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SANTO DOMINGO.— El revuelo legal y mediático que rodea el proceso de divorcio entre el ex Grandes Ligas Edwin Encarnación y la comunicadora Karen Yapoort ha escalado a niveles de debate nacional. En una reciente intervención en medios digitales, el reconocido abogado penalista Félix Portes lanzó una contundente crítica al sistema judicial, asegurando que existe una preocupante situación de “poder y dinero” que obstaculiza la ejecución de las acciones legales correspondientes en torno al caso del exatleta.
Las declaraciones del jurista surgen en un contexto de alta tensión, luego de que salieran a la luz acusaciones cruzadas y serios incidentes que precipitaron la ruptura de una de las parejas más mediáticas de la crónica social dominicana.
Un litigio bajo la sombra de la influencia
De acuerdo con Portes, la lentitud o supuesta inacción por parte de las autoridades frente a las denuncias presentadas sugiere un trato preferencial condicionado por el estatus económico y la influencia del ex-pelotero. “Hay una situación de poder y dinero por falta de acciones en el caso de Edwin Encarnación”, denunció de manera categórica, poniendo bajo la lupa la transparencia y la imparcialidad del Ministerio Público.
El caso, que inicialmente se perfilaba como una disolución matrimonial estándar, ha tomado un giro penal complejo debido a los detalles ventilados de manera pública sobre presuntas agresiones. Esto ha generado una ola de indignación y debate en redes sociales, donde la ciudadanía exige que el proceso se maneje con estricto apego a la ley, sin importar el perfil público de los involucrados.
Presión institucional y el impacto en la opinión pública
Analistas jurídicos coinciden en que el pronunciamiento de Portes ejerce una presión directa sobre los organismos judiciales, obligándolos a actuar con mayor celeridad para salvaguardar la confianza en las instituciones. Además, advierten que este conflicto legal no solo definirá la repartición de un patrimonio multimillonario y la custodia de los hijos de la pareja, sino que también representa un desafío reputacional de gran envergadura para la carrera comercial y los acuerdos de patrocinio de ambas figuras.
Con los ojos de la opinión pública fijos en los tribunales, el proceso se encamina a ser uno de los litigios más seguidos del año, abriendo un debate necesario sobre la igualdad ante la ley en la República Dominicana frente a figuras de gran influencia socioeconómica.