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El manejo que las autoridades han dado al incidente ocurrido en La Romana, vinculado a Edwin Encarnación y Karen Yapoort, ha suscitado un legítimo escrutinio público por aparentes retrasos y limitada transparencia hasta el momento. A esto se suma un grave error procesal: la recolección de casquillos por parte de un periodista.
Según reportes públicos, el supuesto hecho se registró alrededor del 1 de septiembre de 2026 cerca de Casa de Campo y la Autovía del Coral, en La Romana. Se interpuso una querella formal que acusa a Encarnación de participación en un ataque a un vehículo en el que viajaba Kelvin Alexander Martínez Trinidad, asociado a Gabriel “Gaby” Martínez Santana. Tanto Encarnación como Martínez Santana se presentaron posteriormente ante el Ministerio Público de La Romana. Karen Yapoort, por su parte, negó públicamente los rumores de un “tiroteo” que involucrara a su familia y afirmó que todos se encontraban bien. En fechas cercanas se anunció también el proceso de divorcio de la pareja.
Las citaciones y las comparecencias de los principales involucrados ante la Fiscalía constituyen un paso básico e indispensable. Sin embargo, hasta los reportes iniciales, las autoridades no habían divulgado detalles sustanciales sobre la recolección de evidencias, pruebas balísticas, examen del vehículo ni las siguientes etapas procesales. Esa opacidad alimenta el escepticismo, especialmente en un caso de alto perfil que involucra a un exjugador de Grandes Ligas y a una figura mediática.
Críticos han cuestionado si la Fiscalía de La Romana actuó con la urgencia y el rigor necesarios una vez conocida la querella y los indicios físicos (impactos de bala reportados en un vehículo). En asuntos que involucran armas de fuego y alta atención pública, se espera un procesamiento rápido e independiente de la escena y una estricta protección de la cadena de custodia. Cualquier percepción de respuesta lenta o meramente reactiva genera sospechas de que el estatus de los involucrados pudiera influir en el proceso.
Particularmente grave resulta la actuación del periodista Ramón Tolentino al recuperar y exhibir públicamente casquillos. Esta práctica contaminaría potencial evidencia, rompe la cadena de custodia y puede menoscabar el valor forense de las pruebas en un eventual juicio. El procedimiento correcto exige que investigadores capacitados aseguren, documenten y transporten la evidencia física bajo condiciones controladas. Los medios pueden reportar, filmar a distancia y exigir rendición de cuentas, pero no les corresponde manipular posibles pruebas.
Hasta ahora se han dado pasos iniciales —las citaciones y comparecencias—, lo que es preferible a la inacción total. No obstante, la combinación de información pública limitada, el perfil mediático de las partes y la interferencia periodística con evidencia física deja espacio para dudas razonables sobre la exhaustividad e independencia de la investigación. El estándar deseable en cualquier jurisdicción es la preservación profesional y rápida de las pruebas por parte de las autoridades, una comunicación transparente del proceso (sin comprometer la pesquisa) y la aplicación igualitaria de la ley con independencia del estatus de los involucrados.
Si ese estándar se está cumpliendo en este caso aún está por determinarse. El juicio definitivo dependerá del expediente investigativo, de eventuales imputaciones o sobreseimientos y de los resultados forenses, no de ciclos de rumores ni de análisis de programas de opinión.
Los segmentos de consejo sentimental o de “historia de nombres de la calle” que circulan en algunos espacios mediáticos son comentarios culturales ajenos al fondo jurídico del asunto. La pregunta de interés público central sigue siendo si la Fiscalía está tratando la evidencia física y la querella con el rigor que los hechos aparentan requerir.