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WASHINGTON D.C. — En una medida clave para la reconfiguración de la política energética y ambiental del país, Donald Trump anunció un plan definitivo para desmantelar las regulaciones sobre emisiones de metano implementadas durante la administración de Joe Biden. Según proyecciones defendidas por el sector energético y el equipo del mandatario, la derogación de estas normativas generará un ahorro estimado de 45.000 millones de dólares al reducir drásticamente los costos de cumplimiento normativo para las empresas productoras de petróleo y gas natural.
La decisión ha reabierto un intenso debate nacional sobre el equilibrio entre la independencia energética y la protección del medio ambiente, generando diversas reacciones entre los actores clave:
Alivio económico y reactivación del sector energético
La industria del petróleo y el gas ha recibido la noticia como un salvavidas financiero, especialmente para los pequeños productores.
- Rescate de pozos pequeños: Gremios petroleros argumentaban que las estrictas reglas de la era Biden hacían inviable la operación de miles de pozos de baja producción (“stripper wells”), forzando cierres prematuros.
- Aumento de la producción nacional: Estimaciones oficiales señalan que la flexibilización regulatoria permitirá desbloquear reservas energéticas equivalentes a unos 210 millones de barriles de petróleo, lo que se espera contribuya a estabilizar los precios del combustible para los consumidores.
Alarmas en la comunidad científica y ambiental
Por otro lado, científicos y defensores del medio ambiente advierten que la medida representa un severo retroceso en los compromisos climáticos globales.
- Impacto del metano: Diversas organizaciones recuerdan que el metano es un gas de efecto invernadero extremadamente potente, con una capacidad de atrapar calor a corto plazo decenas de veces superior a la del dióxido de carbono.
- El problema de las fugas invisibles: Científicos ambientales señalan que, aunque los pozos de baja producción aportan menos del 10% del gas natural del país, son responsables de casi el 50% de las fugas de metano de la industria, las cuales ahora quedarán sin supervisión federal obligatoria.
- Fin del programa de superemisores: La reforma elimina el programa de la EPA que permitía a grupos independientes utilizar tecnología satelital para detectar e informar sobre grandes fugas industriales.
Batalla legal en el horizonte
El anuncio no detendrá las normativas en todo el territorio y ya enfrenta una fuerte resistencia legal. Organizaciones ecologistas preparan demandas en los tribunales federales para intentar frenar la desregulación. Mientras tanto, estados como Colorado y Nuevo México mantendrán sus propias leyes locales de control de emisiones, obligando a las empresas a navegar por un panorama legal fragmentado.