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Santo Domingo, 21 de junio de 2026 – Un cuarto de siglo después de su creación, Edesur Dominicana, S.A. sigue siendo el reflejo más palpable de los problemas crónicos del sector eléctrico dominicano: avances parciales frente a fallas estructurales profundas que continúan afectando a millones de usuarios en el sur y suroeste del país.
Creada en 1999 en el marco de la reforma del sector eléctrico impulsada por la Ley 141-97, Edesur surgió de la desintegración de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Junto a Edenorte y Edeeste, se convirtió en una de las tres distribuidoras estatales principales, con responsabilidad sobre una amplia zona que incluye Santo Domingo Oeste, San Cristóbal, Azua, Barahona y provincias que llegan hasta la frontera con Haití.
Un sector marcado por la ineficiencia y la corrupción
La historia de Edesur es la de un sector eléctrico que nunca logró superar sus males endémicos: interferencia política, corrupción, pérdidas técnicas y comerciales extremadamente altas (robo de energía mediante conexiones ilegales y morosidad), e inversión insuficiente.
Tras fallidos intentos de privatización a finales de los años 90 y principios de los 2000 —incluyendo la participación de la española Unión Fenosa—, el Estado recompró las acciones en 2003. Desde entonces, los problemas se agravaron. Surgieron los llamados “apagones financieros” por la incapacidad de pagar a los generadores, y para 2004 casi el 50% de la energía generada se perdía o no se cobraba.
Este círculo vicioso —mala calidad del servicio que fomenta más robos y morosidad, mientras los subsidios agotan las finanzas públicas— ha lastrado la economía dominicana durante décadas, elevando costos para empresas, afectando el turismo y la industria, y generando constante malestar social.
Calidad del servicio: mejoras tímidas ante problemas persistentes
A pesar de proyectos de rehabilitación apoyados por el Banco Mundial entre 2011 y 2013, que mejoraron indicadores como el Índice de Disponibilidad Promedio del Servicio (ASAI) en un 22% en zonas intervenidas, los apagones siguen siendo parte de la realidad. Fallas mayores en la red de transmisión a finales de 2025 y comienzos de 2026 recordaron la fragilidad del sistema.
Las pérdidas totales (técnicas y no técnicas) han rondado históricamente entre el 30% y 40%, muy por encima de los promedios regionales. Edesur ha reportado reducciones en sus déficits operativos —como un recorte de US$48 millones mediante mejores compras en el mercado mayorista— y campañas contra el fraude que han permitido recuperar decenas de millones de pesos. Sin embargo, los usuarios continúan reportando facturaciones infladas o erráticas, problemas con medidores, lentitud en la resolución de reclamos y un servicio al cliente deficiente.
Impacto en la población y la economía
Las consecuencias van más allá de la incomodidad. En zonas rurales y de bajos ingresos, la falta de energía confiable afecta la educación, los servicios de salud y el funcionamiento de pequeños negocios. Muchas familias y empresas dependen de costosos generadores diésel, lo que eleva los costos operativos y reduce la competitividad.
El sector turístico y las provincias fronterizas son especialmente vulnerables. Pese al crecimiento macroeconómico que ha registrado la República Dominicana, la debilidad estructural del sector eléctrico sigue siendo uno de sus principales cuellos de botella para el desarrollo.
Avances y desafíos pendientes
En sus más de 25 años, Edesur ha implementado iniciativas de modernización de redes, campañas masivas contra el fraude (más de 241.000 acciones en algunos periodos), programas de sensibilización y certificaciones ISO. Existen planes estratégicos hasta 2028 para reducir pérdidas y mejorar el servicio en más de 85 localidades.
No obstante, con más de un millón de clientes, la empresa enfrenta el reto permanente de llegar a zonas remotas y mantener la confianza de la población, que sigue percibiendo altos costos, interrupciones frecuentes y trámites complicados.
Conclusión: reformas pendientes
Edesur encarna tanto los logros como las limitaciones de la reforma eléctrica dominicana. Aunque ha habido progresos incrementales en reducción de pérdidas y calidad del servicio gracias a inversiones y apoyo internacional, los problemas de gobernanza, riesgos de corrupción, subrecolección e infraestructura obsoleta persisten.
Expertos coinciden en que se necesitan medidas más profundas: mayor despolitización, fortalecimiento de la regulación, inversión masiva en medición inteligente y un ataque frontal a las conexiones ilegales. Sin estas reformas estructurales, el sector eléctrico continuará representando un alto costo económico y social para el país.