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El 8 de septiembre de 2026, LIV Golf presentó su solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos. El movimiento marca el punto de inflexión definitivo de la liga disidente, después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) retirara el apoyo financiero adicional que había sostenido el proyecto desde su nacimiento.
La liga acumula pérdidas cercanas a los 5.000 millones de dólares (alrededor de 3.000 millones en operaciones estadounidenses y 2.000 millones en el Reino Unido hasta finales de 2025). Según los documentos presentados, sus activos oscilan entre 100 y 500 millones de dólares, frente a pasivos de entre 500 millones y 1.000 millones. El número de acreedores supera el millar. Entre las reclamaciones no prioritarias más relevantes figuran las de jugadores como Jon Rahm (aproximadamente 7,5 millones de dólares), Bryson DeChambeau (5,8 millones) y Dustin Johnson (5,5 millones), además de proveedores y otros acreedores. Antes de la presentación, el efectivo disponible se situaba en torno a los 15 millones de dólares.
Una reestructuración bajo control judicial
El Capítulo 11 permite a LIV seguir operando como deudor en posesión mientras renegocia o rechaza contratos desfavorables, especialmente los multimillonarios acuerdos con jugadores. El PIF aporta cerca de 49,6 millones de dólares en financiación DIP (debtor-in-possession) sujeta a hitos estrictos. El nuevo inversor principal es la firma de capital privado BC Partners, que se espera inyecte hasta 300 millones de dólares en financiación de salida para construir un modelo más austero, conocido como “LIV 2.0”.
El esquema de propiedad propuesto otorga a los jugadores la mayoría (alrededor del 52,5 %), cerca del 45 % a los nuevos inversores liderados por BC Partners y una pequeña participación a la dirección. A cambio de renunciar a parte de sus reclamaciones, los jugadores recibirían contratos enmendados, bonos de firma, participaciones accionarias en los equipos (alrededor del 30 % en conjunto, según algunas informaciones) y la recuperación de ciertos derechos de imagen (NIL).
El plan de reducción de escala contempla un calendario 2027 de unos 10 torneos (frente a los 14 actuales), campos más amplios (hasta 75 jugadores), un corte y más vías de acceso, como clasificatorios de los lunes. La plantilla ya había sufrido recortes importantes mediante despidos.
Efectos en el ecosistema del golf
La suspensión automática detiene la mayoría de las demandas y embargos. El PGA Tour, el DP World Tour y otros circuitos enfrentan la posibilidad de movimientos de jugadores, aunque los riesgos legales (como interferencia ilícita) y las sanciones o prohibiciones vigentes complican cualquier regreso.
Para los jugadores, los contratos plurianuales garantizados pueden ser rechazados por el tribunal. En la práctica se convierten en agentes libres una vez aprobadas las mociones correspondientes, pero sus reclamaciones no prioritarias solo recuperarán una fracción de lo adeudado. La retención de las estrellas —especialmente Rahm— resulta crítica: el acuerdo con BC Partners exige que un número suficiente de jugadores (según umbrales de monto y número de reclamaciones) se comprometa en un plazo de aproximadamente 35 días desde la presentación, con fecha límite a mediados de octubre de 2026. Algunos podrían regresar a los circuitos tradicionales; otros permanecerían atraídos por la potencial revalorización de las acciones.
Los acreedores y proveedores verán suspendidos o retrasados sus pagos y, en la mayoría de los casos, recuperarán solo una parte de lo adeudado. Quienes ya habían demandado por impagos quedan paralizados por la suspensión automática.
La supervivencia de la liga depende de las aprobaciones judiciales, del cumplimiento de los hitos del financiamiento DIP (presentación del plan en unos 30 días y salida prevista para principios de 2027) y de lograr el compromiso de suficientes jugadores. El fracaso podría derivar en liquidación o en un circuito residual mucho más reducido. Los atributos fiscales (pérdidas operativas netas) representan un posible atractivo para los inversores.
El final de una era
LIV Golf 1.0, el disruptor fuertemente subvencionado por capital soberano, ha terminado. La bancarrota constituye un intento controlado de pivotar hacia un modelo sostenible con mayoría de propiedad de los jugadores, en lugar de una liquidación inmediata. El éxito no está garantizado: depende de la adhesión rápida de los jugadores bajo plazos estrictos, de las resoluciones judiciales y de si una liga más pequeña y impulsada por el capital puede atraer aficionados, patrocinadores y derechos mediáticos sin el poderío financiero original.
Si las grandes estrellas se marchan y no se alcanza el umbral de compromiso en 35 días, LIV 2.0 podría colapsar o reducirse drásticamente. Incluso si sale adelante, operará a una fracción de la escala y ambición previas. El episodio ilustra los límites de los proyectos deportivos financiados por fondos soberanos cuando cambian las prioridades políticas o estratégicas, y deja el golf profesional más fragmentado, aunque potencialmente más orientado al mercado. Los próximos días y semanas, con el avance del proceso judicial y de las negociaciones con los jugadores, aclararán el desenlace.