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SANTO DOMINGO ESTE — En un hecho que ha conmocionado profundamente a la sociedad dominicana, las investigaciones policiales revelaron un sombrío entramado detrás del asalto y homicidio perpetrado en la residencia del reconocido merenguero Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo. Lo que inicialmente se perfilaba como un robo al azar ha dado un giro radical tras descubrirse que el crimen fue fríamente planificado por una persona del círculo íntimo y de extrema confianza de las víctimas
La traición del “todólogo”
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, identificó como el cerebro de la operación a Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias “Leandro” [El Nacional]. Tejeda Vásquez se desempeñaba desde hacía tiempo como chofer y asistente general (“todólogo”) de la familia, una posición que le permitió conocer detalladamente la rutina, los movimientos financieros y los accesos de la vivienda ubicada en el sector Brisa Oriental
Según el informe oficial brindado por las autoridades, el día del crimen los delincuentes ingresaron a la propiedad bajo engaño, aprovechando la familiaridad de “Leandro”. Demostrando una absoluta frialdad, los atacantes fueron recibidos de buena fe por la esposa del artista, quien incluso les sirvió un jugo antes de ser sometida, amordazada y posteriormente asesinada.
Una emboscada de ocho horas
La reconstrucción de los hechos de la Policía Científica determinó que los cuatro implicados permanecieron en el interior de la vivienda durante más de ocho horas, esperando pacientemente el regreso de Julián Oro Duro para emboscarlo. Tras la llegada del merenguero, el grupo criminal lo golpeó y torturó salvajemente para exigirle la entrega de altas sumas de dinero en efectivo y prendas de valor.
Además de Tejeda Vásquez, las fuerzas del orden capturaron a los otros tres coautores materiales del brutal asalto:
- Juan Carlos Hernández García, alias “Peña”
- Kevin Dariel Germán Troncoso, alias “Yandel”
- Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias “Chiquito”
Durante los operativos de captura, los agentes del DICRIM recuperaron pertenencias personales del artista —como bultos, ropa y llaves de vehículos— así como parte del dinero en pesos y dólares que los ejecutores habían recibido como pago o adelanto por perpetrar el crimen.
Clamor de justicia y máxima pena
El desenlace del caso ha dejado al descubierto el grave peligro de la vulnerabilidad de la seguridad personal frente al entorno doméstico, abriendo un debate nacional sobre la confianza y la delincuencia organizada. El sector artístico y la comunidad de Santo Domingo Este se encuentran de luto y exigen un castigo ejemplar para los imputados.
El Ministerio Público ha adelantado que solicitará la medida de coerción más gravosa consistente en prisión preventiva. Los procesados enfrentan cargos criminales por asociación de malhechores, robo agravado, tortura y barbarie, y homicidio voluntario, tipificaciones que bajo el marco jurídico dominicano podrían acarrear la pena máxima de 30 años de reclusión. El expediente ya se encuentra listo para iniciar su recorrido en los tribunales, donde la sociedad civil espera una condena contundente que envíe un mensaje claro contra la impunidad.