que las protestas y confrontaciones agresivas por sí solas no serán suficientes para lograr cambios profundos en los artículos más polémicos del nuevo Código Penal (Ley 74-25), conocida como la Ley Mordaza.
En declaraciones recientes, el comunicador señaló que tanto la Cámara de Diputados como el Senado comenzarán a trabajar en modificaciones “puntuales” a las disposiciones más controvertidas de la normativa, que entrará en vigencia alrededor de agosto de 2026.
Críticas al Código Penal y libertad de expresión
El nuevo Código Penal representa una modernización del obsoleto código de 1884. Incluye actualizaciones para delitos digitales, endurecimiento de penas por crímenes graves y mayores protecciones al honor, la imagen y los funcionarios públicos. Sin embargo, artículos relacionados con la difamación (alrededor del 208), injuria (aprox. 210), ultraje a funcionarios públicos (aprox. 310) y violaciones al derecho de imagen (aprox. 192) han generado fuerte rechazo.
Críticos como Alofoke argumentan que estas disposiciones son excesivamente amplias y podrían criminalizar la crítica pública, la difusión de videos de actuaciones policiales o actos de corrupción —incluso cuando sean veraces o de interés público—, con penas que podrían alcanzar entre 5 y 10 años de prisión más multas elevadas.
“Esto genera un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión, el periodismo y la vigilancia ciudadana”, ha sostenido el influencer, quien advirtió que la ley podría convertirse en una herramienta para blindar a funcionarios ante denuncias de violencia policial o corrupción.
Giro pragmático de Alofoke
Hasta hace pocos días, Alofoke había mantenido una postura combativa: lanzó ultimátums al presidente Luis Abinader, amenazó con protestas nacionales e internacionales —incluyendo a la diáspora— y visibilizó casos concretos que podrían verse restringidos bajo la nueva ley.
Sin embargo, en sus últimas declaraciones (difundidas principalmente en Instagram entre el 7 y 8 de julio), el comunicador adoptó un tono más institucional: reconoció que la confrontación pura no bastaba y celebró que el Congreso asuma el debate para corregir los puntos más problemáticos.
Presión ciudadana da resultados
La fuerte crítica de Alofoke, sumada a cacerolazos, acciones de la sociedad civil y recursos de inconstitucionalidad, parece haber surtido efecto. La Cámara de Diputados, presidida por Alfredo Pacheco, anunció que recibirá de inmediato propuestas para modificaciones puntuales, con posible trabajo bicameral e incluso la posibilidad de retrasar la entrada en vigor de las disposiciones más cuestionadas.
Este episodio evidencia el creciente poder de las voces digitales independientes para influir en la agenda política y legislativa del país.
Implicaciones y próximos pasos
Para analistas, el caso refuerza la tensión entre la necesidad de actualizar la legislación ante los desafíos del mundo digital y la protección constitucional de la libertad de expresión (Artículo 49 de la Constitución).
Alofoke, quien ha sido blanco frecuente de demandas por difamación, consolida su imagen como defensor de la libertad de prensa, aunque su activismo también lo expone a mayores riesgos legales.
El desenlace dependerá de la calidad de las enmiendas que se discutan: se espera que incluyan una mejor definición de términos vagos, excepciones por interés público (exceptio veritatis) y un mayor énfasis en vías civiles antes que penales.
Por ahora, la situación sigue en desarrollo. Lo que comenzó como una confrontación abierta ha derivado en un diálogo institucional que, según Alofoke y sectores de la sociedad civil, representa un paso necesario para evitar que la modernización del Código Penal se convierta en un retroceso para las libertades democráticas en República Dominicana.