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SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, criticó duramente el reciente manejo de la Ley de Residuos Sólidos y llamó al Gobierno a priorizar la eficiencia del gasto, la reducción del déficit y un mayor diálogo con el sector productivo, durante su participación en el programa Síntesis con Michael Hazim, transmitido en las primeras semanas de julio de 2026 por Revista 110 y El Nuevo Diario TV.
En una entrevista que ya genera eco en medios como Telenoticias y espacios de Roberto Cavada, Marranzini reconoció el esfuerzo del Gobierno por enfrentar las presiones fiscales derivadas de la crisis global —afectada por conflictos que impactan los precios del petróleo y los fertilizantes—, pero insistió en que las medidas tributarias recientes representan solo “un parche temporal” y no una reforma estructural.
“El sector privado ha contribuido, como lo hizo en la pandemia, pero el Gobierno debe hacer su parte: cortar gastos no esenciales, mejorar la focalización de subsidios —especialmente en electricidad— y avanzar en la reducción del déficit”, afirmó el líder empresarial.
Críticas centrales a la Ley de Residuos Sólidos
El punto más álgido de la intervención fue la modificación aprobada en el Congreso a la Ley de Residuos Sólidos, normativa que data de aproximadamente 2019 y que busca cerrar vertederos a cielo abierto, impulsar el reciclaje y la valorización de desechos.
Marranzini fue tajante: “Esta ley ha sido manejada muy mal”. Denunció la falta de consulta adecuada al sector privado, la celeridad del proceso legislativo y los fuertes incrementos en las tasas —que en algunos casos se multiplicaron casi por 8 o 9 veces—, lo que genera una carga adicional para las empresas cumplidoras.
Además, expresó preocupación por el riesgo de que los recursos del fideicomiso se desvíen o se mezclen con ingresos municipales, debilitando la transparencia y la gobernanza del mecanismo. “En lugar de fortalecer los ingresos del fideicomiso, la transparencia y la verdadera valorización de los residuos, se está desvirtuando el objetivo original de la ley”, señaló.
Posición del sector privado
El dirigente empresarial subrayó que el CONEP representa los intereses nacionales y que el éxito de las empresas se traduce directamente en empleo y crecimiento económico. Destacó la disposición del sector privado a colaborar —como en el caso de los subsidios a fertilizantes—, pero reclamó reciprocidad en eficiencia y diálogo constructivo.
Marranzini abogó por políticas que promuevan la formalidad, faciliten a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y sienten las bases para una reforma tributaria integral, idealmente a través del Consejo Nacional de Desarrollo.
Impacto y reacciones
La intervención de Marranzini ha intensificado el debate público sobre la gestión ambiental, las finanzas públicas y las relaciones entre el Gobierno y el empresariado. Analistas consideran que el pronunciamiento refuerza la narrativa de una “deuda cultural” en temas como el pago de servicios básicos y la necesidad de sacrificios compartidos ante las crisis externas.
Desde el punto de vista económico y ambiental, las advertencias apuntan a posibles retrasos en la transición de vertederos a rellenos sanitarios controlados y en la construcción de cadenas de reciclaje, así como riesgos para la confianza de los inversionistas si persiste la percepción de cambios abruptos sin consenso.
Hasta el momento, no se han anunciado ajustes inmediatos a la ley, pero voces del sector empresarial y algunos legisladores ya llaman a revisar aspectos de gobernanza y transparencia del fideicomiso para evitar que la norma termine “empezando mal y terminando mal”, como advirtió el presidente del CONEP.
La entrevista, de aproximadamente 45 minutos, refleja el rol habitual del CONEP: una voz pragmática que combina apoyo responsable en momentos de crisis con firmeza en la defensa de procesos ordenados, transparencia y políticas orientadas a resultados que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad del país.